Bolivia celebrará este jueves 201 años de independencia en un escenario marcado por la reorganización del Estado, cambios en el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y una crisis económica que se prolonga desde 2023. Los actos centrales tendrán lugar en Sucre, capital constitucional y sede del Órgano Judicial, donde se espera que el mandatario exponga ante el Parlamento un balance de sus primeros nueve meses de gestión y defina las prioridades de la nueva etapa.
La sesión de honor se realizará en la Casa de la Libertad, el edificio histórico en el que Bolivia nació como república tras declarar su independencia de España en 1825. Paz cumplirá nueve meses en la Presidencia el próximo 8 de agosto, dos días después de la celebración nacional, en un momento en que su administración busca combinar medidas de austeridad con reformas destinadas a estabilizar las finanzas y recuperar la inversión.
Una celebración atravesada por la reorganización estatal
El anuncio más reciente del Ejecutivo fue la reducción del número de ministerios, de catorce a doce. La decisión contempla la eliminación de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía. El Gobierno sostiene que la nueva estructura permitirá reducir la burocracia, mejorar la eficiencia y aprovechar con mayor rigor un presupuesto público limitado por la crisis.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el diseño responde a la necesidad de aplicar austeridad y concentrar recursos en las áreas consideradas prioritarias. La medida, sin embargo, generó críticas entre operadores turísticos, que interpretan la sustitución del ministerio por una agencia nacional como una pérdida de jerarquía institucional para el sector. Promotores culturales también cuestionaron que las culturas no aparezcan con el mismo rango en la nueva arquitectura gubernamental.
Las objeciones reflejan uno de los principales dilemas de la reforma: la reducción administrativa puede aliviar costos y simplificar decisiones, pero también puede debilitar la capacidad del Estado para diseñar políticas sectoriales. El resultado dependerá de si las nuevas agencias conservan presupuesto, personal especializado y capacidad de coordinación, elementos que todavía no han sido detallados públicamente por el Ejecutivo.
Cambios en el gabinete y una alianza bajo tensión
Paz también introdujo modificaciones en los ministerios de Relaciones Exteriores y de la Presidencia. En este último caso, anunció que José Luis Lupo, hasta ahora titular de la cartera, fue propuesto como embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos. Lupo había sido candidato a la Vicepresidencia junto al empresario Samuel Doria Medina, quien el domingo comunicó que retiraba su respaldo al Gobierno.
Doria Medina justificó su decisión por la preocupación ante posibles hechos de corrupción y por la falta de un cambio “integral” en determinadas áreas del Estado. La ruptura introduce incertidumbre sobre el respaldo político con el que contará Paz en el Legislativo, especialmente para aprobar reformas económicas y nuevas leyes destinadas a los sectores de hidrocarburos, energía y atracción de inversiones.
Lupo aseguró que aceptó integrar el gabinete “a título personal” y que mantiene un compromiso con el país. El presidente valoró esa posición al confirmar su postulación diplomática. No está claro, no obstante, si la designación permitirá preservar algún canal de entendimiento con el sector político de Doria Medina o si profundizará el distanciamiento entre ambos dirigentes.
El acuerdo con el FMI llega al Parlamento
Entre los asuntos que requerirán apoyo legislativo figura el acuerdo anunciado la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional para un programa técnico de 1.900 millones de dólares. El pacto aún debe ser aprobado por el directorio del organismo y por el Parlamento boliviano. Su eventual puesta en marcha respaldaría las reformas del Ejecutivo y proporcionaría recursos para enfrentar las presiones fiscales, cambiarias y externas que afectan al país.
El acuerdo representa además el retorno del FMI a Bolivia después de dos décadas. Durante los Gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y de Luis Arce, entre 2020 y 2025, la relación con el organismo fue distante debido a diferencias ideológicas y a la preferencia por un modelo con mayor intervención estatal. El acercamiento impulsado por Paz supone un giro en la política económica y puede convertirse en una prueba para su capacidad de sostener decisiones impopulares.
La aprobación parlamentaria no está garantizada. La pérdida del respaldo de Doria Medina podría dificultar la construcción de mayorías, mientras que sectores opositores y organizaciones sociales podrían exigir condiciones sobre el uso de los fondos y el impacto de las reformas. El Gobierno tendrá que demostrar que el programa no se limita a obtener financiamiento, sino que forma parte de una estrategia viable para corregir desequilibrios sin trasladar de manera desproporcionada los costos a los hogares.
Combustibles, divisas y un crecimiento debilitado
Desde su llegada al poder, Paz ha promovido medidas para recuperar la economía, entre ellas el retiro de la subvención a los combustibles y la transición desde un régimen cambiario fijo hacia uno flexible. El tipo de cambio fijo estuvo vigente durante quince años, pero la escasez de dólares registrada desde 2023 favoreció la aparición de un mercado paralelo de divisas y aumentó la presión sobre las reservas y las importaciones.
La eliminación de los subsidios puede reducir el costo fiscal y limitar distorsiones en el mercado, aunque también tiende a elevar los precios del transporte y de numerosos productos. Por esa razón, su efecto político dependerá de la capacidad del Gobierno para contener la inflación, garantizar el abastecimiento y proteger a los sectores con menores ingresos. La flexibilización cambiaria, por su parte, busca acercar el valor oficial al de mercado, pero implica riesgos de encarecimiento y mayor incertidumbre mientras se normaliza la oferta de dólares.
Las autoridades sostienen que la economía mostró señales de recuperación durante el primer cuatrimestre del año. Ese repunte, sin embargo, se habría frenado por las protestas registradas entre mayo y junio contra las políticas del Gobierno. Las estimaciones oficiales apuntan ahora a una contracción de entre 0,7 % y 1 %, una previsión que contrasta con la necesidad de generar empleo, aumentar la recaudación y atraer capital privado.
En su mensaje por el aniversario, el presidente deberá presentar no solo los resultados de sus primeros nueve meses, sino también una explicación sobre cómo pretende equilibrar austeridad, estabilidad y gobernabilidad. La celebración en Sucre ofrecerá el marco institucional para ese balance, pero la eficacia de sus reformas dependerá de dos factores inmediatos: la aprobación legislativa del programa económico y la capacidad de reducir el impacto social de una crisis que todavía condiciona las decisiones del Estado.
