El pasado 11 de julio un juez del Estado de México resolvió que la detención del profesor Alfonso “N” por el delito de abuso sexual fue ejecutada conforme a derecho. El director de la Unidad Pedagógica Celestin Freinet en Ixtapaluca enfrenta cargos por presuntos tocamientos a un menor de cinco años inscrito en el plantel que encabeza. La resolución judicial abre paso a la continuación del proceso penal y ordena al mismo tiempo investigar el uso de la fuerza por parte de la Policía Municipal durante la aprehensión.
Secuencia de los hechos del 7 de julio
Según la denuncia presentada por Marisol Álvarez Odilón, madre del menor, el día de los hechos recogió a su hijo y lo vio salir de un salón distinto al habitual. El niño se abrazó a sus piernas y, al ser interrogado, señaló que el director le había bajado los pantalones y tocado sus genitales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) registró la queja ese mismo día y procedió a la detención horas después.
Los hechos ocurrieron en la colonia 20 de Noviembre, donde se ubica el preescolar. El menor, de cinco años, cursaba el nivel inicial en esa institución pública. La madre relató que el niño mostró señales de angustia inmediata tras el supuesto incidente, lo que motivó la denuncia ante las autoridades estatales.
Argumentos de la defensa en la audiencia inicial
Durante la audiencia inicial, los abogados del imputado presentaron tres testigos y videos de vigilancia con el objetivo de cuestionar la hora exacta de los hechos y demostrar posibles contradicciones en los testimonios. El juez examinó el material y concluyó que las declaraciones resultaban subjetivas y que las grabaciones podían haber sido alteradas. Por esa razón, desestimó los elementos aportados por la defensa y mantuvo la legalidad de la detención.
El Ministerio Público aportó elementos suficientes para vincular provisionalmente al director con el delito de abuso sexual. El juez consideró que existía riesgo tanto para la víctima como para la comunidad escolar, por lo que decretó prisión preventiva oficiosa mientras avanza la investigación.
Orden de investigar el actuar policial
De manera paralela, el juez instruyó a la FGJEM abrir una carpeta de investigación por posible abuso de autoridad. Los videos exhibidos durante la audiencia mostraron el momento en que elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca redujeron al director. El juzgador consideró que las imágenes podrían indicar uso excesivo de la fuerza y ordenó esclarecer si existió violación a protocolos de detención.
Esta decisión refleja el interés del sistema judicial por revisar no solo los hechos imputados al profesor, sino también el procedimiento seguido por las autoridades locales. En el Estado de México, los casos que involucran a funcionarios públicos o elementos de seguridad suelen generar carpetas adicionales para garantizar transparencia.
Manifestación en las inmediaciones del penal
Al conocerse la resolución judicial, un grupo de profesores y padres de familia se congregó frente a los juzgados del penal de Huitzilzingo. Los manifestantes exigieron la liberación inmediata del director y cuestionaron la rapidez con la que se ejecutó la detención. La protesta transcurrió de forma pacífica y no generó incidentes reportados por las autoridades.
La presencia de la comunidad educativa evidencia la polarización que ha generado el caso dentro de la localidad. Mientras algunos sectores respaldan la denuncia de la madre, otros defienden la trayectoria profesional del director y solicitan que se agoten todas las instancias antes de emitir juicios definitivos.
Próximos pasos del proceso
El imputado solicitó la ampliación del plazo para la vinculación a proceso. La siguiente audiencia quedó programada para el 14 de julio, fecha en la que el juez determinará si formaliza la vinculación y continúa la investigación. Hasta ese momento, Alfonso “N” permanecerá en prisión preventiva.
El caso pone de relieve los desafíos que enfrentan las instituciones educativas cuando surgen acusaciones de esta naturaleza. Las autoridades estatales han indicado que se mantendrá la supervisión del plantel mientras se resuelve el proceso penal, con el fin de proteger tanto a los estudiantes como al debido proceso.
