La estimación de Bancolombia sobre un avance del 2,7% en el segundo trimestre de 2026 y del 2,4% en el primer semestre sitúa a Colombia en una senda de recuperación moderada justo antes del relevo presidencial. Sin embargo, el cierre de la administración de Gustavo Petro deja abiertos interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal que el próximo gobierno de Abelardo De La Espriella deberá enfrentar desde el 7 de agosto.
Los datos sectoriales muestran un comportamiento heterogéneo. La industria registró un alza anual del 3,7% en junio, la agricultura creció 3,5%, el comercio avanzó 4% y el sector financiero se expandió 6%. En cambio, la construcción apenas alcanzó 0,6% y la minería permaneció en terreno negativo con una contracción del 0,5%. Esta distribución indica que la recuperación se concentra en actividades de servicios y primarias, mientras los sectores de inversión intensiva siguen rezagados.
Deuda heredada y pagos de administraciones previas
El economista Jorge Coronel ha señalado que la deuda neta del Gobierno central cerró 2025 en 58,6% del PIB, un nivel inferior al pico de 60,7% registrado en 2020 por la pandemia. El incremento de este indicador no comenzó con la gestión actual: pasó de cerca del 33% del PIB en 2012 a 48% en 2019. Parte del esfuerzo fiscal reciente se destinó a cancelar obligaciones contraídas anteriormente, entre ellas 23,1 billones de pesos al FMI entre 2024 y 2025 y cerca de 83,9 billones para cubrir el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles generado durante el congelamiento de precios en la emergencia sanitaria.
La refinanciación de pasivos mediante canjes y recompras de títulos constituye una práctica estándar de gestión de tesorería. No obstante, cuando esta herramienta se convierte en el mecanismo principal para atender compromisos, los mercados pueden reaccionar con mayor exigencia sobre los costos de financiamiento futuro.
La visión empresarial sobre sostenibilidad
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha advertido que el gobierno saliente entrega una economía con déficit fiscal elevado, mayor costo de la deuda y deterioro de la confianza empresarial. Aunque reconoce avances en desempleo y reducción de pobreza, considera que estos resultados carecen de bases estructurales y responden a medidas de carácter temporal. El diagnóstico empresarial apunta a un gasto público que no incorporó suficientemente los efectos de mediano y largo plazo sobre las finanzas nacionales.
Esta perspectiva contrasta con la lectura de Coronel, quien subraya que el deterioro fiscal tiene raíces anteriores a la administración Petro y que parte de los desequilibrios actuales provienen de menores ingresos tributarios derivados de decisiones judiciales y legislativas previas. La discrepancia entre ambas posiciones refleja la tensión entre quienes enfatizan la responsabilidad heredada y quienes destacan la gestión reciente del gasto.
Reactivación de inversión como prioridad
Corficolombiana ha propuesto centrar la reactivación en vivienda, infraestructura y sector mineroenergético, sectores que aún permanecen por debajo de los niveles previos a la pandemia. El esquema “3-2-1” contempla la construcción de un millón de soluciones habitacionales, el inicio de 5.000 kilómetros de red vial primaria y la recuperación de un millón de barriles diarios de petróleo. El cumplimiento de estas metas requeriría compromisos cercanos a 80 billones de pesos en el cuatrienio, en un contexto de fragilidad fiscal.
Si los sectores rezagados recuperan los niveles de inversión anteriores a la pandemia, Colombia podría sumar un punto porcentual adicional al crecimiento y elevar la tasa de inversión al menos hasta el 22% del PIB, con la generación estimada de 500.000 empleos. Esta proyección depende, sin embargo, de la capacidad de ejecución y de la disponibilidad de fuentes de financiamiento innovadoras.
Riesgos de ejecución y estabilidad macroeconómica
El próximo gobierno enfrentará simultáneamente la necesidad de estabilizar las finanzas públicas y de impulsar la inversión. Una disciplina fiscal excesivamente rígida podría frenar el gasto en infraestructura y vivienda, mientras que una relajación prematura podría elevar las primas de riesgo. La coordinación entre el nivel nacional y las regiones, junto con la modernización de consultas previas y la estabilidad jurídica para proyectos de interés estratégico, constituirán factores determinantes para atraer capital privado.
La persistencia de inflación y la pérdida de confianza de inversionistas añaden complejidad al escenario. Si las reformas propuestas para agilizar trámites y desarrollar yacimientos no convencionales no avanzan con rapidez, la recuperación de la inversión podría extenderse más allá del horizonte del nuevo mandato, limitando el impacto sobre el empleo y el crecimiento potencial.
