Una de cada diez familias de Córdoba percibe el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que desde su implantación en 2020 ha registrado un crecimiento constante de beneficiarios. La Asociación de Familias Necesitadas de Córdoba (Anfane) señala que la gestión actual presenta fallos estructurales que convierten la ayuda en un factor de desincentivo laboral para un número significativo de hogares, en lugar de servir como apoyo temporal durante la búsqueda de trabajo.
La responsable de tramitaciones en Anfane, Alejandra Ruiz, ha gestionado alrededor de cincuenta solicitudes en lo que va de año. Sus observaciones directas revelan que los retrasos y las resoluciones erróneas generan inseguridad jurídica y, en algunos casos, llevan a las familias a priorizar la permanencia en la prestación frente a la aceptación de empleos formales.
Problemas de gestión y plazos irregulares
Los expedientes revisados por Anfane muestran variaciones extremas en los tiempos de respuesta. Mientras algunas solicitudes se resuelven en tres o cuatro días, otras permanecen sin contestación durante diez meses. Esta disparidad se atribuye a revisiones deficientes de la documentación y a la exigencia reiterada de papeles ya presentados. El resultado es un sistema que penaliza tanto a quienes necesitan la ayuda con urgencia como a quienes, por error administrativo, reciben pagos indebidos que después deben reintegrar.
La Seguridad Social realiza comprobaciones de ingresos dos veces al año. Cuando detecta un exceso, no interrumpe el pago inmediato, sino que emite una reclamación posterior, a veces con uno o dos años de retraso. Esta mecánica deja a las familias sin información clara sobre su situación real y multiplica los casos que terminan en vía judicial o generan deudas prolongadas con Hacienda.
Impacto en la decisión de trabajar
Ruiz observa que un porcentaje notable de beneficiarios opta por rechazar ofertas laborales para evitar la suspensión de la prestación. El IMV se percibe, en estos casos, como un ingreso estable a largo plazo más que como un recurso transitorio. La abogada destaca que cada vez más jóvenes incorporan la ayuda como elemento definitivo de su economía doméstica, lo que reduce la presión para incorporarse al mercado laboral formal.
La posibilidad de combinar la prestación con trabajo no declarado aparece como estrategia para mantener el nivel de ingresos sin perder la ayuda. Esta práctica, según Anfane, se ha extendido entre quienes consideran que un empleo registrado supondría una pérdida neta de recursos una vez descontados los importes de la prestación.
Consecuencias para quienes tramitan sin apoyo
Las personas que presentan la solicitud de manera individual suelen desconocer las implicaciones futuras de una asignación incorrecta. Anfane gestiona también numerosas reclamaciones de devolución que afectan a familias que no fueron advertidas de los riesgos. Un caso reciente involucra a una beneficiaria que solicitó la suspensión tras contraer matrimonio, pero sigue recibiendo pagos meses después, lo que incrementa la deuda acumulada.
El aumento del volumen de solicitudes ha provocado una sobrecarga administrativa que multiplica los errores. Personas con necesidades acreditadas, como una joven con discapacidad neurológica que requiere silla de ruedas y carece de ingresos, ven denegadas sus peticiones por fallos en la comprobación de residencia. La corrección de estos errores exige nuevos trámites que prolongan la situación de vulnerabilidad.
La experiencia acumulada por Anfane indica que la ausencia de un límite temporal claro en la percepción del IMV favorece la consolidación de trayectorias dependientes de la prestación. Solo una minoría de los casos gestionados muestra una transición efectiva hacia el empleo estable. El resto tiende a prolongar la situación durante años, lo que cuestiona la eficacia del diseño actual como mecanismo de inserción laboral.
