La caída de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) plantea un problema que rebasa las cuentas mensuales del Gobierno mexicano. Cuando los ingresos tributarios disminuyen al mismo tiempo que se debilitan las utilidades empresariales, la señal no es únicamente fiscal: revela una pérdida de dinamismo productivo, menor capacidad de inversión y un deterioro potencial de la relación entre las empresas y el Estado. Los datos citados por México Evalúa, con una reducción real anual de 6.2% en la recaudación del ISR durante el primer semestre de 2026, obligan a observar el fenómeno como una cadena de riesgos que puede afectar el empleo, los servicios públicos y la estabilidad presupuestaria.
El contraste entre el ISR empresarial y las retenciones sobre nómina resulta especialmente significativo. Mientras el primero cayó 11.8% en el primer trimestre, las retenciones de trabajadores crecieron 7.4%. La diferencia sugiere que el fisco está recibiendo más recursos de quienes conservan un empleo formal, pero menos de las compañías que generan producción, pagan salarios y toman decisiones de inversión. Ese equilibrio puede sostenerse durante un periodo limitado, pero se vuelve frágil si las empresas reducen plantilla, congelan remuneraciones o abandonan la formalidad.
Una señal fiscal con raíces productivas
El deterioro del ISR empresarial suele aparecer después de que se comprimen las ventas y los márgenes de ganancia. No todas las compañías que pagan menos impuesto están en una situación crítica: algunas pueden estar aprovechando deducciones legítimas, compensando pérdidas previas o realizando inversiones que reducen temporalmente su base gravable. Sin embargo, cuando la caída coincide con un crecimiento económico de apenas 0.6% en 2025, una inversión fija bruta en descenso durante dos años y una creación de empleo formal insuficiente, la hipótesis de una debilidad generalizada gana peso.
Las pequeñas y medianas empresas enfrentan la mayor exposición. Tienen menos acceso al crédito, menor capacidad para absorber aumentos de costos y una dependencia más elevada del consumo local. Una papelería, un taller o un pequeño proveedor industrial pueden pasar de la rentabilidad a las pérdidas con una reducción moderada de ventas, especialmente cuando deben cubrir alquileres, energía, transporte, salarios y obligaciones fiscales. En ese contexto, dejar de facturar puede parecer una decisión de supervivencia, aunque a mediano plazo limite el acceso a financiamiento, contratos formales y programas públicos.
El riesgo no se limita a los negocios que desaparecen. Una empresa que opera parcialmente en efectivo puede conservar algunos puestos de trabajo, pero con menor protección laboral, menor productividad y menos posibilidades de crecer. La informalidad también dificulta que las autoridades midan la actividad real y diseñen políticas eficaces. Si el fenómeno se extiende, la base tributaria se reduce y aumenta la presión sobre los contribuyentes que permanecen en el sistema, lo que puede generar nuevos incentivos para evadir o cerrar.
El empleo formal deja de ser un amortiguador
El crecimiento de las retenciones de nómina puede ofrecer una apariencia de estabilidad en los ingresos públicos, pero esa compensación tiene límites claros. El empleo formal depende de la existencia de empresas capaces de contratar y sostener salarios. Si la inversión se detiene, el mercado laboral puede resistir durante algunos meses gracias a puestos ya establecidos, pero después suelen aparecer menos vacantes, menor movilidad y una mayor competencia por empleos de calidad.
La pérdida de 19,550 empleos formales en julio y la creación acumulada de apenas 243 mil puestos en el año adquieren relevancia por la brecha entre el ritmo observado y las necesidades del país. Un mercado laboral débil no solo reduce las contribuciones futuras; también afecta el consumo de los hogares, la compra de vivienda y la capacidad de las familias para enfrentar emergencias. El impacto puede ser desigual: los trabajadores jóvenes, quienes tienen menor escolaridad y los empleados de regiones con menor diversificación productiva suelen ser los primeros en enfrentar contratos temporales, reducciones de jornada o migración hacia actividades informales.
Existe, no obstante, un posible efecto positivo si la presión obliga a revisar la calidad del empleo y la estructura de incentivos. Una política que reduzca los costos de formalización, facilite el cumplimiento para negocios pequeños y vincule la recaudación con mejores servicios podría ampliar el número de contribuyentes en lugar de aumentar únicamente la carga sobre los ya registrados. Para que ese resultado sea viable, la simplificación tendría que ser real: trámites más previsibles, reglas estables y mecanismos proporcionales al tamaño y capacidad de cada empresa.
