El gobierno de Coahuila ha decidido concentrar sus esfuerzos en los factores que puede controlar directamente: seguridad, formación de mano de obra e infraestructura logística. Esta postura surge tras la decisión estadounidense de someter el T-MEC a revisiones anuales hasta 2036, en lugar de una prórroga automática de dieciséis años. La medida introduce un calendario de incertidumbre que afecta principalmente a los sectores del acero, aluminio y automotriz, donde las exenciones arancelarias ya no están garantizadas.
Las empresas instaladas en la entidad, muchas de ellas proveedoras de cadenas de valor estadounidenses, enfrentan ahora la necesidad de recalcular costos y plazos de inversión. El secretario de Economía estatal, Luis Olivares, ha señalado que las negociaciones federales continúan y que el 20 de julio se celebrará una nueva ronda de conversaciones. Sin embargo, la estrategia local se orienta a reducir la dependencia de decisiones que se toman en Washington.
Una primera línea de análisis muestra que la certidumbre que Coahuila puede ofrecer tiene límites estructurales. La seguridad y la infraestructura mejoran el atractivo de la entidad, pero no sustituyen la estabilidad arancelaria que requieren los contratos de largo plazo en la industria automotriz. Cuando un fabricante de autopartes evalúa una inversión de 150 millones de dólares con horizonte de diez años, la posibilidad de que se impongan aranceles cada doce meses altera radicalmente el cálculo de retorno. En este sentido, las acciones estatales funcionan como un amortiguador parcial, no como una solución definitiva.
El segundo elemento relevante es la presión que ejercen las propias empresas estadounidenses. Varias de ellas ya realizan cabildeo en Washington para que se reconsideren las revisiones anuales, conscientes de que cualquier interrupción en el flujo de componentes desde México elevaría sus costos de producción. Esta coincidencia de intereses entre empresarios de ambos lados de la frontera abre un canal de influencia que el gobierno de Coahuila busca aprovechar mediante coordinación con la Federación.
Desde la perspectiva de los trabajadores, la situación genera inquietud. Los empleos en el sector automotriz representan una proporción significativa de la planta productiva de Coahuila. Una escalada arancelaria podría traducirse en reducción de turnos o, en escenarios más graves, en reubicación parcial de líneas de ensamble hacia otros estados o países. Las organizaciones sindicales locales han comenzado a solicitar información sobre planes de contingencia, aunque hasta ahora las autoridades estatales han evitado pronunciamientos alarmistas.
Una tercera consideración apunta a la estrategia de diversificación de mercados que el propio gobierno federal ha iniciado. Coahuila podría beneficiarse de acuerdos comerciales adicionales con la Unión Europea o con países del sudeste asiático, siempre que se desarrollen capacidades logísticas y aduaneras que permitan exportar productos distintos a los que hoy se dirigen casi exclusivamente al mercado estadounidense. No obstante, la reconversión productiva requiere tiempos y capital que no siempre coinciden con los plazos de las revisiones anuales del T-MEC.
El riesgo más inmediato radica en la posible fragmentación de las cadenas de suministro. Proveedores de acero y aluminio ya evalúan escenarios en los que un arancel del 10 % o 25 % se active de manera temporal durante las revisiones. En tales condiciones, algunas empresas podrían acelerar proyectos de nearshoring hacia jurisdicciones con tratados más estables, reduciendo la participación de Coahuila en proyectos de expansión. Esta dinámica no es hipotética: casos similares se observaron durante las tensiones comerciales de 2018-2019, cuando varias inversiones automotrices se pospusieron hasta aclararse el panorama arancelario.
Las autoridades estatales insisten en que la competitividad de Coahuila se mantiene gracias a su posición geográfica y a la calidad de su fuerza laboral. Sin embargo, la ausencia de garantías arancelarias multiplica la importancia de cada decisión local. Un retraso en la modernización de un parque industrial o un incremento en los índices de inseguridad pueden convertirse en factores decisivos cuando las empresas comparan opciones entre varios estados mexicanos o entre México y otros países de América del Norte.
En términos de prospectiva, el escenario más probable para los próximos tres años combina revisiones anuales con ajustes parciales negociados. Es decir, el T-MEC no desaparecerá, pero tampoco ofrecerá la previsibilidad que caracterizó su primera etapa. En ese contexto, los estados que logren construir ecosistemas industriales más resilientes —mediante capacitación técnica continua, seguridad efectiva y logística eficiente— tendrán ventaja relativa, aunque siempre subordinada a los resultados de las negociaciones federales.
El análisis de riesgos debe incluir también la posibilidad de que las revisiones anuales se utilicen como herramienta de presión en otros temas bilaterales, como migración o seguridad fronteriza. Si esto ocurre, los sectores productivos de Coahuila podrían verse afectados indirectamente por decisiones ajenas a su desempeño económico. La diversificación de mercados, por tanto, deja de ser una opción estratégica deseable para convertirse en una necesidad de supervivencia a mediano plazo.
