La disputa entre los gobiernos municipales de Juárez y Chihuahua por el costo de los servicios públicos dejó de ser una discusión meramente administrativa y adquirió una dimensión política con posibles efectos presupuestarios. Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Juárez con licencia, respondió a las críticas de expresidentes municipales panistas sobre los contratos de barredoras con una serie de comparaciones entre ambas ciudades. Según las cifras que expuso, Chihuahua paga 482 pesos por kilómetro barrido, frente a 354 pesos en Juárez, una diferencia de 128 pesos, equivalente a alrededor de 36 por ciento.
El señalamiento puede fortalecer la posición pública de la administración fronteriza, particularmente si logra demostrar que presta servicios equivalentes a menor costo y sin comprometer cobertura o calidad. Sin embargo, el alcance de la comparación dependerá de que los contratos sean realmente comparables, de que las cifras estén actualizadas y de que existan documentos verificables que permitan revisar metodología, alcances y resultados. Una diferencia de precio, por sí sola, no acredita eficiencia ni corrupción: puede reflejar condiciones operativas, obligaciones contractuales, características territoriales o distintos modelos de adquisición.
La batalla política se trasladará a los expedientes
La respuesta de Pérez Cuéllar plantea un cambio en el terreno de la confrontación. La denuncia original buscaba cuestionar contratos de Juárez; la réplica intenta colocar bajo escrutinio el gasto del municipio capitalino. En este escenario, ambas administraciones tienen incentivos para presentar los datos que más favorecen su narrativa, mientras que la ciudadanía necesita información completa para distinguir entre una defensa política y una evaluación objetiva del uso de recursos públicos.
El primer riesgo es que la discusión se convierta en una competencia de acusaciones sin una auditoría independiente. Para comparar el barrido mecanizado, por ejemplo, sería necesario conocer la longitud efectivamente atendida, la frecuencia del servicio, los horarios, el tipo y antigüedad de las máquinas, el costo de mantenimiento, el combustible, la disposición de residuos, los salarios incluidos y las penalizaciones por incumplimiento. También habría que determinar si el precio por kilómetro corresponde a una tarifa fija, a un promedio anual o a un cálculo derivado de pagos globales.
Si esos elementos no se transparentan, la diferencia de 128 pesos puede ser utilizada para influir en la opinión pública sin ofrecer una medición precisa del desempeño. El municipio que pague menos podría estar operando con mayor eficiencia, pero también podría tener menor cobertura, registrar menos kilómetros o transferir ciertos costos a otras partidas. Del mismo modo, un contrato más caro puede incluir servicios adicionales que no aparecen en una comparación superficial.
Luminarias y patrullas: cifras que requieren contexto
Pérez Cuéllar también afirmó que cada luminaria cuesta 6 mil 624 pesos en Chihuahua y 4 mil 125 en Juárez. Con base en las cantidades instaladas, estimó un gasto de 137 millones de pesos para la capital y de 93 millones para la frontera. La diferencia puede abrir una oportunidad para revisar compras, especificaciones técnicas y garantías, pero no debe interpretarse automáticamente como un sobreprecio.
En una adquisición de alumbrado público, el precio final puede variar según la potencia, la tecnología, la vida útil, los controles remotos, la instalación, la sustitución de postes, la obra eléctrica y el mantenimiento posterior. También es relevante saber si el costo informado corresponde exclusivamente a la luminaria o a un paquete integral. Comparar unidades con características distintas puede producir conclusiones erróneas; comparar productos idénticos, en cambio, permitiría identificar con mayor precisión posibles ahorros o deficiencias en la contratación.
El dato sobre las patrullas presenta una dificultad adicional. El municipio de Chihuahua, según la declaración, utiliza un esquema de arrendamiento, mientras que Juárez opta por la compra total. Ambos modelos distribuyen los costos de manera diferente en el tiempo. El arrendamiento puede reducir el desembolso inicial y facilitar la renovación de unidades, pero suele generar pagos periódicos, condiciones de kilometraje, seguros y obligaciones de devolución. La compra puede representar una inversión inicial mayor, aunque deja los vehículos como activos municipales y evita ciertas obligaciones contractuales.
Por ello, la estimación de una “pérdida” cercana a 442 millones requiere conocer el plazo, las tasas implícitas, el valor residual de las unidades, los servicios incluidos y el estado patrimonial de los vehículos. Sin esa información, el contraste puede ser útil como punto de partida para una revisión, pero no como conclusión definitiva sobre la gestión financiera de una ciudad.
Deuda pública y margen para nuevas obras
Otro de los argumentos expuestos se refiere a que la administración de Marco Bonilla adquirió 595 millones de pesos de deuda entre 2022 y 2025 y pagó 96 millones de intereses, mientras Juárez no tendría deuda. Esta diferencia sí puede tener efectos concretos sobre la capacidad presupuestaria futura. Los intereses reducen el dinero disponible para mantenimiento, seguridad, movilidad o servicios sociales, y los compromisos crediticios limitan la flexibilidad de gobiernos posteriores.
