El Fondo Monetario Internacional afirmó que la acumulación de bitcoin de El Salvador desde mayo de 2025 proviene de donaciones privadas documentadas y no de recursos públicos. La precisión busca delimitar el alcance fiscal de una política que durante años fue presentada por el Gobierno de Nayib Bukele como compras estatales diarias.
Cambios bajo supervisión del Fondo
El organismo señaló además que no prevé nuevas acumulaciones fuera de esas donaciones y que la billetera electrónica gubernamental fue transferida operativamente a un operador privado. El Estado conserva una participación minoritaria y la custodia de activos de clientes. Estas medidas reducen la exposición directa del sector público a un activo volátil y responden a las exigencias de gobernanza del acuerdo financiero.
La aclaración contrasta con anuncios previos del Ejecutivo, incluidas compras reportadas de bitcoin y una operación de 1.000 unidades por 100 millones de dólares en noviembre de 2025. Las reservas superan los 7.764 bitcoin, valorados en más de 627 millones de dólares, aunque el FMI no validó que su incremento reciente haya sido financiado por el erario.
El Fondo alcanzó un acuerdo técnico para las revisiones segunda y tercera de su programa de 1.400 millones de dólares, pendiente del Directorio Ejecutivo y con un posible desembolso de 140 millones. Destacó un crecimiento económico superior a lo previsto, con una proyección de 4,5% para 2026, mientras El Salvador consolida el giro regulatorio iniciado al retirar al bitcoin su condición de moneda de curso legal.
