Tijuana, BC.- Los contribuyentes en Baja California deberán prepararse para una supervisión más estricta de sus estados de cuenta, aportaciones de capital y solicitudes de devolución de IVA, advirtió el presidente del Colegio de Contadores Públicos del estado, Juan Carlos Loaiza Hernández. El llamado llega en un contexto en el que la autoridad fiscal ha endurecido sus procesos de revisión y en el que empresas de distintos tamaños enfrentan mayores exigencias para acreditar el origen de sus recursos y la trazabilidad de sus operaciones.
Loaiza Hernández explicó que las revisiones no se limitan a contrastar declaraciones con cifras reportadas. También incluyen verificar de dónde provienen los fondos utilizados para hacer aportaciones de capital y comprobar que cada movimiento tenga respaldo documental suficiente frente a la autoridad. Ese punto es especialmente relevante para compañías que reciben inversión de socios, reorganizan su estructura financiera o registran inyecciones de capital en periodos de expansión.
Los estados de cuenta bancarios también se han convertido en una pieza central de estas verificaciones. De acuerdo con el dirigente del gremio contable, ya no basta con tener registros internos ordenados: los contribuyentes deberán conservar documentación que permita sostener sus operaciones, sus declaraciones y sus estados financieros en caso de una revisión. En la práctica, esto obliga a una mayor disciplina administrativa y a una conciliación más cuidadosa entre lo contable, lo fiscal y lo bancario.
La devolución del IVA, un proceso más complejo
Uno de los puntos que más preocupan al sector empresarial es la devolución del IVA. Loaiza Hernández señaló que existen obstáculos para recuperar esos recursos, situación que atribuyó a una limitada capacidad financiera de la autoridad para hacer frente a esas solicitudes en tiempo y forma. Aunque no detalló casos concretos, su observación apunta a un problema recurrente para las empresas que dependen de esos flujos para sostener capital de trabajo y liquidez operativa.
En paralelo, el especialista recordó que la carga fiscal para las empresas no se reduce al Impuesto Sobre la Renta. A ello se suman las contribuciones de seguridad social, el impuesto estatal y las restricciones para aplicar determinadas deducciones. Bajo ese esquema, estimó que la presión total puede rondar 50% para varias compañías, una proporción que complica el arranque de negocios nuevos y retrasa la llegada al punto de equilibrio.
Empresas con pérdidas, pero con obligaciones vigentes
El impacto no se limita a las compañías en expansión o a las que solicitan devoluciones. También alcanza a empresas con pérdidas fiscales acumuladas, que igualmente deben cubrir una Participación de los Trabajadores en las Utilidades de 10%, aun cuando esos resultados negativos de ejercicios anteriores no puedan aplicarse para reducir el cálculo. Esa combinación, advirtió, puede generar tensiones en negocios jóvenes que atraviesan varios años de consolidación antes de empezar a reportar utilidades.
La advertencia resulta relevante porque en los primeros años de operación muchas firmas enfrentan inversiones iniciales elevadas, márgenes reducidos y una recuperación lenta. Si en esa etapa deben absorber simultáneamente cargas tributarias, cuotas de seguridad social y obligaciones laborales vinculadas a utilidades, la presión financiera puede limitar su capacidad para reinvertir o ampliar operaciones. Por ello, el cumplimiento fiscal deja de ser solo un asunto administrativo y se vuelve un factor de supervivencia empresarial.
Ante ese panorama, Loaiza Hernández recomendó a los contribuyentes mantenerse actualizados, buscar asesoría especializada y conservar toda la documentación que permita acreditar operaciones y atender una eventual revisión. Su llamado refleja un entorno en el que la defensa fiscal depende cada vez más de la evidencia documental y menos de explicaciones posteriores, por lo que la prevención contable y la trazabilidad de recursos adquieren un peso decisivo para personas físicas y morales.
