Un cateo federal realizado en la comunidad de La Vega, en el municipio de Alfajayucan, Hidalgo, dejó como saldo el aseguramiento de alrededor de 4 mil 200 litros de hidrocarburo, además de dinero en efectivo, un vehículo y teléfonos celulares. La intervención fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una carpeta de investigación por el presunto almacenamiento y comercialización ilegal de combustible, una práctica que en los últimos años ha colocado a varias regiones del país bajo especial vigilancia por su vínculo con el robo y el trasiego irregular de energéticos.
La indagatoria y el origen de la denuncia
De acuerdo con la información disponible, la denuncia habría sido presentada por el representante legal de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que sitúa el caso dentro de una línea de seguimiento institucional que busca contener el mercado ilícito de combustibles y sus ramificaciones financieras. La intervención judicial no sólo apunta a verificar si el inmueble funcionaba como punto de resguardo del hidrocarburo, sino también a reconstruir la ruta de procedencia del producto y la posible red de distribución asociada.
Durante la diligencia, los agentes localizaron 23 contenedores; ocho de ellos contenían la sustancia señalada y el volumen conjunto fue estimado en alrededor de 4 mil 200 litros. El hallazgo sugiere una operación con capacidad logística suficiente para almacenar y mover combustible fuera de los canales legales, aunque la cifra exacta y la responsabilidad penal aún deberán ser confirmadas por el Ministerio Público Federal con base en peritajes y demás actos de investigación.
Dinero, vehículo y teléfonos bajo resguardo
Además del combustible, la autoridad aseguró 41 mil 376 pesos en efectivo, un automóvil y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo resguardo federal. Ese tipo de aseguramientos suele resultar relevante porque permite vincular el hallazgo material con posibles operaciones de compra, venta, comunicación y traslado de combustible; es decir, con indicios que pueden ayudar a identificar tanto a operadores como a posibles beneficiarios de la actividad ilícita.
En el despliegue participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y personal pericial de la FGR, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal. La coordinación entre corporaciones refleja la dimensión del problema: el combate al mercado ilegal de hidrocarburos ya no depende únicamente de una acción de policía local, sino de la capacidad de integrar inteligencia, resguardo territorial y procesamiento técnico de la evidencia.
Lo que sigue para el caso
Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias para establecer con precisión la procedencia del combustible y determinar si existen responsabilidades penales. En casos de esta naturaleza, el valor probatorio no reside sólo en la cantidad decomisada, sino en la capacidad de documentar la cadena de posesión, la infraestructura utilizada y la eventual participación de terceros, factores que definirán si el expediente avanza más allá del aseguramiento material.
