El 1 de julio de 2026, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó durante su conferencia matutina en Ensenada un video manipulado con inteligencia artificial que la mostraba conversando con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. El material, creado con herramientas de IA, formaba parte de una serie de contenidos falsos que circulaban en redes sociales y que la mandataria pidió no difundir sin verificación previa.
Este episodio no surge de manera aislada. Desde 2022, México ha registrado un incremento sostenido en el uso de deepfakes con fines políticos y delictivos. En 2024, durante el proceso electoral federal, se detectaron al menos 47 videos falsos que buscaban desacreditar a candidatos de diferentes partidos, según datos del Instituto Nacional Electoral. La tecnología permite alterar rostros, voces y contextos en minutos, lo que reduce los costos y tiempos que antes requerían equipos profesionales de edición.
El caso de Baja California se suma a una tendencia regional. En 2025, la Ciudad de México reportó intentos de extorsión mediante audios falsos que imitaban la voz de familiares de víctimas, mientras que en Nuevo León se identificaron mensajes de texto generados por IA que suplantaban a empresas de paquetería para obtener datos bancarios. Estos ejemplos demuestran que la misma infraestructura tecnológica que permite crear entretenimiento de bajo costo también facilita fraudes masivos y campañas de desprestigio.
Antecedentes tecnológicos y normativos
Las herramientas de IA generativa accesibles al público general, como aquellas basadas en modelos de difusión y síntesis de voz, han democratizado la producción de contenido falso desde 2023. Antes de esa fecha, la creación de deepfakes exigía conocimientos avanzados de programación y hardware costoso. Hoy, cualquier persona con un teléfono puede generar un video convincente en menos de media hora. Esta accesibilidad explica por qué gobernadores y presidentes municipales han comenzado a enfrentar versiones manipuladas de sus intervenciones públicas con mayor frecuencia.
En paralelo, el gobierno federal ha anunciado desde finales de 2025 iniciativas para regular el uso de IA en la generación de contenido. La propuesta incluye la obligación de etiquetar material sintético y sanciones para quienes lo difundan con fines de daño reputacional o fraude. Sin embargo, la aplicación práctica enfrenta obstáculos: la velocidad de propagación en plataformas globales supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales, y la atribución de responsabilidad entre creadores, plataformas y usuarios sigue sin definirse con claridad.
Impacto en la confianza institucional
Cuando un video falso alcanza miles de reproducciones antes de ser desmentido, el daño a la credibilidad de las instituciones se acumula. Estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2025 mostraron que el 38 % de los encuestados en zonas urbanas admitió haber compartido contenido sin verificar su origen cuando este confirmaba sus prejuicios previos. Este comportamiento amplifica la polarización y debilita la capacidad de la ciudadanía para distinguir información verificada de manipulación.
A nivel electoral, el efecto es aún más directo. En procesos locales de 2025, candidatos reportaron que videos falsos sobre supuestos actos de corrupción redujeron su intención de voto entre un 4 y un 7 % según encuestas de seguimiento. Aunque la mayoría de esos materiales fueron retirados posteriormente, el impacto inicial ya se había consolidado en la percepción pública. La gobernadora de Baja California advirtió precisamente sobre este riesgo al señalar que muchos comparten el contenido por su carácter difamatorio, independientemente de su veracidad.
Efectos económicos y en la seguridad digital
Los fraudes que utilizan IA no se limitan a la política. La modalidad descrita por Ávila Olmeda, en la que se envían enlaces falsos de paquetería o comercios electrónicos, ha generado pérdidas estimadas en más de 1 200 millones de pesos durante 2025 según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Los atacantes aprovechan la familiaridad visual de las interfaces de Amazon o DHL para reducir la sospecha de las víctimas, lo que aumenta la tasa de éxito de los engaños.
Este tipo de delitos obliga a las empresas a invertir recursos adicionales en verificación de identidad y autenticación de dos factores, elevando los costos operativos que terminan trasladándose al consumidor. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas que dependen del comercio electrónico enfrentan mayor desconfianza por parte de clientes que ya han sido víctimas o han escuchado casos cercanos.
Perspectivas a largo plazo
La regulación que la presidenta ha impulsado podría establecer un precedente regional si logra equilibrar la libertad de expresión con la protección contra el daño deliberado. Países como Brasil y Argentina han avanzado en proyectos similares, aunque la aplicación transfronteriza sigue siendo compleja debido a que las plataformas operan desde jurisdicciones distintas. En México, el éxito dependerá de la capacidad para crear estándares técnicos de etiquetado que sean adoptados por las grandes tecnológicas y de la formación de unidades especializadas dentro de las fiscalías estatales.
Mientras tanto, la responsabilidad recae también en la ciudadanía. La verificación de fuentes, el cruce de información con medios establecidos y la pausa antes de compartir siguen siendo las herramientas más efectivas para contener la propagación de contenido falso. El caso de Baja California ilustra que, incluso cuando las autoridades actúan con rapidez, la primera línea de defensa sigue siendo el criterio individual de cada usuario.
