La compra de un dron por casi dos millones de pesos en la alcaldía Xochimilco colocó a su titular, la morenista Circe Camacho Bastida, en el centro de una revisión de la Contraloría capitalina. La dependencia confirmó que abrió una investigación tras la publicación de La Razón sobre la adquisición del equipo, considerado el más costoso de la Ciudad de México en su tipo. El caso suma tensión política y administrativa a una gestión que ya enfrenta preguntas sobre el uso de recursos públicos y la justificación técnica de sus compras.
La secretaria de la Contraloría de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, informó a este diario que el expediente ya fue abierto, sin detallar plazos ni alcances de la indagatoria. La revisión ocurre después de que la demarcación no había hecho público el contrato, no había explicado para qué se usaría el dron, qué área aprobó su adquisición ni si el aparato había sido efectivamente entregado o puesto en operación.
En términos administrativos, la opacidad sobre un bien de alto costo no es un detalle menor. Cuando una alcaldía adquiere tecnología especializada, la trazabilidad del gasto debe quedar clara desde el origen: necesidad pública, autorización interna, procedimiento de compra, entrega y uso operativo. Si alguno de esos eslabones falta, el problema deja de ser sólo contable y se convierte en una señal de riesgo sobre la integridad del proceso.
El señalamiento se agrava por el contexto financiero en que se da la compra. De acuerdo con lo reportado, la demarcación también enfrenta cuestionamientos por la adjudicación de 65 contratos a dos empresas ligadas a un mismo empresario, por hasta 90 millones de pesos, para la adquisición de equipos presuntamente comprados a sobreprecio. Aunque ambos asuntos deben analizarse por separado, comparten un patrón que suele encender alertas en los órganos de control: concentración de contrataciones, falta de transparencia documental y dudas sobre la pertinencia de los montos pagados.
La Contraloría tendrá que determinar primero si hubo irregularidades formales en la contratación del dron y, después, si el gasto respondió a una necesidad real y debidamente justificada. También deberá verificar si existió el bien físico, en qué fecha ingresó al patrimonio de la alcaldía y qué usos concretos se le asignaron. Sin esa información, resulta difícil sostener que se trató de una compra ordinaria y no de una operación vulnerable a observaciones administrativas o incluso sanciones mayores.
Para Xochimilco, el expediente llega en un momento particularmente sensible. La alcaldía gobierna una de las demarcaciones con mayor escrutinio por su valor ambiental, territorial y político, donde la percepción sobre el manejo de recursos públicos incide de manera directa en la credibilidad de la autoridad local. En ese entorno, la respuesta institucional ya no se limita a aclarar una compra: deberá explicar por qué se mantuvieron sin publicar documentos básicos y cómo se evitó que un gasto de esta dimensión quedara expuesto a sospechas desde su origen.
Por ahora, la investigación apenas comienza y no hay una resolución pública sobre responsabilidades. Pero el caso ya dejó en evidencia un punto central: en la administración capitalina, la falta de transparencia en adquisiciones relevantes puede activar con rapidez el escrutinio político y técnico. En un escenario de austeridad y vigilancia sobre el gasto, cada contrato sin sustento visible amplía el costo reputacional para la autoridad que lo firma.
