El economista Miguel Gómez Martínez asumirá el Ministerio de Hacienda el próximo 7 de agosto con un mandato claro: detener el deterioro de las finanzas públicas. El déficit fiscal entre 7 % y 8 % del PIB, heredado del gobierno saliente, obliga a un ajuste inmediato que comienza con la congelación total del gasto público.
La estrategia contempla una reducción de 60 billones de pesos y la disminución de ministerios de 19 a 13. Esta medida no solo busca aliviar la presión sobre el Tesoro, sino también redimensionar un Estado que ha crecido por encima de su capacidad recaudatoria. La simplificación administrativa se presenta como condición necesaria para restaurar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.
Reforma tributaria y deuda
Gómez Martínez propone una reforma centrada en tres impuestos que priorice la simplificación y la atracción de capital. El actual sistema, calificado por el propio designado como de “complejidad diabólica”, ha expulsado inversión y limitado el crecimiento. Paralelamente, se buscará reperfilar la deuda para reducir el costo de corto plazo y recuperar la confianza de los mercados internacionales.
El plan distingue entre ajuste y recortes sociales: los subsidios a la población vulnerable se mantendrán, aunque se eliminarán filtraciones. El énfasis recae en el crecimiento como verdadera política social, con énfasis en construcción, minería y turismo para elevar el promedio anual del PIB por encima del decepcionante 1,7 % registrado recientemente.
La relación con el Banco de la República se regirá por el respeto a su autonomía, mientras que la lucha contra la evasión se apoyará en inteligencia artificial y en un régimen tributario más simple. El éxito dependerá de la capacidad del nuevo equipo para ejecutar un plan de ajuste creíble y sostenido en el tiempo.
