CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La deuda pública de México está a punto de superar 60% del Producto Interno Bruto (PIB), un umbral que, de confirmarse, podría poner en riesgo el grado de inversión que el país conserva y encarecer su financiamiento en los mercados, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El diagnóstico del organismo parte de una trayectoria de largo plazo: entre 2000 y el cierre de 2025, la relación entre deuda pública y PIB aumentó 24 puntos porcentuales, al pasar de 29% a 53%. Para el IMEF, ese avance no responde a un episodio aislado, sino a un deterioro acumulado durante un cuarto de siglo, con una presión que se ha vuelto estructural para las cuentas públicas.
Un umbral con costos financieros
El análisis del IMEF advierte que rebasar el 60% del PIB no sería solo un dato contable. Mauricio González, integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos del organismo y socio fundador de GEA Grupo de Economistas y Asociados, sostuvo que una carga de esa magnitud podría llevar a México a perder el grado de inversión, la calificación que permite acceder a crédito en mejores condiciones y con menor percepción de riesgo.
En su lectura, el deterioro no se limita al balance fiscal. Si el país perdiera ese sello de confianza, el costo del crédito para la economía mexicana aumentaría y podrían generarse tensiones financieras innecesarias. La advertencia es relevante porque el grado de inversión funciona como una referencia para fondos, bancos y mercados internacionales al evaluar estabilidad, liquidez y capacidad de pago.
Endeudamiento y gasto comprometido
González plantea que el endeudamiento dejó de ser una medida excepcional y se convirtió en una condición crónica de las finanzas gubernamentales. Incluso, señaló que ya existe la necesidad de endeudarse para cubrir intereses de pasivos y financiar otros compromisos, una señal de presión sobre la capacidad del Estado para sostener su operación sin recurrir a más deuda.
A esa tensión se suma Pemex, cuya operación absorbe más recursos de los que genera. El peso de la petrolera sigue siendo un factor relevante para las finanzas públicas, porque compite con otras necesidades del gasto federal en un contexto donde los márgenes presupuestarios son limitados.
El propio nivel de gasto muestra la rigidez del problema. Entre 2000 y 2006, el gasto público total representó en promedio 19% del PIB; para 2025 había cerrado en 27.2%. Sin embargo, cerca de 68% de ese gasto ya está comprometido en obligaciones difíciles de reducir, como pensiones, servicio de deuda y participaciones a estados y municipios.
Menos margen para decidir
La lectura de fondo es que el problema fiscal de México no se explica solo por cuánto debe, sino por la poca flexibilidad que conserva para reasignar recursos. Cuando una parte tan alta del presupuesto está precomprometida, el espacio para inversión pública, respuesta contracíclica o nuevas prioridades se reduce de forma importante.
En ese escenario, el mensaje del IMEF es que la discusión no debería limitarse a la velocidad de crecimiento de la deuda, sino al equilibrio entre ingresos, gasto rígido y pasivos acumulados. La combinación de deuda creciente, obligaciones fijas y apoyo a Pemex dibuja un entorno en el que cualquier deterioro adicional podría tener efectos más amplios sobre el costo del financiamiento y la estabilidad macroeconómica del país.
