La defensa de Mauricio Novelli pidió a la Cámara Federal que confirme la exclusión de cinco compradores de $LIBRA como querellantes en la causa que investiga el lanzamiento y posterior derrumbe del criptoactivo promocionado por Javier Milei en febrero de 2025. El planteo fue presentado por el abogado Daniel Rubinovich, en respuesta a las apelaciones de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo contra la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que los apartó del expediente.
El núcleo del debate no es menor: si esos inversores pueden ser considerados víctimas directas de una maniobra penal o si, como sostiene la defensa, sus pérdidas quedan dentro del riesgo propio de un mercado altamente especulativo y sin regulación estatal. En su memorial, Rubinovich afirmó que el derecho penal no castiga pérdidas especulativas ni decisiones financieras fallidas en ese tipo de entornos. También sostuvo que, para que exista estafa, debe acreditarse un engaño idóneo, un error derivado de ese engaño y una disposición patrimonial perjudicial causada por ambos extremos.
La disputa por la legitimación
La defensa añadió que la información relevante sobre $LIBRA estaba disponible públicamente en herramientas abiertas como SolScan, un argumento orientado a reforzar la idea de autorresponsabilidad de quienes operaron en un mercado descentralizado. Esa línea busca trasladar parte del análisis desde la supuesta maniobra hacia la conducta de los compradores, en un terreno donde la frontera entre inversión riesgosa y fraude penal sigue siendo discutida. La presentación también citó un documento de febrero de 2025 de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, según el cual las memecoins no constituyen securities bajo la ley federal estadounidense y suelen depender más de la especulación y la demanda social que de promesas jurídicas de rentabilidad.
En el mismo sentido, el escrito recordó advertencias de la Comisión Nacional de Valores sobre activos virtuales que no califican como negociables y que pueden perder todo su valor en muy poco tiempo. Esa batería de referencias apunta a sostener que el caso debe leerse en clave de riesgo asumido y no como un supuesto típico de estafa con víctimas fácilmente identificables. La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, deberá definir ahora si confirma la exclusión dispuesta por Martínez de Giorgi o si reincorpora a los querellantes.
La versión de los inversores
Del otro lado, Martín Romeo, con patrocinio del abogado Nicolás Ozsust, sostuvo que la oferta de $LIBRA fue una estafa planificada y cuestionó que la investigación se haya orientado a tratar el episodio como un simple problema de riesgo financiero. Afirmó que no se trató de una fluctuación normal, sino de un “rug pull” ejecutado mediante bots que operaron segundos antes de la difusión de información privilegiada. También denunció una maniobra con tráfico de influencias, infiltración en la Comisión Nacional de Valores y el uso de la figura presidencial para construir una confianza artificial sobre el activo.
La controversia refleja una tensión central en los casos vinculados con criptoactivos: cuando el valor se desploma tras una promoción de alto impacto, el análisis judicial debe determinar si hubo una operatoria ilícita con víctimas concretas o si se trató de un mercado de riesgo extremo en el que prima la asunción individual de pérdidas. Esa distinción tiene consecuencias procesales decisivas, porque define quién puede impulsar la acción penal y qué tipo de daño reconoce el expediente.
El caso se abrió tras la denuncia por el lanzamiento y promoción de $LIBRA, luego de que el 14 de febrero de 2025 Milei publicara en X un mensaje de apoyo al proyecto. El posteo incluyó un contrato para adquirir el token en Solana, con el supuesto objetivo de financiar iniciativas privadas argentinas mediante tecnología blockchain. El precio pasó de USD 0,01 a cerca de USD 5 y luego se desplomó por ventas atribuidas al equipo creador y a otros actores con presunta información privilegiada. Según la causa, esa secuencia permitió retirar alrededor de 100 millones de dólares desde pocas billeteras y dejó pérdidas para más de cuarenta mil compradores.
La imputación alcanzó a Kip Network, de Julián Peh, y a Kelsier Ventures, de Hayden Mark Davis, señaladas por su participación en la creación y lanzamiento de $LIBRA, y mencionó a Kip Protocol como representación local, con Mauricio Gaspar Novelli como responsable de su actividad. La hipótesis también sostuvo que Peh y Davis tuvieron contactos con Milei antes del lanzamiento, en octubre de 2024 y en enero de 2025. Con la discusión centrada ahora en la legitimidad de los querellantes, la Cámara deberá resolver si el proceso avanza con esas partes dentro del expediente o si queda restringido a la acusación pública y a otros actores con reconocimiento procesal.
