La decisión de Petroecuador de eliminar diez antorchas de gas adicionales en la Amazonía durante el primer semestre de 2026 eleva a 180 el total de mecheros desactivados desde 2022. Esta cifra representa un avance del 42 % respecto al objetivo fijado para 2030, pero el proceso se origina en una orden judicial de 2021 y plantea interrogantes sobre la viabilidad de una transición energética ordenada en una región históricamente dependiente del petróleo.
Origen judicial del programa
En 2021 la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos dictaminó la eliminación de más de 400 antorchas que operaban en los campos petroleros de la provincia. La sentencia respondió a demandas presentadas por comunidades locales que documentaron emisiones continuas de dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y material particulado. Petroecuador inició el programa de desmantelamiento en 2022 con un cronograma que prevé concluir en 2030. Cada mechero requiere entre 12 y 36 meses de trabajo, según la complejidad técnica y las condiciones geográficas, lo que explica el ritmo relativamente lento de los primeros años.
El fallo judicial no solo impuso plazos, sino que estableció la obligación de coordinar cada fase con el Ministerio de Ambiente y Energía. Esta exigencia ha derivado en un modelo de planificación que integra estudios de impacto ambiental previos y posteriores al apagado, algo que no existía de forma sistemática antes de 2021.
Infraestructura y recuperación del gas
Para alcanzar los 180 mecheros apagados, Petroecuador ha debido construir redes de captación, compresión y transporte del gas asociado. El recurso recuperado se destina a generación eléctrica en las mismas instalaciones petroleras, a procesos de refinación y a sistemas de calentamiento industrial. Esta reutilización ha permitido reducir importaciones de diésel, generando un ahorro acumulado superior a 273 millones de dólares hasta junio de 2026.
El caso del campo Sacha, en la provincia de Orellana, ilustra el cambio operativo. Antes de 2023, el gas excedente se quemaba en antorchas abiertas; tras la instalación de una planta de tratamiento, el mismo volumen se emplea ahora para alimentar generadores que suministran electricidad a las estaciones de bombeo cercanas. La transición requirió una inversión inicial de aproximadamente 48 millones de dólares, recuperada en menos de tres años gracias a la menor compra de combustible importado.
Reducción de emisiones y efectos sobre el ecosistema
La eliminación de las 180 antorchas ha evitado la liberación de 710 000 toneladas de dióxido de carbono. Aunque esta cifra equivale apenas al 0,8 % de las emisiones anuales de Ecuador, su importancia radica en la concentración geográfica: todas las reducciones se producen dentro de la Amazonía, una región que alberga una de las mayores biodiversidades del planeta. La mejora de la calidad del aire también reduce la deposición de contaminantes sobre suelos y cursos de agua, un factor que influye directamente en la salud de poblaciones indígenas y colonas que dependen de la pesca y la agricultura de subsistencia.
Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos entre 2023 y 2025 muestran una disminución del 17 % en consultas médicas por afecciones respiratorias en las parroquias de Dayuma y La Joya de los Sachas, ambas ubicadas a menos de cinco kilómetros de antiguos mecheros. Aunque no existe un estudio de atribución causal definitivo, la correlación temporal coincide con el ritmo de apagado de antorchas en esos sectores.
Consecuencias económicas y dependencia energética
El ahorro de 273 millones de dólares representa un alivio fiscal significativo en un país que destina cerca del 4 % de su presupuesto a subsidios energéticos. Sin embargo, la recuperación del gas asociado también plantea un dilema: al aumentar la oferta interna de hidrocarburos, se podría retrasar la necesidad de diversificar la matriz energética hacia fuentes renovables. Varios analistas del sector advierten que, si el gas recuperado se utiliza exclusivamente para sostener operaciones petroleras, el país podría quedar atrapado en una senda de alta intensidad de carbono durante más tiempo del previsto.
Por otro lado, la experiencia ecuatoriana ofrece un precedente útil para otros países amazónicos con problemas similares. Colombia y Perú enfrentan demandas judiciales análogas en sus zonas petroleras. El modelo de captación y reutilización implementado en Orellana y Sucumbíos podría adaptarse con ajustes menores, siempre que existan marcos regulatorios que obliguen a las empresas estatales a rendir cuentas sobre plazos y resultados.
Desafíos pendientes y horizonte 2030
Quedan más de 220 mecheros por eliminar. Los campos más complejos, situados en zonas de difícil acceso o con infraestructura antigua, demandarán inversiones superiores a las realizadas hasta ahora. Además, la coordinación interinstitucional entre Petroecuador y el Ministerio de Ambiente debe mantenerse estable a lo largo de dos administraciones gubernamentales distintas, algo que no está garantizado en el contexto político ecuatoriano.
El proceso también revela limitaciones estructurales del sector petrolero estatal: la falta de capital para acelerar el reemplazo tecnológico y la dependencia de consultores externos para el diseño de plantas de tratamiento. Estas restricciones podrían prolongar el cronograma más allá de 2030 si no se adoptan mecanismos de financiamiento innovadores, como bonos verdes vinculados a la reducción verificada de emisiones.
En última instancia, la eliminación de las antorchas constituye un paso necesario pero insuficiente para redefinir la relación entre la extracción de hidrocarburos y la protección de la Amazonía. El verdadero indicador de éxito no será solo el número de mecheros apagados en 2030, sino la capacidad del Estado ecuatoriano para convertir esa reducción de emisiones en una plataforma que permita a las comunidades locales participar en decisiones sobre el futuro energético de la región.
