La discusión que avanza en el Senado de Estados Unidos no trata únicamente de subir aranceles. Trata de decidir quién controla una de las herramientas más disruptivas de la política económica estadounidense y bajo qué criterios puede usarla. Dos iniciativas legislativas, una promovida por el republicano Rick Scott y otra asociada al senador Lindsey Graham, podrían ampliar de forma considerable la capacidad del presidente Donald Trump para gravar importaciones de otros países. El cambio sería relevante porque llegaría después de que la Corte Suprema limitara parte de las bases jurídicas utilizadas por la Casa Blanca para imponer medidas proteccionistas.
El punto de inflexión es institucional. Hasta ahora, buena parte de la política arancelaria expansiva de Trump dependía de interpretaciones amplias de normas vinculadas a emergencias, seguridad nacional o prácticas comerciales desleales. Si el Congreso aprobara autorizaciones explícitas, la presidencia dispondría de un blindaje legal más sólido y de un margen de maniobra menos vulnerable a litigios. En términos prácticos, Washington pasaría de usar el arancel como excepción o medida de presión puntual a convertirlo en un instrumento ordinario de política exterior, energética y comercial.
Dos proyectos, una misma transferencia de poder
La Ley de Eliminación del Déficit Comercial de Rick Scott propone que el presidente pueda imponer aranceles a países con déficits comerciales persistentes que sean considerados perjudiciales para la seguridad nacional, la política exterior o los intereses económicos de Estados Unidos. El representante comercial estadounidense elaboraría cada año una lista de vigilancia con las economías señaladas. Aunque el proyecto se presenta como una respuesta a relaciones comerciales desequilibradas, su redacción abre una cuestión decisiva: el déficit bilateral no demuestra por sí solo una práctica abusiva ni una amenaza estratégica.
Un déficit comercial puede reflejar decisiones empresariales, ventajas comparativas, cadenas globales de suministro, diferencias en ahorro e inversión o la demanda de consumidores estadounidenses. Estados Unidos registra déficits con numerosos socios porque importa bienes de consumo, componentes industriales, maquinaria y energía, mientras que su economía mantiene un alto nivel de gasto interno. Convertir el déficit en una presunción de perjuicio nacional simplifica una realidad macroeconómica compleja y crea incentivos para sancionar a países que, en muchos casos, son aliados, proveedores esenciales o destinos de inversión estadounidense.
El proyecto de Graham tiene una arquitectura distinta, pero un efecto potencialmente más inmediato. Enmarcado como una iniciativa de sanciones contra Rusia, permitiría aplicar aranceles de entre el 0% y el 100% a los cinco mayores compradores de petróleo o gas natural ruso. Con 86 votos favorables en su primera votación, parte de una base política inusualmente amplia. Sin embargo, su alcance va más allá de Moscú: afecta de forma indirecta a India, China y potencialmente a otras grandes economías importadoras de energía rusa, convirtiendo el comercio con terceros países en una palanca de coerción geopolítica.
El déficit deja de ser un dato y se vuelve una sanción
La primera consecuencia sería una redefinición del significado político del déficit comercial. Una vez que ese indicador se asocia a una lista oficial de vigilancia y a una posible penalización, los gobiernos extranjeros tendrán incentivos para negociar compras adicionales de productos estadounidenses, incluso cuando esas adquisiciones no respondan a necesidades económicas reales. Este mecanismo ya se observó durante anteriores rondas de disputas comerciales: los compromisos de comprar más energía, productos agrícolas o aeronaves estadounidenses se utilizaron como moneda diplomática para reducir tensiones arancelarias.
Pero esa estrategia tiene límites. Las compras dirigidas por motivos políticos no corrigen automáticamente la estructura de una balanza comercial. Si un país aumenta temporalmente sus importaciones de gas natural licuado estadounidense, puede reducir su déficit bilateral, pero también encarecer su matriz energética o desplazar proveedores ya contratados. Del lado estadounidense, incrementar exportaciones mediante acuerdos administrados puede beneficiar a sectores concretos, pero no necesariamente reduce el déficit agregado del país, que depende de variables más amplias como el déficit fiscal, la inversión privada y el comportamiento del dólar.
La segunda consecuencia es menos visible, aunque probablemente más importante: los nuevos instrumentos podrían alterar las decisiones de inversión antes incluso de que se anuncie un arancel. Una empresa que planea instalar una planta, firmar un contrato de suministro a diez años o diseñar una red logística necesita estimar costes futuros. Si el acceso al mercado estadounidense queda sujeto a listas anuales, evaluaciones políticas y decisiones presidenciales amplias, el riesgo regulatorio se incorpora al precio. Las compañías pueden responder acumulando inventarios, trasladando producción, diversificando proveedores o reduciendo inversiones transfronterizas.
La factura se reparte de manera desigual
La narrativa proteccionista sostiene que los aranceles protegen empleos y fuerzan a las empresas a fabricar dentro de Estados Unidos. Esa promesa puede cumplirse parcialmente en industrias con productos estandarizados, elevada capacidad ociosa y sustitutos nacionales disponibles. El acero, ciertos bienes de consumo y algunos segmentos manufactureros pueden recibir una protección temporal frente a competidores extranjeros. También pueden beneficiarse exportadores estadounidenses que obtengan contratos negociados por Washington como compensación para evitar gravámenes.
