Nueva York, 2 sep (EFE).- El Fondo de Compensación para las Víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 ha desembolsado 18.560 millones de dólares en más de 77.000 reclamaciones desde su reapertura en 2011, pero el volumen de solicitudes continúa creciendo a casi 25 casos diarios. La administradora del programa, Allison Turkel, subrayó que la persistencia de nuevas peticiones refleja el impacto sanitario de largo plazo de la exposición a contaminantes tras los ataques.
El programa, conocido como VCF por sus siglas en inglés, ha recibido unas 112.000 reclamaciones desde que el Congreso estadounidense lo reactivó. La diferencia entre las solicitudes recibidas y las compensaciones abonadas responde, entre otros factores, a que los expedientes requieren comprobación de presencia en las zonas afectadas y certificación médica de enfermedades vinculadas con los atentados o con las tareas de respuesta posteriores.
Un número de afectados difícil de delimitar
Turkel indicó durante una conferencia de prensa virtual que el Fondo recibe alrededor de 750 nuevas solicitudes al mes. La responsable, designada por el Departamento de Justicia en 2023, pidió a posibles afectados y a personas que conozcan a quienes estuvieron en las áreas de exposición que contacten con la entidad. El llamamiento se produce cerca del vigésimo quinto aniversario de los atentados, cuando sigue habiendo personas que pueden desconocer su eventual derecho a solicitar una compensación.
Según las estimaciones citadas por el VCF, más de 400.000 personas pudieron haber estado expuestas a toxinas en el área afectada de Nueva York. Ese universo incluye a residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes de la ciudad que permanecieron en la zona en el período contemplado por el programa. También pueden presentar reclamaciones quienes estuvieron en las inmediaciones del Pentágono o en Pensilvania, donde se produjeron otros dos escenarios directamente relacionados con los ataques.
La amplitud de ese posible grupo explica por qué la administración del fondo considera esencial la difusión de información. Turkel señaló que se trabaja en una red informal de “embajadores” para acercar el programa a comunidades y personas que no hayan iniciado sus trámites. El reto no consiste solo en localizar a quienes participaron en labores de rescate, sino también a civiles cuya exposición pudo pasar inadvertida en los primeros años posteriores a la tragedia.
De la emergencia inicial a las enfermedades posteriores
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 causaron la muerte de 2.977 personas de 90 nacionalidades. Cuatro aviones fueron secuestrados de forma coordinada: dos impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro se estrelló en un campo de Pensilvania. En Nueva York murieron 2.753 personas, entre civiles, policías y bomberos; 184 fallecieron en el Pentágono y 40 en el vuelo que cayó en Pensilvania.
La destrucción del complejo del World Trade Center abrió, sin embargo, una segunda dimensión de la emergencia. Durante las labores de rescate, limpieza y recuperación se liberaron polvo, humo y otros contaminantes que afectaron a personal de emergencia y a personas presentes en el entorno. Con el paso de los años, miles comenzaron a desarrollar afecciones asociadas a esa exposición, lo que impulsó la creación de mecanismos específicos de atención sanitaria y compensación.
El fondo original fue creado poco después de los ataques. Antes de cerrar en noviembre de 2004, distribuyó 7.490 millones de dólares entre las familias de 2.880 personas fallecidas y 2.680 personas heridas durante los atentados o las operaciones de rescate. Su cierre obedeció al plazo temporal y al presupuesto limitado fijados en la legislación aprobada en 2001, no a la desaparición de las necesidades médicas o económicas derivadas de la tragedia.
La reapertura amplió la respuesta federal
El VCF volvió a operar en 2011 tras la promulgación de la Ley de Salud y Compensación James Zadroga durante la presidencia de Barack Obama. La norma respondió a la evidencia acumulada sobre enfermedades relacionadas con las toxinas de la denominada Zona Cero y permitió reabrir una vía de compensación para personas que no habían podido acceder al programa inicial o que desarrollaron problemas de salud años después.
La continuidad del mecanismo altera el enfoque de una indemnización asociada únicamente a un hecho inmediato. En este caso, la política pública ha debido adaptarse a daños con manifestaciones tardías y a un colectivo potencialmente amplio. El hecho de que el Fondo siga recibiendo decenas de solicitudes diarias muestra que el impacto de los atentados trasciende el recuento inicial de víctimas mortales y heridos, y se proyecta sobre enfermedades que requieren diagnósticos, documentación y seguimiento prolongados.
Turkel afirmó que el VCF está autorizado para continuar realizando pagos hasta 2090. Ese horizonte pretende ofrecer una respuesta de largo recorrido, aunque la administración debe gestionar solicitudes que pueden corresponder a exposiciones ocurridas hace décadas. La vigencia extendida es especialmente relevante para quienes desarrollan afecciones años después de haber trabajado, vivido o transitado por las áreas afectadas, cuando la relación entre aquella presencia y un diagnóstico posterior puede requerir una acreditación detallada.
Controles para acreditar cada expediente
La administradora explicó que el Fondo aplica varias salvaguardas contra el fraude. Cada reclamación es examinada individualmente por especialistas y el programa utiliza verificaciones de nombres del FBI para comprobar la situación de quienes presentan solicitudes. Además, el solicitante debe acreditar una enfermedad física certificada y vinculada con los atentados del 11 de septiembre, un requisito que, según Turkel, dificulta la presentación de casos fraudulentos.
La revisión individual busca equilibrar dos objetivos que pueden entrar en tensión: facilitar el acceso de personas afectadas y asegurar que los recursos públicos se asignen a reclamaciones justificadas. La existencia de nuevas solicitudes no determina por sí misma que todas culminen en una compensación; cada caso depende de la documentación sobre la presencia en las zonas elegibles, el diagnóstico médico y la relación reconocida entre la afección y la exposición.
Con 18.560 millones de dólares pagados desde 2011, el VCF se ha consolidado como uno de los principales instrumentos federales de reparación vinculados al 11-S. La continuidad de las solicitudes obliga a mantener la capacidad administrativa, sanitaria y de divulgación durante décadas. Para las autoridades, el desafío inmediato es alcanzar a posibles beneficiarios antes de que la falta de información, documentos o seguimiento médico les impida acceder a un programa creado precisamente para reconocer las consecuencias persistentes de los atentados.
