La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó apoyos a 25 mil nuevas personas dentro del programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU), elevando el padrón total a más de 97 mil beneficiarios. El anuncio se realizó en el campo de fútbol de la Utopía Mixiuhca y marca un paso adicional hacia la meta de 155 mil inscritos para finales de 2026. El programa otorga dos mil pesos bimestrales a residentes de entre 57 y 59 años sin otro requisito que la edad y la residencia en la capital.
Este esfuerzo busca cubrir el tramo de edad previo a la pensión para adultos mayores, un periodo en el que muchas personas enfrentan mayor dificultad para conservar empleos formales y acceden a menos servicios de salud. La medida continúa la tradición capitalina de crear programas sociales que luego se replican a nivel nacional, como ocurrió con la Pensión para Personas Adultas Mayores.
Brecha de protección antes de los 60 años
El ICU atiende un vacío específico: personas que ya no encuentran fácilmente trabajo asalariado pero aún no califican para la pensión universal. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que la tasa de participación laboral en el grupo de 55 a 59 años en la Ciudad de México cayó casi cinco puntos porcentuales entre 2019 y 2024. La entrega bimestral de dos mil pesos representa aproximadamente 18 por ciento del ingreso promedio de un hogar unipersonal en esa franja etaria, según encuestas de ingresos y gastos del propio INEGI.
Impacto en la estructura de gasto social
La incorporación de 25 mil nuevos beneficiarios implica un desembolso adicional cercano a 600 millones de pesos anuales. Si la meta de 155 mil se alcanza, el costo anual rondaría los 3 mil 720 millones de pesos. Esa cifra equivale a cerca de 1.8 por ciento del presupuesto total de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México para 2026. El programa se financia con recursos locales, lo que reduce la dependencia de transferencias federales pero aumenta la presión sobre la recaudación propia.
Una política que redefine la noción de universalidad
A diferencia de programas focalizados que exigen comprobantes de ingreso o situación laboral, el ICU elimina filtros de exclusión. Esta característica reduce costos administrativos de verificación y minimiza el estigma asociado a la recepción de ayudas. Sin embargo, también plantea la pregunta de si los recursos llegan efectivamente a quienes más los necesitan o si se distribuyen de manera uniforme sin considerar diferencias de patrimonio dentro del mismo grupo de edad.
Perspectivas de beneficiarios y autoridades locales
Para muchas personas de 57 a 59 años, el apoyo representa un alivio inmediato frente a gastos médicos y de transporte. Testimonios recogidos durante la entrega en Mixiuhca destacan que el recurso se destina principalmente a medicinas y alimentos básicos. Desde el gobierno capitalino se argumenta que la medida fortalece el tejido de protección social y prepara el terreno para una transición ordenada hacia la pensión a los 65 años.
Organizaciones de la sociedad civil dedicadas al seguimiento de políticas sociales señalan que el programa podría reducir la informalidad entre adultos cercanos a la jubilación, al ofrecer un colchón que permite rechazar empleos precarios. En cambio, algunos analistas de finanzas públicas advierten que la ausencia de mecanismos de salida gradual podría generar dependencia y dificultar la reinserción laboral de quienes aún conservan capacidad productiva.
Riesgos fiscales y de sostenibilidad
El crecimiento sostenido del padrón plantea interrogantes sobre la capacidad de la hacienda local para mantener el ritmo de expansión sin afectar otras partidas presupuestales. Un escenario de bajo crecimiento económico o caída en la recaudación del impuesto sobre nómina podría obligar a recortes en otros programas de atención primaria. Además, la indexación implícita del monto bimestral a la inflación futura no está definida por ley, lo que deja margen para ajustes discrecionales en periodos de restricción fiscal.
Tendencias hacia la integración con sistemas de pensiones
El diseño actual contempla que, al cumplir 60 años, los beneficiarios puedan migrar a otros apoyos intermedios antes de acceder a la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores. Esta secuencia busca evitar huecos de protección, pero requiere coordinación efectiva entre dependencias locales y federales. Si la integración falla, existe el riesgo de que algunas personas queden temporalmente sin apoyo durante la transición.
En el mediano plazo, el programa podría servir como laboratorio para evaluar la viabilidad de un ingreso básico garantizado en edades cercanas a la jubilación a escala nacional. Los resultados de cobertura y efectos sobre la salud y el consumo de los beneficiarios serán observados por otras entidades federativas que enfrentan envejecimiento poblacional similar.
