Desde mediados de enero las obras de reposición del colector sanitario y sustitución de tubería en el Paseo de la Rosita, en Torreón, han generado cierres parciales, polvo constante y desvíos que redujeron entre 40 y 80 por ciento las ventas de los comercios ubicados en el tramo comprendido entre Paseo de las Flores y Bulevar Diagonal de las Fuentes. La inversión anunciada ronda los 10 millones de pesos, pero retrasos por hundimientos y fugas han prolongado la afectación durante meses.
Comerciantes como Carlos Alberto López Martínez, con siete años operando un puesto de comida, reportan que el tránsito peatonal prácticamente desapareció. Antes, clientes llegaban de paso; ahora la calle cerrada y el polvo disuaden el acceso. Su estimación apunta a una baja de entre 40 y 50 por ciento. Una trabajadora de nevería observa el mismo patrón: en dos meses de labor, las ventas vespertinas cayeron entre 60 y 70 por ciento porque los automovilistas prefieren evitar las complicaciones de estacionamiento y rodeos.
Efectos estructurales sobre el comercio minorista local
El impacto no se limita a la reducción inmediata de ingresos. Los pequeños negocios de la zona operan con márgenes estrechos y dependen del flujo peatonal espontáneo. Cuando este flujo se interrumpe durante periodos prolongados, la pérdida de clientes habituales se vuelve difícil de recuperar incluso después de que concluyan las obras. Federico González Márquez, otro comerciante afectado, señala que las ventas descendieron hasta 80 por ciento y que las rentas mensuales siguen venciendo sin tregua. Esta dinámica genera un efecto multiplicador: proveedores locales también ven disminuidas sus entregas, y algunos empleados enfrentan reducción de horas o despidos silenciosos.
Un primer punto de análisis propio es que las obras de infraestructura urbana en zonas comerciales consolidadas suelen subestimar el costo de oportunidad para el tejido empresarial micro. En este caso, la ausencia de un programa de apoyo temporal —como exención parcial de impuestos prediales o campañas de promoción conjunta— convierte una intervención necesaria en un riesgo de supervivencia para varios establecimientos. La lógica de priorizar la obra sin mecanismos de mitigación económica refleja una planificación sectorial fragmentada que ignora la interdependencia entre vialidad y actividad productiva.
Perspectivas de actores involucrados y tensiones latentes
Los automovilistas que transitan obligadamente por la zona reportan inseguridad por hundimientos recurrentes y polvo que reduce visibilidad. Un cliente de 75 años ya sufrió una caída en el área intervenida, según relató González Márquez. Desde el punto de vista de la autoridad municipal saliente, la reposición del colector responde a necesidades sanitarias de largo plazo; sin embargo, la nueva administración enfrenta la presión de concluir tramos antes de abrir nuevos frentes, tal como solicitaron los comerciantes. La empresa constructora, por su parte, atribuye los retrasos a condiciones imprevistas del subsuelo, aunque los vecinos cuestionan la calidad inicial de los trabajos que dejaron fugas y provocaron nuevos hundimientos.
Un segundo ángulo original radica en la erosión de confianza institucional. Cuando los comerciantes perciben que las autoridades “los tienen olvidados” y que ninguna instancia asume responsabilidad por las pérdidas, se debilita la disposición futura a aceptar obras públicas sin resistencia. Esta desconfianza puede traducirse en mayor oposición vecinal a proyectos similares, elevando los costos políticos y administrativos de futuras intervenciones de infraestructura.
Riesgos acumulados y proyecciones de mediano plazo
El riesgo más inmediato es el cierre definitivo de negocios que ya operaban al límite. Si las ventas permanecen deprimidas durante otro trimestre, algunos locales podrían no cubrir renta ni nómina, generando vacíos comerciales que tardan años en repoblarse. Otro riesgo es la seguridad vial: cada nuevo hundimiento incrementa la probabilidad de accidentes, con posibles demandas contra el municipio o la constructora. En el mediano plazo, la falta de coordinación entre dependencias municipales y empresas concesionarias puede derivar en un patrón recurrente de obras mal programadas que castigan sistemáticamente a los comercios de proximidad.
Una tercera línea de reflexión apunta a la necesidad de modelos de compensación anticipada. Ciudades que han implementado fondos de mitigación comercial durante obras mayores logran reducir el impacto en ventas hasta en 30 puntos porcentuales respecto a casos sin apoyo. Aplicar esquemas similares en Torreón requeriría estimaciones previas del flujo peatonal y acuerdos con cámaras empresariales locales, pero evitaría la pérdida acumulada que hoy enfrentan estos comerciantes.
El caso del Paseo de la Rosita ilustra cómo una obra de saneamiento, aunque técnicamente justificada, puede convertirse en un factor de fragilidad económica cuando la planeación descuida las externalidades sobre el tejido comercial existente. La transición a la nueva administración municipal ofrece una ventana para corregir el rumbo, pero solo si se prioriza tanto la conclusión técnica de la obra como la recuperación del equilibrio económico de los negocios afectados.
