La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto la licitación para contratar los trabajos de desbroce, poda y control de vegetación en la red autonómica de carreteras de Córdoba. El lote correspondiente a la provincia cuenta con un presupuesto de 2.785.081,20 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 16 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de septiembre.
La contratación forma parte de un expediente dividido en ocho lotes, uno por cada provincia andaluza, con el que la administración autonómica pretende asegurar el mantenimiento de los márgenes viarios y reducir los riesgos asociados a la acumulación de maleza. La actuación combina tareas ordinarias de conservación con intervenciones específicas sobre árboles, arbustos, cañaverales y especies que pueden afectar a la visibilidad, al drenaje de la calzada o a la seguridad de la circulación.
Un contrato vinculado a la seguridad y la prevención
El pliego sitúa la seguridad vial entre los objetivos centrales de la prestación. La presencia de vegetación sin controlar puede ocultar señales, limitar la visión en curvas e intersecciones, invadir el espacio de circulación o dificultar la detección de animales, peatones u otros vehículos en los márgenes. Asimismo, el crecimiento de hierbas y restos vegetales puede obstaculizar cunetas y elementos de evacuación de agua, un factor relevante durante episodios de lluvia intensa.
La Junta también relaciona estos trabajos con la prevención de incendios forestales. El desbroce de los márgenes reduce la continuidad del combustible vegetal junto a la carretera, aunque su efecto depende de que las actuaciones se programen en los periodos adecuados, se retiren los residuos y se coordinen con las medidas generales de prevención en el entorno rural. Las vías pueden convertirse en áreas de propagación o de acceso para los servicios de emergencia, por lo que la conservación de sus bordes tiene una dimensión operativa además de paisajística.
Como criterio general, la empresa adjudicataria deberá mantener una franja de desbroce de al menos dos metros de anchura. El documento prevé excepciones cuando la Dirección del Contrato autorice una dimensión inferior, lo que permite adaptar la intervención a las características de cada tramo, a la presencia de infraestructuras, a condicionantes ambientales o a la configuración del terreno. Esa flexibilidad deberá aplicarse sin rebajar las exigencias de seguridad y conservación establecidas en el contrato.
Segado, podas y tratamientos específicos
Los trabajos previstos abarcan el segado de hierba, el despeje de vegetación y la poda de macizos arbustivos y cañaverales. También se contemplan actuaciones sobre adelfas y retamas, la tala o poda de árboles, la retirada de pinocha y la poda de pantallas de pinos para recuperar el gálibo de la vía, es decir, el espacio libre necesario para el paso seguro de los vehículos. El catálogo de operaciones muestra que la licitación no se limita a una limpieza estacional, sino que incorpora tratamientos para incidencias recurrentes en distintos tipos de márgenes.
El contrato incluye igualmente tratamientos con herbicidas y medidas contra la procesionaria. Su aplicación deberá ajustarse a las obligaciones ambientales y de seguridad recogidas en el pliego, especialmente por la proximidad de las carreteras a cultivos, zonas forestales y núcleos de población. La gestión de estas operaciones será uno de los aspectos más sensibles de la ejecución: la eficacia en el control de la vegetación debe compatibilizarse con la protección del suelo, el agua, la fauna y las especies vegetales presentes en el entorno.
La adjudicataria tendrá además que asumir los desvíos provisionales, la señalización y la regulación del tráfico que resulten necesarios durante las intervenciones. Esta obligación traslada a la empresa una parte esencial de la gestión de los trabajos en carretera, donde la poda, la tala o la ocupación de un arcén requieren medidas preventivas específicas. La planificación de los cortes o restricciones será determinante para limitar las molestias a los usuarios y evitar que las labores de mantenimiento generen nuevos riesgos en la circulación.
Experiencia mínima y control documental
Las condiciones técnicas exigen que la empresa disponga, como mínimo, de un jefe de operaciones de poda y desbroce y de un encargado. Ambos deberán acreditar al menos diez años de experiencia en trabajos realizados en márgenes de carreteras. La exigencia responde a la complejidad de actuar en una infraestructura abierta al tráfico, donde intervienen maquinaria pesada, riesgos de caída de ramas, necesidad de balizamiento y criterios de conservación que no siempre están presentes en labores de jardinería convencionales.
Durante el primer mes de vigencia del contrato, la empresa deberá reconocer el estado de las carreteras incluidas en el lote cordobés y elaborar una propuesta de programación. Esta fase inicial permitirá ordenar las prioridades según el volumen de vegetación, la proximidad de la temporada de alto riesgo de incendios, las necesidades de visibilidad o el estado de los sistemas de drenaje. También será clave para distribuir recursos en una provincia con una red viaria que atraviesa entornos urbanos, agrícolas y de montaña.
El pliego incorpora una obligación de seguimiento audiovisual. La adjudicataria deberá elaborar, por su cuenta, grabaciones antes, durante y después de los trabajos, mediante un vehículo equipado con cámaras o un dron. En cada tramo deberán identificarse los puntos kilométricos inicial y final, y la información deberá entregarse mensualmente a la administración. El sistema pretende aportar una base verificable para el control de la ejecución, la certificación de las unidades realizadas y la comprobación de que las intervenciones responden a las necesidades detectadas.
Retirada de residuos y exigencias ambientales
Todos los residuos procedentes de la poda y el desbroce deberán retirarse y entregarse a gestores autorizados. El pliego prohíbe acumular restos vegetales en el dominio público viario, salvo autorización excepcional. Esta condición busca evitar que los materiales se conviertan en combustible ante un incendio, bloqueen cunetas o deterioren la imagen y la funcionalidad de los márgenes. La correcta trazabilidad de los residuos será, por tanto, una parte sustancial de la prestación y no una tarea accesoria.
La empresa deberá aplicar buenas prácticas ambientales relacionadas con la prevención de incendios, el control de derrames, el almacenamiento de productos químicos, la segregación de residuos y la reducción del consumo de agua, energía y combustible. La licitación plantea así un marco en el que la conservación ordinaria de las carreteras se vincula a obligaciones ambientales concretas. El resultado dependerá de la calidad de la programación, de la supervisión administrativa y de la capacidad de la futura adjudicataria para ejecutar las tareas sin comprometer los valores del entorno.
