La adjudicación de la planta desaladora de Playas de Rosarito marca un giro relevante en la política hídrica de Baja California. El proyecto, valuado en 5 mil 200 millones de pesos y previsto para concluir en agosto de 2029, busca aliviar una presión estructural que desde hace años limita el crecimiento urbano, tensiona la operación industrial y complica la vida cotidiana de casi un millón de personas en Rosarito y la zona suroeste de Tijuana. En términos de política pública, la decisión responde a una realidad ineludible: la región depende de fuentes cada vez más vulnerables y necesita infraestructura adicional para reducir su exposición a sequías, variaciones climáticas y déficits de abasto.
La apuesta por desalar agua ofrece una ventaja inmediata en el plano estratégico. A diferencia de otras soluciones más expuestas a la variabilidad de las lluvias, esta infraestructura puede aportar un volumen relativamente estable de suministro y dar margen para ordenar la distribución en una zona donde el crecimiento habitacional ha ido por delante de la capacidad instalada. Para el sector productivo, en particular el turístico y el inmobiliario, el anuncio envía una señal de certidumbre: sin agua, cualquier plan de expansión queda atado a interrupciones, sobrecostos y frenos regulatorios. Para los hogares, la expectativa es más básica pero igual de importante: menos intermitencias y menor dependencia de tandeos o medidas de emergencia.
El impacto social, sin embargo, no debe medirse sólo por la promesa de más litros disponibles. La experiencia de otras desaladoras en el mundo muestra que estos proyectos resuelven una parte del problema, pero no sustituyen una gestión integral del agua. Si la nueva planta entra en operación sin una red eficiente de conducción, sin reducción de fugas y sin control sobre consumos excesivos, el beneficio se diluye rápidamente. En una región donde las pérdidas en infraestructura pueden absorber una porción considerable del recurso, la producción adicional puede terminar compensando ineficiencias existentes más que ampliando de forma neta el servicio a la población.
También hay un punto financiero que merece atención. Una obra de esta magnitud exige una ejecución rigurosa para evitar ampliaciones de costo, retrasos contractuales o disputas técnicas durante la construcción. La fecha de conclusión en 2029 implica que el proyecto deberá sostenerse a través de varios ciclos presupuestales y cambios de administración, lo que eleva el riesgo de discontinuidad política. En infraestructura hídrica, los anuncios suelen ser más sencillos que la operación sostenida: obtener permisos, conectar sistemas, mantener la calidad del agua desalinizada y asegurar energía suficiente para el proceso son etapas donde los sobrecostos suelen aparecer con mayor claridad que en la fase de licitación.
La dimensión ambiental añade otro nivel de complejidad. La desalación permite aliviar la presión sobre acuíferos y fuentes continentales, pero genera salmuera y demanda energía de forma intensiva. Si no se diseña con criterios estrictos de manejo ambiental, el proyecto puede trasladar parte del problema del agua hacia el mar y hacia la matriz energética. En un contexto de transición climática, la discusión no puede limitarse a si la planta producirá agua, sino a qué costo ecológico y operativo lo hará. La transparencia sobre la disposición de residuos salinos, el consumo eléctrico y las medidas de mitigación será decisiva para medir su verdadero balance público.
Otro riesgo está en las expectativas. Presentar la desaladora como solución de fondo puede inducir una lectura simplificada del déficit hídrico regional. Rosarito y Tijuana requieren, además de nueva oferta, una política de demanda mucho más estricta: reciclaje de agua tratada, modernización de redes, revisión de usos agrícolas e industriales, y una planeación urbana que no siga extendiendo desarrollos donde el suministro ya opera al límite. Si la nueva planta se convierte en excusa para posponer esas decisiones, el problema de escasez sólo quedará aplazado y no resuelto.
En el mediano plazo, el proyecto puede modificar el mapa de desarrollo de la franja costera y del corredor metropolitano de Tijuana. Una fuente adicional de agua tiende a revalorizar suelo, destrabar inversiones y dar más holgura al crecimiento habitacional. Pero ese efecto, que en apariencia es positivo, también puede presionar aún más la demanda si no se acompaña de límites claros y de una política de distribución equitativa. El agua extra no garantiza justicia hídrica por sí sola; sin reglas de acceso transparentes, las zonas con mayor capacidad económica suelen absorber primero los beneficios de la nueva infraestructura.
La adjudicación a un consorcio privado especializado refuerza la lógica de colaboración entre Estado e iniciativa privada en obras de alto costo y complejidad técnica. Esa fórmula puede acelerar capacidades que el sector público no siempre tiene por sí mismo, aunque también exige supervisión estricta para que el interés público no quede subordinado a la rentabilidad del contrato. El verdadero examen de esta desaladora no se dará en el anuncio de la obra, sino en su capacidad real para entregar agua confiable, con costos controlados, impacto ambiental acotado y beneficios visibles para la población que hoy enfrenta las mayores carencias.
