La administración de Donald Trump propuso esta semana elevar de manera permanente a 103,265 dólares la cuota para las visas H-1B, el programa que permite a empresas estadounidenses contratar a profesionales extranjeros especializados en tecnología y otras áreas. El cambio marca el intento más reciente de endurecer un sistema que ya enfrenta litigios y cuestionamientos de compañías, sindicatos y estados gobernados por demócratas.
Las visas H-1B fueron creadas por el Congreso en 1990 y otorgan 65,000 permisos al año, además de otras 20,000 para trabajadores con títulos avanzados. Por lo general, se conceden por tres años y pueden renovarse hasta seis. El gobierno había elevado el costo a 100,000 dólares el año pasado, una medida que generó varias demandas y cuyo incremento inicial expira en septiembre.
Según documentos presentados ante los tribunales, hasta finales de febrero unos 70 empleadores habían pagado esa cuota para un total de 85 solicitudes. El Departamento de Seguridad Nacional dijo ahora que busca convertir ese cobro en una exigencia permanente. Un grupo que representa a la industria tecnológica de India afirmó que conversa con actores estadounidenses sobre el aumento propuesto y pidió valorar los beneficios del programa para cubrir escasez temporal de personal calificado.
El debate afecta de forma particular a grandes tecnológicas y firmas de consultoría o subcontratación que patrocinan muchas de estas visas, entre ellas Google, Amazon, OpenAI, Deloitte, PwC, Ernst & Young, Tata Consultancy Services, Infosys, HCL Tech y LTIMindtree. Algunas empresas han sido cuestionadas por usar H-1B en medio de despidos en Estados Unidos y de un mercado laboral más difícil para trabajadores locales.
En paralelo, los tribunales siguen revisando la legalidad de la tarifa actual. Un tribunal de apelaciones en Boston estudia una decisión de junio de un juez federal que consideró ilegal la cuota y bloqueó su cobro, mientras otro analiza una impugnación presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. También hay demandas impulsadas por varios estados demócratas y por una coalición de sindicatos y empleadores.
Además del frente judicial, la administración ha reforzado el escrutinio de los solicitantes. En diciembre informó que incrementaría la revisión de las peticiones H-1B, con atención especial a posibles casos vinculados con censura y libertad de expresión. El Departamento de Estado ordenó a consulados revisar perfiles de LinkedIn y currículos de solicitantes y de familiares que los acompañen, sobre todo en perfiles tecnológicos que puedan haber estado involucrados en la supresión de expresiones protegidas.
