El Gobierno argentino puso en marcha un proceso de revisión integral del espacio aéreo con la creación de una Mesa de Trabajo Técnica destinada a modernizar la gestión del tránsito aéreo y mejorar la eficiencia operacional. La decisión fue adoptada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía mediante la Resolución 67/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un ámbito permanente de análisis con participación pública y privada.
El organismo deberá presentar sus recomendaciones antes del 1 de diciembre de 2027. Ese plazo marca que la iniciativa no apunta a una modificación inmediata de rutas o procedimientos, sino a una evaluación prolongada de la manera en que se organiza y utiliza el espacio aéreo argentino. El objetivo oficial es aumentar la capacidad del sistema, ordenar la circulación de aeronaves y disminuir demoras, sin alterar las condiciones exigidas para la seguridad operacional.
Una mesa amplia para revisar cómo funciona el sistema
La nueva estructura reunirá a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ambos organismos dependientes de la Secretaría de Transporte. También fueron convocadas la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), los explotadores aeroportuarios, las aerolíneas que operan en el país y otras entidades con competencia en la materia.
La composición de la mesa refleja que los principales problemas de capacidad no pueden resolverse únicamente desde la regulación estatal. La gestión del espacio aéreo involucra, al mismo tiempo, el diseño de rutas, la disponibilidad de pistas, los procedimientos de aproximación y salida, la coordinación con los aeropuertos y las necesidades operativas de las compañías. Una modificación que favorezca a un eslabón puede generar restricciones en otro si no se evalúa el sistema completo.
El desafío de ganar capacidad sin comprometer la seguridad
La resolución vincula la reorganización del tránsito aéreo con la posibilidad de habilitar un mayor número de operaciones aerocomerciales y aprovechar mejor la infraestructura aeroportuaria existente. Para el Gobierno, una provisión más eficiente de los servicios de tránsito aéreo podría mejorar la fluidez, la previsibilidad y la continuidad de los vuelos, además de reducir distancias innecesarias y tiempos de espera.
Sin embargo, la búsqueda de mayor capacidad tiene límites técnicos estrictos. La medida ordena estudiar las condiciones necesarias para evaluar eventuales reducciones en la separación entre aeronaves, pero aclara que cualquier alternativa deberá aplicarse bajo criterios de seguridad operacional. En la práctica, esto exige considerar factores como el tipo de aeronave, la densidad del tráfico, las condiciones meteorológicas, la cobertura de comunicaciones y vigilancia, y la capacidad de respuesta de los controladores.
Por esa razón, una disminución de demoras no dependerá solamente de permitir más vuelos. También será necesario mejorar la coordinación entre los centros de control, las terminales aéreas y las empresas, así como reducir los tiempos de ocupación de pista y anticipar con mayor precisión los picos de demanda. La eficiencia buscada es, en buena medida, una cuestión de sincronización operativa.
La toma de decisiones compartida gana espacio
Uno de los ejes de la iniciativa es la promoción de mecanismos de Toma de Decisión en Colaboración, conocidos como CDM. Estos esquemas permiten que autoridades aeronáuticas, aeropuertos, aerolíneas y proveedores de servicios intercambien información para administrar la capacidad disponible y responder de manera coordinada ante restricciones o cambios en la operación.
El valor de este enfoque está en desplazar parte de la gestión desde respuestas aisladas hacia decisiones anticipadas. Con datos compartidos sobre horarios, disponibilidad de puertas, condiciones meteorológicas, saturación de pistas y restricciones del espacio aéreo, los actores pueden ajustar sus planes antes de que una demora local se transforme en una cadena de cancelaciones o reprogramaciones. Para los pasajeros, el resultado potencial sería una operación más previsible; para las empresas, una utilización más eficiente de aeronaves y tripulaciones.
Procedimientos de vuelo y normas internacionales
La agenda técnica también incluirá el diseño de nuevos conceptos de espacio aéreo, la incorporación de procedimientos de navegación y la optimización de mecanismos vigentes. La resolución menciona expresamente la revisión de procedimientos de vuelo por instrumentos, entre ellos las aproximaciones IAC, las salidas normalizadas SID y las llegadas normalizadas STAR.
Estos procedimientos son relevantes porque determinan cómo las aeronaves ingresan, salen y se desplazan dentro de áreas de control, especialmente en aeropuertos con alta demanda o condiciones meteorológicas complejas. Su actualización puede contribuir a ordenar los flujos, acortar trayectorias y reducir conflictos entre operaciones, aunque requiere estudios de seguridad, validaciones técnicas y coordinación con las tripulaciones y los servicios de control.
El Gobierno también fundamentó la medida en el Código Aeronáutico, establecido por la Ley 17.285, que regula la actividad civil en el territorio argentino, el mar territorial, las aguas adyacentes y el espacio aéreo correspondiente. La resolución busca, además, armonizar el sistema nacional con las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una condición importante para sostener la interoperabilidad y la previsibilidad en las operaciones internacionales.
Un proceso de largo plazo, sin gasto presupuestario directo
La creación de la mesa no implica una erogación presupuestaria para el Estado nacional, según el texto oficial. Su impacto, por lo tanto, no se medirá inicialmente por una inversión específica, sino por la calidad de los diagnósticos y la viabilidad de las recomendaciones que se elaboren hasta 2027.
El principal desafío será convertir la participación de múltiples actores en decisiones concretas y técnicamente consistentes. La Argentina deberá definir prioridades, establecer indicadores para medir demoras y capacidad, y determinar qué cambios pueden implementarse con los recursos actuales y cuáles exigirían nuevas inversiones. Si la coordinación logra traducirse en procedimientos más eficientes, la revisión podría mejorar el funcionamiento cotidiano del sistema. Si queda limitada a un ámbito de intercambio sin ejecución posterior, sus efectos sobre la conectividad y la operación aérea serán modestos.
