Jorge Adán García Martínez, señalado por autoridades estadounidenses como líder de un grupo de sicarios que operaba en San Luis Río Colorado, Sonora, fue sentenciado a 130 meses de prisión, equivalentes a casi 11 años, por coordinar la adquisición y el tráfico de armas destinadas a una facción del Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que García Martínez, de 21 años y residente de Roll, Arizona, recibió la condena el 25 de agosto, después de declararse culpable de colaborar en la recepción de armas de fuego destinadas a actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
La investigación estableció que, entre abril de 2023 y noviembre de 2024, varias personas realizaron compras simuladas de armas en establecimientos autorizados del área de Yuma, Arizona. Según las autoridades, esas adquisiciones se hicieron para García Martínez y posteriormente serían entregadas a integrantes de una organización criminal.
Uno de los hechos principales ocurrió el 21 de junio de 2024, cuando García Martínez coordinó la entrega de cinco pistolas y cargadores a Carlos Eduardo Díaz-Barba, también de 21 años y residente de San Luis, Arizona. Posteriormente, Díaz-Barba intentó introducir las armas a México por el puerto de entrada de San Luis, Arizona, presuntamente siguiendo instrucciones de García Martínez.
Los investigadores estadounidenses determinaron que el armamento tenía como destino a Los Salazares, una facción del Cártel de Sinaloa. Además del tráfico de armas, las autoridades vincularon a García Martínez con la dirección de Fuerzas Especiales Jackson, un grupo de sicarios con operaciones en San Luis Río Colorado.
La investigación también alcanzó a otros cinco acusados
De acuerdo con la evidencia electrónica obtenida durante las pesquisas, el grupo estaba relacionado con secuestros, torturas y homicidios. García Martínez fue detenido el 7 de octubre de 2024, después de que las autoridades descubrieran que presuntamente planeaba tomar represalias contra un grupo rival por un ataque ocurrido en San Luis, Sonora, en el que integrantes de su organización murieron o resultaron heridos.
El Departamento de Justicia indicó que la detención permitió interrumpir una célula dedicada al tráfico de armas que operaba en el área de Yuma y desmantelar el grupo de sicarios señalado por sus actividades en San Luis Río Colorado. La dependencia no informó sobre procesos judiciales en México relacionados con los hechos descritos.
La investigación también derivó en cargos contra Juan Carlos Yáñez Molina, Jonathan Daniel Hernández Noriega, José Guadalupe Cota García y Roani Hernández Jr., acusados de realizar compras simuladas de armas para García Martínez. Los cuatro se declararon culpables de proporcionar información falsa durante la adquisición de armamento y recibieron condenas de entre ocho y 36 meses de prisión.
Por su parte, Carlos Eduardo Díaz-Barba se declaró culpable de colaborar en la recepción de armas destinadas a una actividad relacionada con el tráfico de drogas. Su sentencia está programada para el 31 de agosto de 2026.
Las diligencias fueron encabezadas por Homeland Security Investigations en Yuma, con la participación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en El Centro, además de otras agencias federales estadounidenses.