No obstante, la ausencia de deuda tampoco constituye por sí misma una prueba de mejor desempeño. El endeudamiento puede ser razonable cuando financia infraestructura de larga vida útil, siempre que exista capacidad de pago, transparencia y una evaluación clara de beneficios. Un municipio sin deuda puede conservar mayor estabilidad financiera, pero también haber pospuesto obras necesarias o depender en mayor medida de recursos corrientes y transferencias. La evaluación debe considerar ingresos propios, gasto operativo, obligaciones contingentes, pasivos con proveedores y nivel de inversión por habitante.
La discusión adquiere importancia por la solicitud de un crédito de 150 millones de pesos para iniciar la vialidad Poniente 5. La falta de confianza de legisladores y legisladoras, señalada por Pérez Cuéllar como una causa de la dificultad para aprobarlo, puede retrasar una obra que impactaría movilidad, conectividad y desarrollo urbano. Pero acelerar la autorización solo para evitar un costo político también implicaría riesgos. Antes de contratar, deberían revisarse el proyecto ejecutivo, el costo total, las fuentes de pago, los derechos de vía, las etapas de construcción y los beneficios esperados.
Más inversión no siempre significa mejor resultado
La comparación de infraestructura favorece ampliamente a Juárez en términos nominales: 5 mil 270 millones de pesos invertidos frente a 2 mil 543 millones en Chihuahua. Esa diferencia puede ser relevante para explicar la percepción de capacidad de gestión, pero necesita ajustarse por población, extensión territorial, crecimiento urbano, inflación, aportaciones estatales y federales, así como por el tipo de obras realizadas.
Un mayor gasto puede reflejar una agenda de infraestructura más ambiciosa, aunque también puede estar asociado con proyectos costosos, baja planeación o contratos poco competitivos. En sentido contrario, una inversión menor no necesariamente implica abandono si los recursos se concentran en mantenimiento, servicios sociales o seguridad. La métrica más útil no es únicamente cuánto se gastó, sino qué problema resolvió cada peso, cuántas personas se beneficiaron, cuánto durará la obra y cuál será su costo de operación.
La ausencia de indicadores compartidos impide actualmente una comparación integral. Para que las cifras tengan valor público, ambos municipios deberían divulgar bases de datos homogéneas: contratos, anexos técnicos, pagos, avances físicos, metas, sanciones y evaluaciones. También sería conveniente que los órganos de fiscalización revisaran las operaciones con criterios equivalentes, sin convertir la auditoría en un instrumento de disputa partidista.
El efecto sobre proveedores y decisiones futuras
La controversia puede generar un efecto positivo en el mercado de contrataciones. Si las empresas saben que los precios de barredoras, luminarias, patrullas y obras serán comparados públicamente, podrían aumentar la presión competitiva y presentar ofertas más eficientes. Los gobiernos, a su vez, tendrían incentivos para justificar mejor sus presupuestos y negociar condiciones que protejan el interés municipal.
Pero existe también un riesgo de parálisis. Una revisión políticamente cargada puede retrasar servicios indispensables, provocar litigios de proveedores o llevar a las autoridades a privilegiar el contrato de menor precio sin valorar calidad, continuidad y mantenimiento. En servicios urbanos, una interrupción puede afectar de inmediato a colonias, vialidades y seguridad. La supervisión debe ser rigurosa, pero no debe sustituir la planeación ni convertir cada diferencia de costos en una disputa que bloquee la operación pública.
Qué debería comprobarse antes de sacar conclusiones
La información disponible apunta a una disputa que merece revisión documental, no a una conclusión cerrada. Para determinar si existe una ventaja real de Juárez o un gasto injustificado en Chihuahua, será indispensable conocer los contratos completos, los procesos de licitación, los dictámenes técnicos, las facturas y los resultados medibles. También debe verificarse si los montos incluyen impuestos, instalación, mantenimiento, financiamiento y costos indirectos.
Una comparación confiable tendría que incorporar indicadores de calidad: kilómetros efectivamente barridos, luminarias funcionando, tiempo de respuesta de patrullas, vida útil de los equipos, kilómetros de vialidad construidos y beneficiarios directos. La transparencia no consiste únicamente en publicar cifras favorables, sino en permitir que terceros reproduzcan los cálculos y detecten diferencias entre lo contratado y lo entregado.
El debate entre Juárez y Chihuahua puede convertirse en una oportunidad para elevar el estándar de rendición de cuentas en los municipios de Chihuahua. También puede profundizar la polarización si los datos se usan como armas electorales y no como instrumentos de evaluación. El desenlace dependerá de si las autoridades aceptan someter sus afirmaciones a auditorías comparables, de si el Congreso exige información suficiente antes de autorizar nueva deuda y de si la ciudadanía obtiene respuestas sobre costos, calidad y resultados. La discusión más importante no es qué ciudad gasta menos en una partida, sino cuál administra mejor el dinero público a lo largo del tiempo y con beneficios verificables.
