El nuevo aumento en el precio de los cigarros en México no solo golpea el bolsillo de quienes fuman; también reordena incentivos en toda la cadena del tabaco y vuelve a poner bajo presión a un mercado ya afectado por alzas previas, impuestos más altos y una creciente sensibilidad al precio. Que varias cajetillas de marcas conocidas hayan alcanzado hasta 110 pesos confirma que el ajuste no es marginal: en segmentos amplios del consumo cotidiano, el tabaco entra en una zona de costo que antes parecía reservada para presentaciones más selectas.
En el corto plazo, el efecto más visible será una contracción del consumo formal o, al menos, un cambio en la manera de comprar. Cuando un producto de uso repetido sube dos veces en el mismo año, el consumidor ajusta hábitos con rapidez: busca marcas más baratas, reduce frecuencia o se mueve hacia presentaciones sueltas. Esa reacción ya comenzó a verse en pequeños comercios, donde la demanda se desplaza hacia opciones económicas. Para el Estado, ese movimiento puede parecer funcional al objetivo sanitario del IEPS, porque eleva el costo de acceder al tabaco y refuerza el mensaje de desincentivo. Sin embargo, su eficacia depende de que el encarecimiento no empuje a una parte del mercado hacia canales informales.
Esa es la principal tensión de esta política. La evidencia de mercado descrita por comerciantes y organizaciones de pequeños negocios sugiere que el alza de precios ya está alimentando una búsqueda de sustitutos más baratos, incluidos cigarros sueltos y producto ilegal. Si el diferencial entre el precio formal y el ilegal se amplía demasiado, el impuesto pierde parte de su capacidad recaudatoria y de control sanitario. Además, el comercio de contrabando suele ofrecer menor trazabilidad, lo que complica la verificación de origen, composición y cumplimiento fiscal. La advertencia de Anpec sobre una mayor presencia de cigarros ilegales no debe leerse como una cifra oficial, pero sí como un indicador de presión en los canales minoristas.
Para los pequeños comercios, el impacto también es ambiguo. Por un lado, el encarecimiento puede reducir rotación en mostrador y obligar a ajustar inventarios en un segmento donde la decisión de compra es muy sensible al precio. Por otro, los establecimientos de barrio pueden capturar parte de la demanda que migra hacia formatos económicos o compra fraccionada. El problema es que esa aparente oportunidad comercial viene acompañada de mayor exposición a conflictos con clientes, a inspecciones y a riesgos reputacionales si el mercado ilegal gana espacio. El margen de ganancia, además, no necesariamente crece al mismo ritmo que el precio final, porque las listas sugeridas y la dispersión entre comercios impiden una estrategia uniforme de venta.
En términos fiscales, el ajuste del IEPS busca ampliar la recaudación y, al mismo tiempo, desincentivar un consumo que tiene costos sanitarios altos y ampliamente documentados. Esa lógica es consistente con la política de “impuestos saludables”, pero su éxito depende menos del aumento nominal que de la elasticidad del consumo. Si el fumador reduce su compra, el objetivo de salud pública se cumple aunque la recaudación no suba tanto como se esperaba. Si, en cambio, el aumento solo desplaza la demanda hacia opciones irregulares, la autoridad enfrenta un doble problema: menos control sobre lo que circula y menor capacidad para transformar el comportamiento del consumidor.
También hay un componente social menos visible. El alza impacta con más fuerza a quienes mantienen un consumo diario y tienen menor margen de ajuste presupuestario. En ese grupo, el tabaco compite con otros gastos esenciales y empuja decisiones de sustitución que no siempre son saludables ni deseables. La compra de productos más baratos, de menor calidad o fuera del canal formal no elimina el riesgo sanitario; en algunos casos lo multiplica. Por eso, el debate no debería limitarse a si el cigarro cuesta más o menos, sino a cómo se evita que el encarecimiento termine normalizando un mercado paralelo más difícil de vigilar.
La dispersión de precios entre establecimientos añade otra capa de incertidumbre. En un entorno donde una misma cajetilla puede costar distinto según la tienda, la presentación y la plaza, la percepción del consumidor sobre el “precio real” se vuelve inestable. Esa variabilidad puede incentivar compras de oportunidad, acopio o desplazamiento a zonas donde el producto sea más barato. También complica cualquier evaluación pública del impacto del IEPS, porque el dato observado en una tienda no necesariamente representa el patrón nacional. Sin una vigilancia más fina del mercado, las autoridades corren el riesgo de medir solo una parte del fenómeno.
De cara a los próximos meses, la discusión central estará en si el ajuste logra reducir consumo sin abrir una brecha mayor para el contrabando. Si la estrategia fiscal se acompaña de una supervisión efectiva del comercio informal y de campañas de salud bien focalizadas, el alza puede traducirse en menos exposición al tabaco y en una señal más clara sobre sus costos sociales. Si eso no ocurre, el aumento quedará como una presión adicional para el consumidor legal y como un incentivo para quienes operan fuera de la regulación. El desenlace dependerá menos del número exacto impreso en la cajetilla que de la capacidad del mercado y del Estado para absorber el cambio sin perder control sobre lo que se vende y cómo se vende.
