El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, habría firmado un contrato con la firma de relaciones públicas Concord Hill Strategies para coordinar sus reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con una investigación de Forbes México. El acuerdo, firmado el 2 de abril, establece una relación de naturaleza estrictamente logística para organizar encuentros y acompañar el desarrollo de la comunicación con actores políticos y diplomáticos en Washington, sin intervenir en el contenido de los mensajes.
La revelación coloca bajo revisión una práctica cada vez más visible entre dirigentes políticos mexicanos que buscan abrir espacio en la agenda de autoridades estadounidenses en medio de tensiones políticas internas. En este caso, la información divulgada señala que Moreno paga 120 mil dólares mensuales por esos servicios, una suma que, al tipo de cambio citado por la publicación, equivale a 2 millones 96 mil 400 pesos. La cifra contrasta con el salario mensual que recibe como senador, de 126 mil 800 pesos, y abre preguntas sobre el origen, la justificación y el alcance político de ese gasto.
Viajes y contactos en Washington
De acuerdo con la investigación, Moreno ha viajado cinco veces a Washington DC durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su primera visita ocurrió en febrero de 2025, un mes antes de que Donald Trump asumiera su segundo periodo presidencial; después regresó en agosto del mismo año y posteriormente en febrero, mayo y a inicios de agosto de 2026. El patrón sugiere una estrategia sostenida de interlocución en la capital estadounidense, no una gestión aislada, lo que ayuda a explicar la necesidad de una firma especializada en relaciones públicas y logística política.
En esas visitas, el dirigente priista se ha reunido con legisladores republicanos y demócratas, además de funcionarios de la Organización de Estados Americanos, de la ONU y del gobierno de Trump. Ese abanico de interlocutores muestra que su agenda no se limita a un solo canal partidista, sino que busca mantener presencia en distintos espacios de influencia. En términos políticos, ese movimiento puede leerse como un intento de conservar margen de maniobra internacional, especialmente en un momento en que el PRI enfrenta desgaste electoral y presión interna por redefinir su papel en la oposición.
La versión del contrato
El documento citado por Forbes México precisa que Concord Hill Strategies no tendrá ningún rol en la dirección del contenido de la comunicación entre Moreno y los funcionarios en Estados Unidos. Su función, según la versión divulgada, se limita a coordinar la logística de las reuniones y puede incluso estar presente durante ellas con fines de coordinación. Esa cláusula es relevante porque intenta separar la gestión operativa de cualquier intervención política directa, aunque en la práctica la frontera entre logística y acceso político suele ser delgada cuando se trata de relaciones con gobiernos extranjeros.
El caso también se ha cruzado con la discusión pública en México sobre la relación de la oposición con Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado a sectores vinculados con el dirigente priista por actuar en contra del país, y el episodio alimenta esa confrontación discursiva. Al mismo tiempo, la contratación de una firma estadounidense no constituye por sí misma una irregularidad automática; sin embargo, sí obliga a precisar si la gestión responde a una agenda partidista legítima, a una labor de cabildeo político o a una combinación de ambas, un terreno que en México suele carecer de transparencia suficiente.
La exposición del contrato añade presión sobre Moreno en un contexto en el que ya enfrenta señalamientos políticos y una relación tensa con el oficialismo. Más allá del intercambio de acusaciones, el dato central es que un dirigente de partido y senador mexicano habría recurrido a una estructura profesional en Estados Unidos para sostener sus contactos con autoridades de ese país, pagando una suma muy superior a su salario legislativo. Ese contraste coloca el foco en la rendición de cuentas sobre agendas internacionales de actores políticos nacionales y en la necesidad de que ese tipo de vínculos quede claramente delimitado ante la opinión pública.
