La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acordó este lunes impulsar acciones administrativas y legales para intentar impedir una reducción de ₡23.722 millones (USD 52,48 millones) al presupuesto del Poder Judicial correspondiente a 2026. Según las autoridades judiciales, el ajuste podría afectar la investigación criminal, la persecución penal y la prestación de otros servicios durante los últimos meses del año.
La decisión fue adoptada por la Corte Plena, que autorizó a la Presidencia de la Corte Suprema a realizar las gestiones que considere pertinentes frente al recorte que el Ministerio de Hacienda pretende incorporar mediante un presupuesto extraordinario, cuyo trámite deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa. Los recursos ya forman parte del presupuesto aprobado para 2026 y corresponden a partidas destinadas a la operación institucional durante el periodo restante.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción, con ₡9.536,3 millones (USD 21,10 millones). La cifra generó preocupación entre integrantes de la Corte por las posibles consecuencias para las labores policiales y de investigación criminal, en un momento en que las autoridades judiciales sostienen que necesitan mantener recursos disponibles para el cierre del año.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, advirtió que la tramitación del recorte ya tendría repercusiones sobre la capacidad institucional para ejecutar los fondos previstos, incluso si la Asamblea Legislativa finalmente rechaza la modificación. “Lamentablemente, a esta altura del año y bajo la dinámica de un presupuesto extraordinario, el daño está hecho”, afirmó.
Romero planteó dos posibles escenarios. El primero consiste en que la modificación continúe su trámite y la reducción se materialice, lo que, según señaló, provocaría “una afectación a la operativa del Poder Judicial y finalmente a la ciudadanía”. El segundo contempla que el Ministerio de Hacienda presente el ajuste ante el Congreso y que las diputaciones determinen que no resulta viable.
Sin embargo, la funcionaria explicó que aun en el segundo escenario existiría una limitación temporal. Mientras se toma una decisión, los fondos permanecerían congelados y el periodo disponible para ejecutarlos podría resultar insuficiente. Esto, sostuvo, podría traducirse en una subejecución presupuestaria y dificultar la atención de necesidades previstas para los últimos meses de 2026.
Advertencia sobre el sistema de justicia penal
Durante la sesión, el magistrado Gerardo Rubén vinculó el posible ajuste con las tareas de las instituciones que participan en el sistema de justicia penal. Señaló que 2026 ha sido un año fundamental en la lucha contra el crimen organizado y mencionó el trabajo del OIJ, el Ministerio Público, los jueces y juezas y la Defensa Pública.
“Un recorte para el sistema de justicia penal, para la investigación desde el Organismo de Investigación Judicial, para la persecución desde la Fiscalía, para la jurisdicción desde los jueces y juezas, para la Defensa Pública, nos significa un impacto que tendría consecuencias casi desastrosas”, manifestó.
Rubén cuestionó qué ocurriría durante el último cuatrimestre si no hubiera fondos suficientes para que policías, jueces, fiscales y defensores continuaran con sus labores. También afirmó que durante el año se ha reducido el número de homicidios y se han desarticulado bandas, aunque no atribuyó esos resultados a una partida presupuestaria específica.
Las magistraturas de la Sala Constitucional se abstuvieron de participar en la votación de Corte Plena. La decisión obedeció a que la controversia presupuestaria y las eventuales acciones legales del Poder Judicial podrían llegar a ser conocidas por esa misma Sala. Con el acuerdo aprobado, la Presidencia de la Corte queda facultada para valorar y emprender las gestiones correspondientes mientras el presupuesto extraordinario sigue su trámite legislativo.
