El comercio exterior argentino atraviesa un momento de redefinición profunda en torno a quiénes pueden operar y bajo qué requisitos. En ese contexto, las declaraciones de Rubén, representante del Centro de Despachantes de Aduana, ponen en evidencia una tensión estructural: la apertura normativa impulsada por el DNU 70 choca con la necesidad histórica de mantener estándares de capacitación y responsabilidad en una actividad que afecta directamente la recaudación fiscal y la competitividad del país.
Orígenes institucionales y rol de los despachantes
Desde su creación, la Aduana argentina no solo controló el flujo de mercaderías sino que constituyó una fuente esencial de ingresos para el Tesoro. Los despachantes surgieron como auxiliares especializados, formados para interpretar normativas complejas y garantizar que las operaciones cumplieran con requisitos técnicos y legales. Esta figura profesional se consolidó a través de exámenes rigurosos y una matrícula que acreditaba idoneidad, estableciendo un equilibrio entre eficiencia comercial y resguardo del interés público.
La evolución normativa de las últimas décadas muestra oscilaciones entre apertura indiscriminada y restricciones puntuales. Ninguno de estos extremos ha logrado consolidar un sistema estable. La falta de una síntesis que combine lo mejor de cada enfoque ha generado inestabilidad regulatoria que hoy se agrava con la posibilidad de que personas sin formación específica accedan directamente al registro aduanero.
Preocupaciones de los profesionales ante el DNU 70
Los asociados al Centro reportan una caída notable en el volumen de operaciones y, sobre todo, una profunda inquietud por la desregulación de la actividad. El DNU permite que cualquier persona se registre como declarante sin demostrar capacitación previa, rompiendo el principio de equidad que históricamente rigió el acceso a la profesión. Rubén compara esta situación con la de un juez que ejerciera sin título: la analogía ilustra que la idoneidad no es un capricho corporativo sino una garantía de calidad para el sistema en su conjunto.
Ya se registran casos concretos en aduanas del interior donde declarantes otorgan poderes generales a terceros, una práctica prohibida tanto por el Código Aduanero como por el propio DNU. Algunos despachantes han debido enviar cartas documento para defender su firma frente a usos indebidos. Las administraciones locales enfrentan incertidumbre sobre cómo proceder ante esta superposición de figuras, lo que genera demoras y riesgos de inconsistencias en los trámites.
La figura del courier y la distorsión de regímenes simplificados
El régimen de courier fue concebido originalmente para envíos postales rápidos y de bajo valor. Con el tiempo se expandió hasta abarcar mercaderías con valor comercial significativo, incluyendo contenedores completos que luego se desconsolidan. A esto se suma Exporta Simple, un canal que actualmente solo pueden utilizar los couriers, excluyendo a los despachantes matriculados. Esta restricción desplaza a profesionales capacitados de una operatoria que, por su naturaleza, debería estar abierta a todos los actores habilitados del sector.
La distorsión afecta tanto la recaudación como la trazabilidad de las operaciones. Cuando el volumen y la complejidad de las cargas aumentan sin controles equivalentes, se incrementa el riesgo de subvaluación, errores de clasificación arancelaria y posibles irregularidades que terminan impactando en la competencia leal entre importadores y exportadores.
Objetivos institucionales y el acuerdo con la Unión Europea
Al frente del Centro, Rubén prioriza dos líneas de acción: defender la profesión ante las autoridades y recuperar capacidades institucionales mediante la renovación de asesores, la atención presencial y un plan de capacitaciones ampliado. El reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur añade urgencia a esta agenda, pues las nuevas reglas de origen y los requisitos sanitarios y técnicos demandarán mayor especialización por parte de quienes tramitan las operaciones.
La discusión sobre idoneidad no se limita a un reclamo sectorial. En un contexto de mayor apertura comercial, la calidad del servicio aduanero influye directamente en los tiempos de despacho, los costos logísticos y la percepción de seriedad del país frente a socios comerciales. Garantizar que quienes operan cuenten con formación adecuada constituye, en definitiva, una condición para que la apertura resulte sostenible y beneficiosa para la economía en su conjunto.