Sin embargo, el arancel es también un impuesto sobre bienes importados. Cuando recae sobre insumos sin sustituto inmediato, la factura llega a fabricantes estadounidenses, distribuidores y consumidores. Las empresas de automoción, electrónica, construcción, maquinaria, comercio minorista y dispositivos médicos dependen de componentes producidos en varios países. Un gravamen del 25%, 50% o 100% no siempre puede trasladarse íntegramente a proveedores extranjeros; una parte se convierte en menor margen empresarial, otra en precios más altos y otra en menos inversión o contratación.
El reembolso de cerca de 100.000 millones de dólares vinculado a los aranceles del llamado Día de la Liberación ilustra el coste de la fragilidad jurídica. Para una gran corporación, recuperar pagos puede ser una cuestión contable compleja pero manejable. Para importadores medianos, empresas familiares y minoristas especializados, la incertidumbre sobre liquidaciones aduaneras, devoluciones y contratos puede afectar liquidez y planificación. La cifra también revela que una política arancelaria de gran escala mueve recursos comparables a programas públicos relevantes, aunque sus ganadores y perdedores no sean visibles en el debate político cotidiano.
China es el objetivo, Rusia el argumento
La propuesta de Graham pretende reducir los ingresos energéticos de Rusia castigando a quienes compran su petróleo y gas. La lógica es comprensible: si Moscú mantiene su esfuerzo bélico gracias a las exportaciones de hidrocarburos, presionar a sus principales clientes debería limitar sus ingresos. El problema es que el petróleo es una mercancía global, fungible y adaptable. Las sanciones pueden redirigir cargamentos, modificar rutas, elevar descuentos, estimular flotas de transporte opacas y fortalecer intermediarios. Reducir el volumen o el valor de las ventas rusas exige coordinación entre grandes mercados, aseguradoras, navieras y entidades financieras.
La valoración de Jennifer Kavanagh, de Defense Priorities, apunta al núcleo de la contradicción. Un arancel estadounidense sobre las importaciones procedentes de compradores de energía rusa puede dañar a esos países, pero no necesariamente cortar de forma decisiva los ingresos del Kremlin. Rusia puede aceptar menores márgenes, vender con descuento, recurrir a nuevos canales de pago o profundizar la relación energética con compradores dispuestos a aprovechar precios reducidos. Mientras tanto, Estados Unidos asume el riesgo de encarecer importaciones procedentes de economías que siguen siendo indispensables para su consumo y su aparato industrial.
El destinatario real parece ser China, el principal comprador de petróleo ruso y la mayor rival estratégica de Washington. Desde esta perspectiva, el proyecto no es solo una sanción secundaria, sino una forma de obtener autoridad legislativa para elevar barreras contra Pekín bajo un argumento de seguridad internacional. El antecedente de 2025, cuando la Casa Blanca aplicó aranceles del 100% a productos chinos y después tuvo que retroceder, demuestra que la capacidad de anunciar medidas drásticas no equivale a la capacidad de sostenerlas. Cuanto mayor es la integración comercial, más costoso resulta mantener una escalada.
Aliados atrapados entre Washington y Moscú
India ocupa una posición especialmente delicada. Ha aumentado sus compras de crudo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania, aprovechando descuentos que ayudan a contener su factura energética y sostienen el crecimiento de una economía de enorme tamaño. Penalizar sus exportaciones a Estados Unidos por esa decisión obligaría a Nueva Delhi a elegir entre intereses energéticos inmediatos y acceso preferente al mercado estadounidense. Esa presión podría acercarla tácticamente a Washington en algunos asuntos, pero también alimentaría una percepción de trato coercitivo y reduciría la confianza en una asociación estratégica diseñada para equilibrar el ascenso chino.
La Unión Europea afrontaría otro dilema. Bruselas comparte muchas de las preocupaciones de Washington sobre Rusia y China, pero rechaza habitualmente medidas extraterritoriales que castiguen a terceros por su comercio. Si la UE, o empresas europeas, quedaran expuestas a nuevos aranceles, la respuesta podría incluir recursos ante la Organización Mundial del Comercio, negociaciones de exención o contramedidas selectivas. El problema es que el sistema de solución de controversias de la OMC lleva años debilitado, por lo que la existencia de reglas no garantiza una resolución rápida ni efectiva.
México y Canadá, mencionados de forma crítica por Trump, también merecen atención. Ambos socios están profundamente integrados con Estados Unidos a través del acuerdo comercial de América del Norte. Un enfoque basado en déficits bilaterales podría ignorar que una pieza fabricada en México o Canadá incorpora con frecuencia insumos, capital y tecnología estadounidenses. Penalizar esas importaciones puede terminar encareciendo productos finales hechos en Estados Unidos. En cadenas regionales, la frontera no separa economías independientes: divide procesos productivos compartidos.
