Cataluña fue en 2023 la comunidad autónoma de régimen común que más recursos recibió para financiar competencias singulares, con 450 euros por habitante y un total de 3.563 millones de euros, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La cifra contrasta con los ocho euros por habitante asignados a Castilla-La Mancha y supera ampliamente la media de 185 euros de las comunidades de régimen común. El estudio, elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, sitúa estas diferencias dentro de un sistema de valoración que, a su juicio, plantea problemas de equidad poco visibles para la ciudadanía.
La dotación catalana equivale a un índice de 243,4, casi dos veces y media la referencia media utilizada para el conjunto de comunidades de régimen común. Tras Cataluña aparecen Cantabria, con 320 euros por habitante, y La Rioja, con 318 euros. En el extremo contrario, además de Castilla-La Mancha, figuran Castilla y León, con nueve euros por habitante, y Extremadura, con 11 euros. Fedea vincula parte de estas distancias al hecho de que no todas las autonomías han asumido las mismas transferencias o competencias específicas.
8.319 millones para atribuciones no homogéneas
El informe cifra en 8.319 millones de euros el gasto total de 2023 en competencias singulares, entendidas como atribuciones que solo gestionan algunas comunidades. La partida de mayor peso es la policía autonómica catalana. Después figuran el personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, y la participación provincial en los ingresos del Estado, con 1.329 millones. También aparecen los fondos de normalización lingüística, que suman 813 millones; los hospitales provinciales, con 606 millones, y las instituciones penitenciarias de Cataluña, con 603 millones.
Fedea cuestiona que la financiación de estas materias se mantenga sobre la metodología del coste histórico. Según el documento, ese criterio da lugar a valoraciones “muy dispares e incoherentes” para un mismo servicio según el territorio en el que se preste. De la Fuente sostiene además que buena parte de estas diferencias pasa desapercibida porque el Ministerio de Hacienda no publica regularmente información detallada sobre la financiación de las competencias no homogéneas.
Brechas por servicios equivalentes
La comparación de la Administración de Justicia ilustra la disparidad señalada por Fedea. Esta competencia está transferida a diez comunidades, pero su financiación por habitante presenta un abanico superior a 80 puntos de índice. Asturias recibió 81,8 euros por habitante, frente a los 35,5 euros de Galicia y los 37,7 euros de la Comunidad Valenciana. El estudio considera difícilmente justificables diferencias de esta magnitud cuando se trata del mismo servicio.
La distancia es todavía mayor en la financiación de los profesores de religión. La aportación por alumno en edad escolar acumula desviaciones de más de 150 puntos de índice: Asturias encabeza la relación con 88,7 euros por estudiante, mientras Cataluña recibe 20 euros y Baleares, 29,2. En la valoración de las competencias provinciales también se registran diferencias destacadas, con 136 euros por habitante en Madrid y 367 euros en Extremadura.
