Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Oaxaca señalan un posible esquema de presión económica vinculado a la familia de la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz, originaria de Santo Domingo Tonalá, en la región mixteca de Huajuapan de León. Los expedientes ministeriales y testimonios de vecinos apuntan a antecedentes de conflictos familiares, precariedad económica y señalamientos por conductas ilícitas que, según los quejosos, se habrían repetido a lo largo de los años.
La información contenida en las carpetas de investigación describe un patrón en el que se habrían utilizado acusaciones, amenazas y exigencias de dinero para resolver disputas personales. Aunque los casos más documentados involucran principalmente a Silvia Ríos Ortiz, hermana de la activista, también se mencionan episodios que alcanzan al entorno familiar en su conjunto.
Primer antecedente documentado: 2011
Uno de los expedientes más antiguos corresponde a la denuncia ratificada por José Manuel, quien señaló a Silvia Ríos Ortiz por presuntas lesiones, falsedad en declaraciones y extorsión. Según su testimonio, el 27 de septiembre de 2011 fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones tras una petición atribuida a Silvia, con quien mantenía una relación de concubinato. El denunciante relató que horas antes ambos sostuvieron una discusión y que, durante el altercado, ella lo agredió físicamente mientras profería frases como “Qué te importa, te vale madre, es mi vida” y “Vas a ver, te va a cargar la chingada”.
José Manuel afirmó que, tras su detención, un abogado contactó a sus familiares para solicitar 150 mil pesos a cambio de que Silvia no presentara querella. Al no efectuarse el pago, se promovió una denuncia que él consideró falsa. Este caso constituye el primer registro ministerial que vincula a la familia con un mecanismo de presión económica.
Acusación por robo de joyas y nueva denuncia de extorsión
Tras la agresión con ácido sufrida por María Elena Ríos, Silvia Ríos acusó a una joven contratada para labores de limpieza de haber sustraído un lote de alhajas valorado en aproximadamente 78 mil pesos. Personas cercanas a la familia señalaron que tales joyas nunca fueron vistas por quienes frecuentaban el domicilio, lo que generó dudas sobre la veracidad de la acusación. La trabajadora, además, mantenía adeudos por varios meses de salario.
La joven y su familia denunciaron posteriormente presuntas amenazas y actos de presión para obligarlos a cubrir el monto atribuido al supuesto robo. Esta situación derivó en una denuncia por extorsión presentada en diciembre de 2020, donde se detallaron exigencias económicas y amenazas dirigidas tanto a la empleada como a sus parientes.
El caso con Tenoch Huerta y las versiones sobre presión económica
El conflicto público entre María Elena Ríos y el actor Tenoch Huerta añadió otra capa de controversia. La saxofonista lo acusó de violencia sexual y emocional, además de practicar stealthing. El actor negó los señalamientos. Versiones cercanas al caso sostienen que, antes de hacer públicas las acusaciones, habría existido un intento de presión económica para evitar la difusión del asunto. Hasta la fecha, sin embargo, no existe una resolución judicial firme que confirme o desmienta esa versión.
Apoyo gubernamental y conflicto posterior
El gobierno de Oaxaca otorgó a María Elena Ríos recursos por aproximadamente 2.7 millones de pesos destinados a su atención médica, medicamentos y rehabilitación tras la agresión con ácido. El posterior retiro o modificación de ese apoyo derivó en un conflicto mediático y legal entre la activista y la administración estatal. Este episodio ha sido utilizado por sus críticos para cuestionar el uso de recursos públicos y la conducta del entorno familiar.
Las denuncias acumuladas han abierto un debate sobre la posible instrumentalización de causas personales y legales por parte de la familia Ríos Ortiz. Mientras María Elena mantiene su posición como víctima de un ataque que generó amplia solidaridad, los expedientes ministeriales y los testimonios recabados permiten observar un historial de disputas económicas que, según los quejosos, habrían seguido un patrón recurrente. Hasta el cierre de esta edición, la saxofonista no ha respondido a las solicitudes de entrevista realizadas desde el 23 de junio.
