El reconocimiento por parte del Grupo Gloria de un pago de 200.000 euros al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para mediar ante el Estado boliviano reabre un expediente que lleva abierto desde 2008. Aquel año, el gobierno de Evo Morales expropió la participación accionaria de Soboce en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), sin que hasta la fecha se haya abonado compensación alguna por el 33 % de las acciones que la empresa controlaba. La deuda, estimada en decenas de millones de dólares, constituye uno de los casos más longevos de expropiaciones sin resolución en Bolivia y ha servido de referencia para inversores extranjeros que evalúan el riesgo país.
El contexto boliviano de las expropiaciones se remonta a la ola de nacionalizaciones iniciada en 2006 con los hidrocarburos y extendida después a sectores como la electricidad, la minería y la industria cementera. En el caso concreto de Fancesa, la medida se justificó con argumentos de interés público, pero nunca se activó el procedimiento de valuación y pago previsto en la legislación boliviana ni en los tratados bilaterales de protección de inversiones suscritos con España y Perú. Dieciséis años después, la falta de resolución ha generado un efecto disuasorio: según datos de la Cámara de Comercio e Industria de Bolivia, la entrada de capital extranjero en el sector industrial cayó un 41 % entre 2015 y 2023.
La intermediación de alto perfil y sus límites
La contratación de Zapatero ilustra una estrategia cada vez más frecuente entre empresas latinoamericanas que enfrentan conflictos con Estados: recurrir a figuras políticas de primer nivel para abrir canales de diálogo que los equipos jurídicos habituales no logran activar. El expresidente español ya había intervenido en negociaciones similares en Venezuela y Ecuador, lo que le otorga una red de contactos en gobiernos de orientación progresista. Sin embargo, el propio comunicado de Gloria aclara que su labor se limitó a promover un acuerdo razonable y que no se buscó interferir en procesos judiciales en curso. Esta distinción resulta clave para comprender el alcance real de la intermediación: el pago no garantiza resultados, pero sí genera un coste reputacional que trasciende el ámbito empresarial.
Impacto en la percepción del riesgo para inversores
El episodio añade un nuevo elemento a la ecuación de riesgo que evalúan los fondos de inversión y las multinacionales cuando analizan proyectos en Bolivia. Hasta ahora, el principal argumento de defensa del gobierno boliviano era que las expropiaciones se concentraban en sectores estratégicos y seguían procedimientos legales internos. El recurso a un mediador externo de alto coste revela, en cambio, que incluso después de más de una década las vías institucionales no han funcionado. Analistas de riesgo país han señalado que casos como este elevan la prima de riesgo exigida por los inversores en un promedio de 120 puntos básicos, encareciendo el acceso al crédito para proyectos productivos bolivianos.
En el plano regional, la noticia afecta también a Perú. El Grupo Gloria, uno de los conglomerados más importantes del país, ha visto cómo su estrategia de expansión internacional se ve cuestionada por accionistas minoritarios y organismos reguladores. La Superintendencia del Mercado de Valores peruana ya ha solicitado información adicional sobre los criterios de aprobación del gasto y su impacto en los resultados consolidados. Este escrutinio puede extenderse a otras empresas peruanas con activos en Bolivia, especialmente aquellas que operan en sectores regulados donde las tensiones políticas son frecuentes.
Repercusiones políticas y diplomáticas
Para Zapatero, el asunto plantea interrogantes sobre los límites éticos de la actividad de expresidentes. Aunque no existe prohibición legal que impida a un exmandatario ofrecer servicios de consultoría internacional, el hecho de que el pago haya sido revelado por la Policía española y no por las propias partes genera un debate sobre transparencia. En España, algunos sectores de la oposición han pedido que se investigue si existió algún tipo de respaldo institucional implícito durante las gestiones. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce ha evitado pronunciarse directamente, pero fuentes cercanas al Ministerio de Desarrollo Productivo reconocen que la visibilidad del caso complica cualquier intento de cerrar un acuerdo discreto con Soboce.
A largo plazo, el episodio refuerza la necesidad de mecanismos regionales de resolución de disputas por inversiones. La ausencia de un tribunal arbitral efectivo en el marco de la Comunidad Andina o de la CELAC deja a las empresas en una posición de debilidad frente a Estados que deciden unilateralmente el valor y el momento del pago. Mientras tanto, la deuda boliviana con Soboce sigue pendiente y cada año que pasa incrementa tanto el coste financiero como el desgaste político para todas las partes implicadas.
