El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, adelantó que el próximo Gobierno de Abelardo De La Espriella adoptará una postura más cautelosa en la negociación del salario mínimo para 2027. Según sus declaraciones a Caracol Radio, la discusión se regirá por criterios de sostenibilidad económica, productividad y preservación del poder adquisitivo, pero con incrementos inferiores a los aplicados recientemente.
Cambio de rumbo frente a la política salarial anterior
Gómez cuestionó el alza del 23 % decretada para 2026, al considerar que supera con creces la inflación y responde más a motivaciones políticas que a fundamentos técnicos. El funcionario advirtió que aumentos de esa magnitud no pueden repetirse de forma permanente, pues generan presiones sobre el empleo y la competitividad empresarial. Esta posición marca una distancia clara respecto del enfoque seguido en el último año.
Énfasis en productividad y estabilidad
El planteamiento central del equipo económico entrante consiste en vincular los ajustes salariales al crecimiento real de la productividad. Gómez insistió en que cualquier incremento debe ser compatible con la capacidad de las empresas para absorber mayores costos laborales sin afectar la generación de empleo ni acelerar la inflación. Esta fórmula busca evitar desequilibrios que terminen perjudicando precisamente a los trabajadores de menores ingresos que se pretende proteger.
En la práctica, ello implica que el aumento de 2027 probablemente se situará más cerca de la inflación esperada y no muy por encima de ella. El ministro designado reiteró que la política salarial debe ser “racional” y que decisiones excesivamente expansivas, como la de 2025 para 2026, respondieron a una lógica populista que el nuevo Gobierno no repetirá.
Desafíos para la negociación tripartita
La discusión anual que reúne al Gobierno, los empresarios y las centrales obreras se presenta como la primera prueba económica relevante para la administración De La Espriella. Las centrales sindicales suelen exigir alzas significativas para compensar el costo de vida, mientras que el sector productivo reclama contención para preservar márgenes y contratación. El mensaje anticipado por Gómez sugiere que el Ejecutivo buscará un punto intermedio que privilegie la sostenibilidad a largo plazo sobre incrementos inmediatos de mayor magnitud.
Expertos consultados señalan que un ajuste moderado podría contribuir a estabilizar las expectativas de inflación y a mejorar la previsibilidad para la inversión. Sin embargo, también advierten que una contención excesiva podría generar descontento social y presiones en el mercado laboral informal, donde se concentra buena parte de la población de menores ingresos.
Balance entre protección y viabilidad económica
El reto que enfrenta el futuro ministro de Hacienda radica en conciliar dos objetivos que no siempre avanzan al mismo ritmo: elevar el ingreso real de los trabajadores y mantener la salud general de la economía. Gómez ha dejado claro que la protección del poder adquisitivo sigue siendo prioritaria, pero solo cuando está respaldada por variables objetivas como el crecimiento del PIB, la evolución de la productividad y la situación fiscal.
En ese sentido, la declaración de Gómez anticipa una negociación más técnica y menos influida por consideraciones políticas de corto plazo. El resultado final dependerá de los datos que presente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y del margen de maniobra que tenga el Gobierno para mediar entre las partes. Por ahora, el mensaje es inequívoco: el salario mínimo de 2027 se definirá con criterios de moderación y sostenibilidad.