Más deuda, menos margen para reaccionar
Cuando los ingresos públicos caen, el Gobierno dispone de tres opciones principales: reducir el gasto, contratar deuda o elevar impuestos. Ninguna es neutral. Los recortes pueden proteger el equilibrio presupuestario, pero también retrasar infraestructura, salud, educación y seguridad, áreas que influyen directamente en la productividad. El endeudamiento permite evitar una contracción inmediata, aunque incrementa el costo financiero y reduce el espacio para responder ante una crisis posterior. Un aumento tributario, por su parte, puede mejorar los ingresos si se diseña con cuidado, pero en una economía estancada también puede desalentar inversión y consumo.
El problema se vuelve más complejo por las necesidades financieras de Petróleos Mexicanos y por el déficit acumulado. Si una parte creciente de los recursos públicos se destina a cubrir obligaciones de la empresa petrolera o al pago de intereses, queda menos capacidad para apoyar a los sectores que pueden generar crecimiento. La presión fiscal podría traducirse en una competencia interna por los recursos, con consecuencias sobre gobiernos estatales, municipios y programas de inversión.
El deterioro de las finanzas públicas también puede alterar las expectativas de empresas e inversionistas. Una menor recaudación no provoca por sí sola una crisis, pero sí puede elevar las dudas sobre la sostenibilidad del presupuesto cuando se combina con bajo crecimiento, compromisos rígidos y reglas cambiantes. Si los mercados perciben que el Gobierno responderá con medidas improvisadas, podrían aumentar las tasas exigidas a la deuda pública y al crédito privado. Ese encarecimiento afectaría especialmente a las pequeñas empresas, que ya enfrentan condiciones de financiamiento más restrictivas.
Certidumbre, inversión y el riesgo de perder oportunidades
El contexto internacional ofrece una oportunidad que México no puede dar por garantizada. La reorganización de las cadenas de suministro y la cercanía con Estados Unidos pueden atraer plantas, proveedores y servicios especializados. Sin embargo, el llamado nearshoring requiere electricidad confiable, infraestructura, seguridad, personal capacitado y certeza jurídica. La inversión no se decide solo por el costo laboral o la ubicación geográfica; también depende de la posibilidad de calcular costos y derechos durante varios años.
La incertidumbre regulatoria y judicial puede retrasar proyectos que necesitan grandes desembolsos iniciales. Una compañía puede mantener operaciones existentes mientras espera mayor claridad, pero posponer la construcción de una planta o la contratación de proveedores nacionales. En ese escenario, México conservaría parte de sus exportaciones, pero captaría menos inversión nueva y menos empleos de alto valor. La oportunidad no desaparecería de inmediato, aunque podría desplazarse hacia países que ofrezcan reglas más previsibles.
La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta una restricción política adicional: corregir el rumbo implica tomar decisiones con costos visibles. Una reforma fiscal podría ampliar ingresos y reducir vulnerabilidades, pero tendría que demostrar progresividad, evitar castigar desproporcionadamente a los negocios pequeños y mejorar la rendición de cuentas. Un estímulo a la inversión privada puede acelerar la actividad, aunque exige seleccionar proyectos con beneficios verificables y evitar subsidios permanentes a empresas sin capacidad de competir.
También existe incertidumbre sobre la duración y profundidad de la desaceleración. Las previsiones de los especialistas del Banco de México, que ubican el crecimiento anual en 1.2% y elevan la probabilidad de una contracción en el tercer trimestre, son escenarios sujetos a cambios en la economía estadounidense, los precios energéticos, el tipo de cambio y las condiciones financieras internacionales. Una recuperación de la demanda externa podría mejorar las utilidades y la recaudación, pero no resolvería por sí sola los obstáculos internos que frenan la productividad.
La salida exige confianza verificable
La respuesta más eficaz tendría que actuar sobre la cadena completa: ventas, inversión, empleo y recaudación. Eso supone proteger la estabilidad macroeconómica, revisar el gasto de baja rentabilidad, fortalecer la infraestructura y crear condiciones para que las empresas pequeñas puedan crecer sin que la formalidad se convierta en una penalización. La fiscalización debe concentrarse en la evasión sofisticada y, al mismo tiempo, ofrecer vías sencillas para que los negocios de menor tamaño cumplan sus obligaciones.
La confianza no se recupera con un anuncio aislado. Requiere reglas consistentes, información presupuestaria transparente y señales claras sobre el trato que recibirán los inversionistas y los trabajadores. Si el Gobierno logra combinar disciplina fiscal con medidas que reactiven la inversión productiva, la caída del ISR podría convertirse en un diagnóstico útil para corregir desequilibrios. Si la respuesta se limita a trasladar la carga hacia los asalariados formales o a cubrir el faltante con deuda, el país enfrentará un círculo más costoso: menos empresas rentables, menos empleos protegidos y una base tributaria cada vez más estrecha.
