La expansión agrícola de colonias menonitas volvió a colocarse en el centro del debate ambiental en México y en otros países de América Latina, luego de nuevas denuncias sobre desmontes extensivos, cambio de uso de suelo sin autorización y uso de estructuras comunitarias y corporativas para adquirir y operar tierras. El caso no se limita a un solo territorio: involucra a Chihuahua, la península de Yucatán, Belice, Guatemala, Paraguay, Bolivia y Perú, donde organizaciones civiles y observadores han señalado patrones similares de apropiación de terrenos forestales y acelerada transformación productiva.
De Chihuahua al sureste
La presencia menonita en México se remonta a la invitación de Álvaro Obregón para colonizar tierras con potencial agropecuario en Chihuahua. Desde entonces, estas comunidades han sido reconocidas por su disciplina laboral, la producción de quesos y la capacidad de hacer rendir terrenos difíciles. Pero su crecimiento demográfico y la expansión de sus colonias impulsaron una búsqueda permanente de nuevas superficies, primero en el norte del país y después hacia el sureste, donde encontraron bosques tropicales, ejidos y propiedades comunales con mayor presión ambiental y menor capacidad institucional de vigilancia.
El mecanismo de expansión
De acuerdo con denuncias públicas, las comunidades no compran tierras siempre a título individual, sino mediante iglesias, fideicomisos, corporaciones privadas y liderazgos religiosos que concentran la gestión. Esa arquitectura, además de ordenar la vida interna, dificulta la trazabilidad de responsabilidades cuando se abren potreros, se desmonta selva o se consolidan explotaciones agropecuarias. En México, esas prácticas podrían encuadrar en delitos ambientales previstos en el artículo 418 del Código Penal si se comprueba deforestación sin permiso de cambio de uso de suelo ni manifestación de impacto ambiental.
El punto de fricción no está solo en la ocupación de la tierra, sino en la velocidad con que se transforma. Una vez adquiridos o arrendados los predios, el bosque desaparece con rapidez y la superficie pasa a integrarse a cadenas productivas agrícolas y ganaderas. En ese tránsito, los títulos internos que reciben las familias, sin valor fuera de la comunidad, refuerzan el control colectivo y dificultan que la propiedad salga del circuito cerrado de la colonia. Esa lógica reduce la posibilidad de disidencia interna y, al mismo tiempo, complica eventuales acciones legales externas.
La respuesta institucional, en duda
Las cifras acumuladas en la región son altas. En Campeche y Quintana Roo se han documentado miles de hectáreas afectadas; en Belice, la devastación atribuida a colonias menonitas supera las 40 mil hectáreas, incluso en zonas cercanas a áreas naturales protegidas como el Corredor Forestal Maya. En Paraguay, Bolivia y Perú, el avance sobre el Chaco y la Amazonia se mide en millones de hectáreas. El problema de fondo es la ausencia de sanción efectiva: autoridades locales, ambientales y agrarias rara vez logran detener a tiempo la deforestación o construir expedientes sólidos contra responsables concretos.
La pregunta sobre por qué no actúa con firmeza la Semarnat en México resume una falla mayor del Estado: fragmentación de competencias, inspección insuficiente y una red de intermediarios que hace más difícil individualizar conductas. Mientras la expansión continúe respaldada por crédito, por instrumentos comunitarios y por una tolerancia administrativa prolongada, el costo ambiental seguirá creciendo. Lo que está en juego no es solo el avance de una comunidad agrícola, sino la capacidad pública para hacer valer la ley en territorios donde el bosque aún cede más rápido que la autoridad.
