El Departamento de Estado de Estados Unidos entregó al Congreso un informe de siete páginas que reconoce un cambio de ritmo en la estrategia mexicana contra el tráfico de fentanilo desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024. El documento destaca mayor cooperación bilateral, decomisos incrementados, desmantelamiento de laboratorios y la entrega de 92 criminales de alto valor a autoridades estadounidenses. Sin embargo, advierte que México debe atacar de forma más agresiva el liderazgo de los cárteles, las cadenas de precursores químicos y las finanzas ilícitas.
El reporte contrasta explícitamente este enfoque con el de la administración anterior. Mientras Andrés Manuel López Obrador evitó reconocer públicamente la magnitud del problema del fentanilo, el gobierno actual ha lanzado campañas nacionales contra el consumo y reporta el desmantelamiento de 1 564 laboratorios clandestinos en su primer año, casi cuatro veces la cifra del periodo previo. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, aparece citado como ejemplo de los resultados obtenidos mediante operaciones basadas en inteligencia.
Impacto en la cadena de suministro del fentanilo
La presión estadounidense se concentra en cuatro frentes simultáneos: captura de líderes, destrucción de laboratorios, interrupción de precursores químicos y combate al lavado de dinero. Esta exigencia responde a que el fentanilo no se combate únicamente con decomisos en la frontera. Cada laboratorio desmantelado puede ser reemplazado en semanas si persisten las redes de financiamiento y los canales de importación de precursores desde Asia. El informe deja claro que Washington considera insuficiente cualquier estrategia que se limite a operaciones de bajo nivel.
Para las organizaciones criminales mexicanas, el mensaje implica un aumento en los costos operativos. El traslado de 92 fugitivos de alto valor a Estados Unidos reduce la capacidad de mando y genera vacíos de poder que suelen llenarse con mayor violencia interna. Al mismo tiempo, la designación de cinco posibles sucesores del CJNG por parte de Washington indica que las agencias estadounidenses ya están mapeando la siguiente generación de líderes antes de que consoliden control territorial.
Tres efectos estructurales poco visibles
El primer efecto estructural es la modificación del equilibrio de poder dentro de las propias agencias mexicanas de seguridad. El uso intensivo de inteligencia compartida con Estados Unidos eleva el perfil de unidades especializadas y reduce la autonomía de mandos regionales que antes operaban con mayor discrecionalidad. Este reacomodo puede generar fricciones internas que, si no se gestionan, debilitan la continuidad de las operaciones.
El segundo efecto afecta directamente al sector financiero informal que sostiene a los cárteles. Cuando Washington presiona por acciones contra el lavado de dinero, las instituciones bancarias mexicanas enfrentan mayor escrutinio de corresponsalía. Varias casas de cambio y empresas de servicios múltiples ya han restringido operaciones en zonas de alta actividad criminal, lo que encarece el movimiento de recursos para los grupos delictivos pero también complica el flujo de remesas legítimas en las mismas regiones.
El tercer efecto se observa en la narrativa política interna de México. Al reconocer públicamente el problema del consumo de fentanilo, el gobierno actual modifica el marco discursivo que durante años priorizó la atención a las causas estructurales de la violencia por encima de la confrontación directa con las organizaciones. Este giro, aunque limitado, abre espacio para que grupos de la sociedad civil y gobiernos estatales demanden mayor transparencia en los resultados de las operaciones.
Perspectivas contrapuestas
Desde la óptica de Washington, los avances reportados representan un punto de partida insuficiente. Los senadores que impulsaron la BUST Fentanyl Act exigen métricas verificables de reducción en la producción neta de fentanilo, no solo decomisos puntuales. Para el gobierno mexicano, en cambio, la prioridad sigue siendo equilibrar la presión externa con el control de la violencia que generan las operaciones de alto impacto. La experiencia de años anteriores muestra que la captura masiva de líderes sin una estrategia de contención territorial suele derivar en fragmentación de grupos y aumento de homicidios.
Los gobiernos estatales fronterizos observan el informe con cautela. Si bien valoran la cooperación en inteligencia, temen que una escalada ordenada desde la capital federal limite su margen de negociación local con actores criminales que controlan rutas específicas. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos advierten que el énfasis en resultados rápidos puede traducirse en detenciones masivas sin debido proceso y en mayor militarización de zonas rurales.
Riesgos y escenarios futuros
El principal riesgo radica en una posible escalada de violencia si los grupos criminales responden a la presión con ataques contra fuerzas de seguridad o con disputas internas por el control de laboratorios y rutas. Otro riesgo es la erosión de la confianza bilateral si los resultados mexicanos no alcanzan las expectativas cuantitativas que el Congreso estadounidense espera medir anualmente. En ese escenario, la amenaza de aranceles o restricciones comerciales podría reaparecer como herramienta de presión.
A mediano plazo, la tendencia apunta a una mayor integración operativa entre agencias de ambos países, con intercambios de información en tiempo real y operaciones conjuntas más frecuentes. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo dependerá de que México logre construir capacidades propias de investigación financiera y de control de precursores que reduzcan la dependencia de inteligencia externa. De no ocurrir, la cooperación seguirá siendo reactiva y vulnerable a cambios políticos en cualquiera de las dos capitales.
