El Gobierno de la Ciudad de México instalará a partir del lunes 24 de agosto la Defensoría Social “Ponciano Arriaga” en la plancha del Zócalo, con el objetivo de acercar asesoría y defensa legal gratuita a personas que enfrentan conflictos jurídicos y no cuentan con representación especializada.
La estrategia contempla la presencia de 100 abogadas y abogados todos los lunes desde las 16:00 horas. El personal estará dividido en cinco grupos para evaluar cada caso y canalizarlo según la materia correspondiente, entre ellas derecho civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral.
Del diagnóstico al litigio
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, precisó que el programa no se limitará a orientar a los solicitantes o recibir trámites. Cuando el caso lo requiera, se asignarán litigantes para acompañar los procedimientos hasta su resolución. Ese alcance busca reducir una de las principales barreras para las familias con menos recursos: obtener asesoría inicial sin lograr después una defensa efectiva.
La atención tendrá como prioridad los conflictos relacionados con la propiedad y posesión de viviendas, especialmente los casos de despojo. El delito puede involucrar amenazas, documentos falsificados y abusos contra propietarios en situación de vulnerabilidad, por lo que la presencia de especialistas permitirá identificar con mayor rapidez la vía civil, penal o administrativa que corresponda.
Brugada afirmó que la administración mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a quienes intenten apropiarse ilegalmente del patrimonio ajeno. La instalación semanal en el centro político de la capital convierte el acceso a la justicia en un servicio visible y directo, aunque su eficacia dependerá de que el acompañamiento anunciado se traduzca en seguimiento continuo, representación adecuada y resultados verificables para las víctimas.
