El Ayuntamiento de Puebla reportó la reparación de 183 mil 802 baches entre el 6 de febrero y el 5 de agosto de 2026, una cifra que da cuenta tanto de la magnitud del problema vial como de la presión política y social que enfrenta la administración municipal. Para estas labores se destinaron 128.6 millones de pesos mediante dos contratos de obra, lo que equivale a un costo promedio de aproximadamente 699.60 pesos por bache atendido.
El dato puede leerse como un avance operativo, pero también como una señal de deterioro acumulado. Reparar casi 184 mil desperfectos en seis meses significa intervenir, en promedio, más de mil puntos cada día si se consideran jornadas continuas. Esa intensidad no necesariamente implica que la ciudad esté resolviendo el problema de fondo: el bacheo corrige daños localizados, mientras que las causas estructurales suelen estar relacionadas con drenaje deficiente, lluvias, sobrecarga vehicular, envejecimiento del pavimento y aperturas realizadas por empresas de servicios.
El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, señaló que los trabajos se concentraron en 17 juntas auxiliares, la zona Centro y colonias como San José Mayorazgo, Infonavit Amalucan, Héroes de Puebla e Infonavit San Ramón. La distribución muestra que el problema no se limita a los corredores centrales o a las vialidades de mayor visibilidad. También afecta zonas periféricas y conjuntos habitacionales donde la movilidad cotidiana depende de calles que, en muchos casos, tienen menor capacidad de mantenimiento y menor presencia institucional.

Una ciudad acostumbrada a reparar después del daño
La preocupación de los habitantes de Puebla por los baches no es reciente. Desde hace años, los diagnósticos del INEGI han registrado la percepción negativa sobre el estado de las calles y la infraestructura urbana. La persistencia de esa percepción revela una brecha entre el número de intervenciones anunciadas y la experiencia cotidiana de los usuarios. Para un conductor, una calle no está “atendida” porque una cuadrilla haya cubierto un punto específico, sino cuando puede transitarla sin enfrentar daños recurrentes, desvíos o riesgos para su vehículo.
La diferencia entre reparar y conservar es central. El bacheo funciona como una intervención de respuesta rápida: permite reducir temporalmente un riesgo, restablecer la circulación y atender reportes ciudadanos. Sin embargo, cuando el pavimento que rodea el bache ya perdió capacidad estructural, la mezcla colocada puede desprenderse en poco tiempo. El agua se filtra por las grietas, el tránsito vuelve a ejercer presión y el mismo punto reaparece, a veces ampliado. En ese escenario, una administración puede elevar el número de baches reparados sin lograr una mejora proporcional en la calidad de la red vial.
El costo promedio informado, cercano a 700 pesos por bache, tampoco debe interpretarse de manera aislada. El monto puede incluir materiales, personal, maquinaria, señalización, traslado y supervisión, pero el resultado depende del tamaño y la profundidad de cada daño, del tipo de pavimento y de las condiciones del subsuelo. Dos baches contabilizados como unidades pueden requerir esfuerzos completamente distintos. Por eso, la evaluación pública tendría que incorporar indicadores como la superficie reparada, la duración de cada intervención, el número de reincidencias y el porcentaje de reportes resueltos dentro de un plazo determinado.
La mezcla en frío y la carrera por responder
La licitación de un nuevo contrato que incorporará cuadrillas con mezcla en frío apunta a una necesidad operativa concreta: atender con mayor rapidez los reportes de la ciudadanía. Este material puede almacenarse y utilizarse sin depender de un proceso de calentamiento equivalente al de la mezcla en caliente, lo que facilita intervenciones urgentes, especialmente en puntos aislados o durante periodos de lluvia. Su utilidad es evidente cuando el objetivo inmediato es reducir un peligro para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.
Pero la velocidad tiene que equilibrarse con la durabilidad. La mezcla en frío puede ser adecuada para reparaciones provisionales o de emergencia, aunque su desempeño depende de la preparación de la superficie, la compactación y el volumen de agua presente. Si se emplea como sustituto general de una rehabilitación profunda, el municipio podría enfrentar un ciclo de reparaciones repetidas: se atiende el reporte, el daño reaparece y vuelve a consumir recursos. La solución más eficiente no es necesariamente la que cubre más puntos en una semana, sino la que conserva cada reparación durante más tiempo.
La incorporación de cuadrillas también modifica la gestión de la información. Para que el nuevo esquema tenga efectos verificables, cada reporte debería contar con ubicación, fecha de atención, tipo de material empleado, dimensiones aproximadas y evidencia posterior. Un sistema de seguimiento permitiría distinguir entre un problema resuelto y uno simplemente cubierto. Además, ayudaría a identificar corredores donde la recurrencia es demasiado alta y donde resulta más conveniente reconstruir la carpeta asfáltica, corregir pendientes o renovar el drenaje.
