El consejero jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, Alejandro Rivero Huerta, dejó claro que la facultad para autorizar corridas de toros recae de manera exclusiva en el presidente municipal. Esta precisión surge en medio de la controversia generada por un documento difundido por el exsecretario de Gobierno que aparentemente concedía permiso para un evento taurino. La administración actual ha señalado que revisará la autenticidad de ese documento mientras avanza en la elaboración de un Reglamento de Seres Sintientes ya turnado al Cabildo.
El alcalde Abdiel Gutiérrez Coronado ha reiterado desde el inicio de su gestión en 2024 una postura favorable a los derechos de los animales y el diálogo abierto con organizaciones animalistas. Esta posición marca un cambio de tono respecto a administraciones anteriores que mantenían mayor apertura hacia los espectáculos taurinos tradicionales.
Impacto en la industria taurina regional
La decisión de concentrar la autorización en la figura del alcalde altera el equilibrio de poder dentro del ecosistema taurino de Baja California. Hasta ahora, los organizadores de eventos podían negociar con distintas instancias municipales o estatales. Al quedar claro que solo el presidente municipal puede otorgar el permiso, se genera un punto único de decisión que reduce la dispersión administrativa pero aumenta la exposición política del alcalde ante presiones de ambos bandos.
Productores de toros de lidia y empresas de espectáculos han invertido históricamente en infraestructura y crianza en la región. Un cambio en la política de permisos puede traducirse en cancelaciones de contratos, pérdida de empleos temporales y menor inversión en ganaderías especializadas. Datos del sector estiman que cada corrida genera entre 80 y 120 empleos directos durante la semana del evento, cifra que se multiplica cuando se consideran proveedores de transporte, hospedaje y alimentación.
Perspectivas de los grupos animalistas
Las organizaciones defensoras de animales ven en el nuevo Reglamento de Seres Sintientes una oportunidad para establecer límites más estrictos o incluso prohibiciones. Su estrategia ha consistido en mantener presión constante mediante protestas y recursos legales, como la audiencia reciente ante el Poder Judicial de la Federación. Esta vía judicial añade otra capa de complejidad porque puede extender los tiempos de resolución más allá de los periodos administrativos municipales.
Al mismo tiempo, los activistas reconocen que el diálogo abierto propuesto por el alcalde representa un avance respecto a administraciones que ignoraban sus demandas. La pregunta central es si este diálogo derivará en modificaciones sustantivas al reglamento o se limitará a ajustes menores que mantengan la posibilidad de corridas bajo condiciones más controladas.
Tres dinámicas que configuran el futuro inmediato
La primera dinámica radica en la revisión simultánea del reglamento taurino y del Reglamento de Seres Sintientes. Ambas iniciativas avanzan en el Cabildo y podrían generar contradicciones normativas si no se alinean. Una contradicción de este tipo abriría la puerta a impugnaciones judiciales que paralizarían los eventos por meses.
La segunda dinámica involucra el precedente que Tijuana podría sentar para otros municipios de Baja California y del norte del país. Si el alcalde decide negar permisos de manera sistemática, otros presidentes municipales podrían adoptar la misma postura, acelerando una tendencia de restricción que ya se observa en varias ciudades mexicanas.
La tercera dinámica se refiere al costo político. El alcalde ha privilegiado el diálogo con animalistas, pero una prohibición total podría generar descontento entre sectores que consideran las corridas parte de la identidad cultural regional. Este cálculo electoral influye en la velocidad y profundidad de cualquier cambio normativo.
Riesgos y escenarios probables
El principal riesgo institucional es la judicialización excesiva. Si tanto activistas como organizadores taurinos recurren sistemáticamente a amparos, el municipio podría enfrentar un desgaste administrativo y presupuestal considerable. Otro riesgo es la polarización social, que podría manifestarse en protestas más numerosas y confrontaciones en espacios públicos.
En términos económicos, la incertidumbre sobre la continuidad de los eventos ya afecta la planeación de ganaderías y empresas de espectáculos. Algunas han comenzado a explorar mercados alternativos en estados donde la regulación sigue siendo más permisiva.
De cara al mediano plazo, es razonable esperar que Tijuana establezca un marco más restrictivo que exija condiciones de bienestar animal más exigentes o limite el número anual de corridas. Este escenario intermedio permitiría mantener parte de la actividad económica mientras se atienden las demandas animalistas, aunque probablemente no satisfará a ninguno de los bandos de forma completa.
