El deterioro de las finanzas públicas colombianas ha alcanzado niveles que obligan a replantear las estrategias tradicionales de recaudo. Con un déficit cercano a 106 billones de pesos, equivalente al 5,3 % del PIB, y una deuda que podría acercarse al 70 % del PIB hacia finales de la década, el margen para nuevas cargas tributarias se ha estrechado considerablemente. Esta situación no surge de forma repentina: el recaudo tributario cayó del 16,7 % al 14,4 % del PIB en los últimos años, mientras los intereses de la deuda consumen ya uno de cada tres pesos recaudados. La combinación de presiones de gasto estructurales y una base gravable limitada ha convertido la búsqueda de ingresos adicionales en un asunto de prioridad nacional.
En este contexto, la propuesta de la abogada Katherine Díaz, exfuncionaria de la Dian y socia de V&V Asociados, ofrece tres mecanismos concretos que podrían incrementar los recursos sin necesidad de una reforma tributaria. Estos mecanismos se centran en tratados ya existentes, una negociación pendiente con Estados Unidos y la modernización tecnológica de la autoridad tributaria. Cada uno responde a fallas específicas que han limitado el potencial fiscal del país durante años.
El peso de los tratados estancados
Colombia mantiene apenas 15 convenios para evitar la doble imposición, una cifra muy inferior a la de México (más de 40) o Brasil (cerca de 30). Entre los acuerdos ya firmados pero sin ratificar figuran los suscritos con Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Luxemburgo, Países Bajos y Brasil. La demora en estos trámites no solo representa una pérdida de ingresos potenciales, sino que también mantiene a las empresas colombianas expuestas a cargas fiscales duplicadas cuando operan en el exterior. La ratificación de estos tratados permitiría, además, incorporar cláusulas modernas de intercambio de información y antiabuso, alineadas con los estándares BEPS y Pilar Dos de la OCDE. Países que han avanzado en esta ruta han logrado atraer inversión extranjera directa al ofrecer mayor seguridad jurídica, algo que Colombia sigue sin capitalizar plenamente.
La ausencia de un acuerdo con Estados Unidos
El principal socio comercial de Colombia carece de un convenio de doble imposición sobre la renta. Esta omisión genera incertidumbre para los inversionistas estadounidenses y desvía capital hacia destinos regionales como Ciudad de México o Santiago de Chile, donde sí existen marcos más claros. Una negociación exitosa con Washington no solo facilitaría la repatriación de utilidades, sino que establecería reglas técnicas para el intercambio automático de información financiera. El proceso es complejo tanto por razones técnicas como políticas, pero su potencial impacto en el flujo de capitales es superior al de los demás mecanismos propuestos. Convertir esta negociación en política de Estado, con una unidad técnica permanente, evitaría que los avances dependan de afinidades diplomáticas temporales.
Modernización de la Dian y control de la evasión
El sistema Muisca, diseñado en 2006 para atender 200.000 contribuyentes, hoy debe gestionar más de 700.000. Esta brecha tecnológica limita la capacidad de fiscalización y cruce de información. Existe un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 250 millones de dólares aprobado desde 2018, pero su ejecución apenas alcanzaba el 33 % a finales de 2024. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos podría cerrar espacios de evasión y contrabando, generando decenas de billones adicionales sin modificar tarifas. Experiencias en Chile y Perú muestran que la modernización de las administraciones tributarias puede elevar el recaudo entre 1,5 y 2 puntos del PIB cuando se combina con ampliación de base y reducción de beneficios ineficientes.
Impactos regionales y de competitividad
La brecha en número de tratados afecta directamente la competitividad de las empresas colombianas frente a sus pares latinoamericanos. Mientras México y Brasil ofrecen mayor cobertura de protección fiscal a sus inversionistas, Colombia sigue dependiendo de regímenes bilaterales limitados. Esto se traduce en menores flujos de inversión extranjera directa en sectores estratégicos como energía, infraestructura y tecnología. Además, la ausencia de acuerdos modernos reduce la capacidad del Estado para combatir estructuras de elusión utilizadas por grandes corporaciones, un fenómeno que erosiona la base gravable de forma silenciosa.
Consecuencias a largo plazo para la sostenibilidad fiscal
La implementación de estas tres vías podría estabilizar el recaudo sin generar resistencia política adicional por aumentos de tarifas. Sin embargo, su éxito depende de la capacidad de convertir la gestión tributaria en una política de Estado sostenida en el tiempo. Si se logra ampliar la base gravable, combatir la informalidad y revisar beneficios fiscales ineficientes, el país podría reducir gradualmente su dependencia de ingresos volátiles y mejorar la relación deuda-PIB. En caso contrario, el margen fiscal seguirá estrechándose, limitando la inversión pública en infraestructura, educación y salud durante la próxima década. El verdadero desafío radica en transformar estas propuestas técnicas en decisiones políticas concretas que trasciendan los ciclos electorales.
