Tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme el sistema de cálculo del decomiso en la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani actualizó la cifra con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. El monto total del recupero de activos se eleva ahora a 898.000 millones de pesos. Esta suma surge de aplicar la inflación interanual superior al 30 % sobre el último cómputo oficial de julio de 2025, que había alcanzado 685.000 millones de pesos. La resolución del máximo tribunal también habilita de inmediato las medidas de ejecución patrimonial, incluido el posible remate de bienes de los condenados.
El origen del cálculo y su evolución
El Tribunal Oral Federal 2 había estimado originalmente el perjuicio fiscal en 84.835 millones de pesos. Esa base se actualizó en mayo de 2025 mediante el IPC y llegó a 685.000 millones. La fiscalía realizó luego un nuevo ajuste que incorpora 212.861 millones adicionales, lo que produce el total vigente de 898.000 millones. La valoración definitiva se conocerá en el momento de la ejecución de la pena, cuando los organismos técnicos de la Justicia realicen el cómputo final. El criterio de actualización responde a la necesidad de preservar el valor real de los fondos públicos afectados por la maniobra investigada.
El perjuicio se determinó a partir de dos elementos principales: la cartelización de las licitaciones que benefició sistemáticamente a las empresas de Lázaro Báez y un sobreprecio promedio del 20 % en las obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad entre 2003 y 2015. La sentencia condenatoria estableció que la obligación de restituir el dinero es solidaria entre todos los condenados, sin asignar cuotas individuales. Esta responsabilidad compartida implica que cualquier condenado puede ser requerido por el monto total, aunque la distribución final dependerá de las medidas ejecutivas que se dicten.
Bienes alcanzados y recursos pendientes
El TOF 2 ya aprobó una lista de 111 inmuebles vinculados a Lázaro Báez y a Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellos figuran diez departamentos y dos casas en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz. También se incluyeron diecinueve propiedades a nombre de los hijos de la ex presidenta. La defensa de Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para cuestionar la ejecución de los bienes atribuidos a Máximo y Florencia Kirchner. Paralelamente, el fiscal Luciani solicitó al tribunal que evalúe un segundo grupo de propiedades vinculadas a las empresas Los Sauces y Hotesur, entre ellas el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario. Las tareas de identificación de nuevos activos continúan en curso.
Contexto procesal y alcance de la sentencia
La causa Vialidad investigó 51 licitaciones de obra pública vial ejecutadas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El fallo condenatorio determinó que las adjudicaciones se realizaron de manera sistemática a favor del Grupo Austral. La Corte Suprema ratificó tanto el sistema de actualización del decomiso como el avance de las medidas patrimoniales, lo que otorga efecto inmediato a la ejecución. El proceso de recuperación de activos se sustenta en la necesidad de reparar el daño fiscal acreditado, sin que el tribunal haya establecido proporciones individuales entre los condenados. Esta dinámica solidaria constituye un elemento central del régimen de ejecución que ahora comienza a desplegarse.
La actualización monetaria mediante el IPC responde a un principio de integridad patrimonial: el Estado busca recuperar el valor real de los recursos que, según la sentencia, fueron indebidamente desviados. Al mismo tiempo, la lista de bienes ya aprobada y el análisis de propiedades adicionales permiten visualizar el alcance práctico de la medida. La resolución de los recursos pendientes y la identificación de nuevos activos determinarán el ritmo y la extensión final del recupero.