La autoridad amplia puede debilitar la negociación
Existe una paradoja en la búsqueda de nuevas facultades. La administración puede considerar que una amenaza arancelaria creíble fortalece su posición negociadora. Y en el corto plazo, disponer de autoridad legal clara sí puede inducir concesiones, acelerar acuerdos de compra o presionar a gobiernos extranjeros. Pero una herramienta demasiado disponible pierde parte de su poder de persuasión. Si los socios asumen que el arancel puede aplicarse por razones amplias, cambiantes y políticamente definidas, dejarán de tratarlo como una amenaza excepcional y empezarán a diseñar defensas permanentes.
Esas defensas pueden adoptar varias formas: acuerdos comerciales sin Estados Unidos, nuevas capacidades manufactureras, pagos en monedas alternativas, reservas estratégicas, subsidios a sectores nacionales y diversificación de mercados de exportación. Ninguna de estas alternativas reemplaza de inmediato el mercado estadounidense, que continúa siendo central para la economía mundial. Pero la repetición de medidas unilaterales acelera una tendencia ya existente: la regionalización del comercio y la reducción de dependencias consideradas políticamente riesgosas.
El daño potencial no se limita al volumen de comercio. El dólar, la capacidad financiera estadounidense y la influencia regulatoria de Washington dependen en parte de que empresas y gobiernos consideren predecible el acceso al mercado norteamericano. Un régimen donde los aranceles se convierten en respuesta habitual a déficits, desacuerdos energéticos o conflictos geopolíticos puede reforzar el poder presidencial a corto plazo, pero debilitar la previsibilidad que sostiene ese poder en el largo plazo.
El Congreso también asume un riesgo político
Para los legisladores, delegar autoridad ofrece una ventaja: permite exhibir firmeza frente a China, Rusia o los déficits sin votar cada arancel específico que luego encarece bienes en los distritos electorales. Pero esa delegación también diluye la rendición de cuentas. Si los precios suben, una fábrica pierde mercados de exportación por represalias o una empresa enfrenta interrupciones de suministro, la Casa Blanca podrá señalar al Congreso por haber concedido el mandato, mientras los senadores podrán atribuir la decisión concreta al Ejecutivo.
La cuestión constitucional es relevante. La facultad de regular el comercio exterior corresponde históricamente al Congreso, que durante décadas ha cedido competencias al presidente en ámbitos definidos. Las propuestas actuales no revierten esa delegación; la formalizan y posiblemente la ensanchan. La diferencia importa porque una autorización legislativa expresa puede sobrevivir mejor al escrutinio judicial que una interpretación expansiva de leyes anteriores. La Corte Suprema podría haber limitado una vía administrativa, pero el Congreso tiene capacidad para abrir otra, siempre que la norma defina con suficiente claridad su alcance y sus controles.
Los defensores de los proyectos argumentarán que el mundo actual exige velocidad ante prácticas comerciales agresivas, guerras, coerción energética y vulnerabilidades de suministro. Sus críticos responderán que la velocidad sin criterios verificables crea discrecionalidad, y que la discrecionalidad comercial suele traducirse en lobby, excepciones opacas e inseguridad para quienes comercian e invierten. La calidad final de la legislación dependerá de aspectos técnicos: qué define un déficit perjudicial, qué pruebas se exigirán, cuánto durarán los gravámenes, qué mecanismos de revisión existirán y si el Congreso podrá bloquear decisiones abusivas.
Un ciclo de represalias es el escenario más probable
En el escenario más moderado, las iniciativas se aprueban con límites y se utilizan principalmente como amenaza negociadora. Washington lograría compromisos de compra, ajustes sectoriales y mayor cooperación para vigilar el comercio energético ruso. Aun así, la incertidumbre elevaría el coste de hacer negocios con Estados Unidos. En un escenario más agresivo, los aranceles se aplicarían contra China, India, la Unión Europea o socios norteamericanos, desencadenando represalias sobre agricultura, aeronáutica, tecnología y servicios estadounidenses.
La experiencia histórica indica que las represalias rara vez se concentran en sectores elegidos al azar. Los gobiernos suelen apuntar a productos de estados políticamente sensibles, cadenas visibles y exportadores con capacidad de presión. Los agricultores estadounidenses ya conocen esta dinámica: las disputas comerciales pueden cerrar mercados con rapidez, mientras recuperar clientes exige años, nuevas certificaciones y redes logísticas. Las compensaciones federales reducen parte del daño inmediato, pero no sustituyen relaciones comerciales estables ni restauran la reputación de proveedor fiable.
El mayor riesgo es que Estados Unidos confunda capacidad arancelaria con capacidad de resolver problemas estructurales. Los déficits no desaparecen por decreto, Rusia no queda aislada automáticamente mediante aranceles a sus clientes y China no modifica su estrategia industrial solo porque Washington eleve barreras. Las tarifas pueden ser útiles en negociaciones muy delimitadas y acompañadas de objetivos medibles. Convertidas en un garrote de uso amplio, pueden producir recaudación, titulares y concesiones temporales, pero también inflación, litigios, represalias y una erosión gradual de la posición económica que pretenden defender.
