La Sociedad de Información Crediticia procederá en agosto de 2026 a la eliminación de diversos registros negativos contenidos en el Buró de Crédito. Esta acción se deriva directamente de los plazos establecidos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y afectará a aquellos adeudos que alcancen la antigüedad requerida para su depuración automática.
La medida no implica la condonación de obligaciones financieras. Los acreedores conservan el derecho de exigir el pago de las cantidades adeudadas, aunque estas dejen de figurar en las consultas que realizan otras instituciones financieras. El historial crediticio se actualiza con el objetivo de reflejar solo información vigente conforme a los límites temporales definidos por la legislación.
Plazos establecidos por la ley
La normativa distingue entre montos adeudados para fijar los periodos durante los cuales los registros negativos permanecen visibles. Adeudos inferiores a 25 unidades de inversión se eliminan tras un año; aquellos que oscilan entre 25 y 500 unidades requieren dos años; y los superiores a 500 unidades se conservan durante siete años. Una vez transcurridos estos intervalos, la Sociedad de Información Crediticia está obligada a retirar la información de su base de datos.
Este mecanismo busca equilibrar el derecho de las personas a reiniciar su historial crediticio con la necesidad de las instituciones de contar con datos actualizados sobre el comportamiento de pago. La depuración automática no altera la validez jurídica de las deudas ni interrumpe los procesos de cobro que los acreedores puedan mantener en curso.
Alcance de la depuración
Únicamente desaparecerán los registros que cumplan estrictamente con los plazos mencionados al momento de la actualización programada para agosto de 2026. Quienes mantengan adeudos más recientes continuarán con la información visible hasta que se complete el tiempo establecido. La Condusef ha señalado que la eliminación de datos negativos no equivale a una mejora automática en la calificación crediticia, ya que las entidades financieras evalúan múltiples factores adicionales.
El proceso de depuración se limita a la base de datos consultada por bancos y otras instituciones. Las obligaciones contractuales originales permanecen intactas y pueden ser objeto de acciones legales o de negociación directa entre deudor y acreedor.
Recomendaciones de la Condusef
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aconseja a los usuarios revisar periódicamente su historial crediticio a través de los reportes anuales gratuitos que ofrece la Sociedad de Información Crediticia. Asimismo, sugiere establecer presupuestos realistas, priorizar el pago de obligaciones vigentes y evitar la contratación de nuevos créditos mientras se regulariza la situación financiera.
Estas prácticas contribuyen a reconstruir gradualmente la confianza de las instituciones prestamistas. La Condusef enfatiza que la transparencia en el manejo de las finanzas personales representa el factor más efectivo para mejorar las condiciones de acceso al crédito futuro.
Implicaciones para usuarios y sector financiero
La eliminación de registros antiguos puede facilitar el acceso a nuevos financiamientos para personas que han logrado estabilizar sus finanzas tras periodos de dificultad. Sin embargo, las entidades crediticias ajustarán sus modelos de riesgo para compensar la menor visibilidad de ciertos comportamientos pasados. Esto podría traducirse en requisitos adicionales de información o en tasas diferenciadas según el perfil actual del solicitante.
Desde la perspectiva del sistema financiero, la depuración periódica contribuye a mantener bases de datos más precisas y reduce el riesgo de decisiones basadas en información obsoleta. Al mismo tiempo, exige que las instituciones refuercen sus propios sistemas de seguimiento de cartera para preservar la calidad de los préstamos otorgados.
Especialistas del sector consideran que la medida refuerza el principio de temporalidad de la información crediticia negativa, presente en la mayoría de las legislaciones comparadas. La experiencia internacional muestra que plazos razonables de conservación de datos favorecen la reinserción financiera sin comprometer la estabilidad del sistema.
