La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero”, fue reprogramada para el 1 de marzo de 2027 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. La comparecencia estaba prevista para el 31 de agosto de 2026. El cambio prolonga el calendario del proceso, pero no modifica la declaración de culpabilidad que el acusado presentó en diciembre de 2025 ni determina por sí mismo la pena que deberá cumplir.
Guzmán López permanece bajo custodia federal de Estados Unidos desde su detención, en julio de 2024. Su caso se encuentra en una etapa posterior al reconocimiento de los cargos y anterior a la imposición formal de la sentencia. La jueza federal Sharon Johnson Coleman deberá establecer, en una fecha que todavía no ha quedado confirmada como definitiva, el castigo correspondiente conforme a las leyes aplicables y a los elementos presentados por la fiscalía y la defensa.
Una fecha que no equivale a la sentencia
La reprogramación debe interpretarse con cautela. Una audiencia previa a la sentencia permite revisar el avance del procedimiento, resolver asuntos pendientes y preparar la fase en la que el tribunal fijará la pena. No todas las comparecencias previas tienen como objetivo dictar sentencia, por lo que la fecha del 1 de marzo de 2027 no puede considerarse automáticamente el día en que Guzmán López conocerá su condena.
El Departamento de Justicia estadounidense había señalado que, cuando el acusado se declaró culpable, la jueza no había establecido todavía una fecha para dictar sentencia. Por esa razón, el nuevo señalamiento confirma una próxima actuación judicial, pero deja abiertas cuestiones relevantes: la duración exacta de la prisión, las condiciones del decomiso económico y el posible efecto de la cooperación de Guzmán López con las autoridades.
Los cargos admitidos y el rango de castigo
En diciembre de 2025, Guzmán López se declaró culpable de conspiración para distribuir sustancias controladas y de participación en una empresa criminal continua. De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos delitos contemplan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Ese rango legal no significa que la pena máxima vaya a imponerse. La sentencia dependerá de la evaluación judicial del acuerdo de culpabilidad, las leyes federales, las circunstancias del caso y los factores considerados durante el proceso. La declaración de culpabilidad elimina la necesidad de un juicio sobre esos cargos, pero no sustituye la determinación individualizada de la pena.
El acuerdo también incluye un decomiso económico de 80 millones de dólares, relacionado con las ganancias derivadas de las conductas reconocidas. Esta medida es distinta de la prisión: mientras el decomiso busca privar al acusado de bienes o beneficios vinculados con los delitos, la pena de cárcel constituye la sanción penal impuesta por el tribunal.
Las cantidades de droga descritas en el expediente
Como parte de su declaración, Guzmán López admitió haber participado en actividades de tráfico vinculadas con el Cártel de Sinaloa. El expediente presentado por las autoridades estadounidenses menciona una conspiración relacionada con el traslado y la distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y grandes cantidades de marihuana.
La información del Departamento de Justicia atribuye al caso más de 36 kilogramos de fentanilo, alrededor de 90 kilogramos de heroína, aproximadamente 450 kilogramos de cocaína, cerca de 45 kilogramos de metanfetamina y unos 90 mil kilogramos de marihuana. Esas cifras corresponden a hechos contemplados en el proceso penal y no deben presentarse como una medición completa de todas las operaciones atribuidas a la organización criminal.
La acusación también describe el uso de vehículos, trenes, túneles, aeronaves y embarcaciones para trasladar drogas y precursores químicos hacia México y posteriormente introducir sustancias en dirección a la frontera estadounidense. La referencia a esos métodos forma parte de los hechos reconocidos dentro del acuerdo, cuya valoración final corresponde a la corte.
La cooperación y el caso de Ismael Zambada
La documentación relacionada con la declaración de culpabilidad contempla un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el alcance y los beneficios concretos de esa colaboración todavía no se conocen. El gobierno de Estados Unidos indicó que no otorgó crédito de cooperación por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.
Guzmán López reconoció haber coordinado y participado en el traslado de Zambada con la expectativa de obtener un beneficio de las autoridades estadounidenses, según la información difundida por el Departamento de Justicia. El gobierno sostuvo, además, que Estados Unidos no indujo ni autorizó esa acción. Estos hechos están relacionados con la trayectoria del acusado, pero no deben confundirse con los dos cargos federales por los que se declaró culpable.
Ambos hombres fueron detenidos en julio de 2024 después de llegar a Estados Unidos en una aeronave privada. El episodio tuvo repercusiones dentro de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, aunque el procedimiento contra Guzmán López se centra formalmente en los delitos de narcotráfico y empresa criminal continua incluidos en su declaración.
El proceso de sus hermanos
La situación judicial de los otros hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán es distinta. Ovidio Guzmán López se declaró culpable en julio de 2025 de cargos federales de narcotráfico en Chicago y permanece bajo custodia mientras espera su sentencia. Su acuerdo resolvió acusaciones presentadas en Illinois y Nueva York, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar continúan acusados en Estados Unidos, pero no se encuentran bajo custodia estadounidense. Ambos tienen órdenes de arresto y enfrentan acusaciones en el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades ofrecen recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a sus arrestos y condenas.
Por ahora, el dato central del caso de Joaquín Guzmán López es que la audiencia de agosto fue aplazada hasta el 1 de marzo de 2027. El acusado ya aceptó responsabilidad por dos cargos federales, pero todavía no existe una sentencia definitiva que establezca cuántos años permanecerá en prisión ni cómo se aplicarán las consecuencias económicas previstas en el acuerdo.