El bache como síntoma de infraestructura vulnerable
La coordinación anunciada con la Secretaría de Servicios Públicos para atender también el alumbrado en las colonias intervenidas ofrece una oportunidad para trabajar con una lógica territorial. Cuando se abre una calle para reparar el pavimento, resulta razonable revisar al mismo tiempo luminarias, registros, banquetas y condiciones de seguridad. Hacerlo evita que distintas dependencias regresen meses después a la misma zona para ejecutar obras fragmentadas, con nuevos cierres y costos adicionales.
Las lluvias agregan una presión particular. El municipio mantiene en licitación la construcción de un muro de contención sobre la avenida Ávila Camacho, donde el agua provocó el socavamiento de la vialidad. Ese caso demuestra que no todos los daños pueden resolverse con asfalto. Cuando el terreno pierde soporte, colocar material en la superficie puede ocultar temporalmente el problema, pero no detiene la erosión. El mismo principio se aplica a calles donde los baches son consecuencia de fugas, drenajes obstruidos o escurrimientos mal canalizados.
También está prevista la rehabilitación de la calle Pino, en la junta auxiliar de La Resurrección, y la construcción de un puente vehicular en la calle Porfirio Díaz, en San Miguel Canoa. Estas obras pertenecen a una escala distinta del bacheo: requieren diseño, estudios, permisos, supervisión y una planeación presupuestaria de largo plazo. La coexistencia de ambos tipos de proyectos plantea un reto para el gobierno municipal, que debe evitar que la urgencia diaria absorba los recursos destinados a resolver puntos críticos de conectividad.
El crédito de 440 millones y la vigilancia ciudadana
El anuncio de que en agosto comenzará a utilizarse un préstamo de 440 millones de pesos contratado con Banco Santander introduce una dimensión financiera relevante. La información disponible no establece que todo ese financiamiento vaya a destinarse al bacheo, por lo que sería incorrecto presentar una relación automática entre el crédito y los 128.6 millones ya ejercidos en las reparaciones. Sin embargo, el uso del préstamo sí puede ampliar la capacidad municipal para ejecutar obras de infraestructura, siempre que exista una asignación clara y pública de los recursos.
El endeudamiento puede ser razonable cuando financia activos que tendrán una vida útil prolongada, como un puente, un muro de contención o una rehabilitación integral. Es más discutible cuando se utiliza para cubrir gastos recurrentes sin modificar las causas del deterioro. Si una parte del crédito se canaliza a mantenimiento superficial, el municipio tendrá que demostrar que esa decisión reduce costos futuros y no sólo posterga una intervención mayor. La diferencia entre inversión y gasto de emergencia depende, en buena medida, de la calidad del proyecto y de sus indicadores de desempeño.
La transparencia será determinante. Los contratos deberían permitir conocer qué empresas fueron seleccionadas, cuáles son sus obligaciones de calidad, cómo se calcularon los volúmenes de obra y qué sanciones aplican si las reparaciones fallan prematuramente. También sería necesario publicar avances por colonia o junta auxiliar, no únicamente cifras acumuladas. Un total elevado puede ocultar una distribución desigual: algunas zonas podrían recibir atención reiterada mientras otras permanecen fuera de las rutas principales de las cuadrillas.
Más allá de la cifra récord
El impacto social del programa puede medirse en términos que van más allá de la comodidad al conducir. Los baches aumentan el riesgo de caídas para motociclistas y ciclistas, dificultan el paso de ambulancias y transporte público, y encarecen la operación de taxis, repartidores y pequeños negocios que dependen de recorridos frecuentes. Para las familias con menores ingresos, una suspensión dañada o una llanta ponchada puede representar un gasto difícil de absorber. La infraestructura vial deficiente termina funcionando como un impuesto informal sobre la movilidad.
La respuesta municipal también influirá en la confianza pública. La ciudadanía suele evaluar la capacidad de un gobierno a partir de problemas visibles y repetitivos: una calle deteriorada se percibe todos los días, mientras que una licitación o un expediente técnico permanece fuera de la vista. Por ello, el ayuntamiento no sólo debe comunicar cuántos baches reparó, sino explicar cuáles permanecen pendientes, por qué se priorizaron determinadas zonas y cuánto tiempo se espera que dure cada solución.
El siguiente contrato será una prueba de gestión. Si la mezcla en frío permite reducir los tiempos de atención sin aumentar la reincidencia, el municipio contará con una herramienta útil para administrar la red vial. Si únicamente incrementa el número de reparaciones registradas, el resultado será estadístico, no urbano. Puebla necesita mantener la capacidad de respuesta inmediata, pero también convertir cada reporte recurrente en información para decidir dónde rehabilitar de manera integral. El desafío no consiste sólo en tapar más baches, sino en lograr que la ciudad deje de producirlos al mismo ritmo.
