La Corte Suprema confirmó la cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios docentes y becas universitarias conforme a los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Sin embargo, el Gobierno considera que el fallo no altera sustancialmente su posición porque ya había firmado un acta con rectores y sindicatos el 10 de junio.
El acuerdo vigente como límite
Ese documento establece un incremento del 24,33 % en la masa salarial, 20 % en gastos de funcionamiento y hasta 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Según fuentes de Balcarce 50, “no vamos a pagar nada extra” y el Ejecutivo solo cumplirá lo pactado mientras espera la sentencia de primera instancia sobre el decreto 759/2025.
El tribunal máximo solo se pronunció sobre la medida cautelar y no sobre la constitucionalidad de la ley completa. Esta distinción permite al Gobierno sostener que el proceso judicial continúa y que no corresponde desembolsar fondos adicionales hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Reclamos pendientes de las universidades
Las casas de estudio advierten que el acuerdo de junio deja una brecha del 25-30 % respecto de lo dispuesto por la cautelar. Además, denuncian que solo se actualizó el programa Belgrano y que Progresar y otras becas permanecen sin recomposición desde diciembre de 2023. El CIN considera que la ejecución de la sentencia en primera instancia debería ser un trámite administrativo rápido.
El escenario revela una estrategia deliberada: el Gobierno utiliza el acuerdo parcial como escudo para limitar el impacto fiscal inmediato, mientras posterga el cumplimiento integral de la norma hasta que se defina el origen de los recursos en el Congreso. Esta táctica mantiene la tensión institucional sin generar un desembolso adicional en el corto plazo.
