El cultivo de agave atraviesa una etapa de expansión desordenada en varios estados del país, impulsada por la demanda de la industria tequilera y acompañada por un desplome severo en el precio de la materia prima, de acuerdo con lo expuesto en el foro “Situación actual de la producción del agave en México”. La discusión reunió a productores, especialistas y actores vinculados a la cadena agroindustrial, en un contexto en el que el sector mantiene un peso económico relevante, pero con beneficios distribuidos de manera desigual.
Según los participantes, la siembra se ha extendido en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Oaxaca, entre otras entidades, sin una planeación suficiente para equilibrar oferta, demanda y conservación del suelo. Esa expansión coincidió con una industria que genera ventas superiores a los 2 mil millones de dólares anuales y alrededor de 70 mil empleos; sin embargo, el dato central del foro fue que los campesinos siguen siendo el eslabón con menor capacidad de captura de valor. La cadena produce riqueza, pero no la distribuye en proporción al riesgo asumido por quienes cultivan.
El deterioro del precio del agave fue presentado como uno de los síntomas más visibles del desajuste. El kilogramo pasó de 35 pesos en 2022 a apenas un peso en 2026, una caída que contrasta con la escalada registrada en años previos, cuando subió de 17 pesos en 2017 a 30 pesos en 2021. La oscilación muestra un mercado altamente vulnerable a los ciclos de sobreproducción, en el que las decisiones de plantación tomadas hoy tardan varios años en madurar y, por tanto, en reflejar sus efectos reales sobre la oferta.
Una cadena con vacíos de regulación
Frente a ese escenario, en el foro se presentó una propuesta integral para crear la Ley de Aprovechamiento Sostenible del Agave. El planteamiento busca ordenar toda la cadena productiva, desde la siembra y el cultivo hasta la industrialización y comercialización de tequila, mezcal, sotol, bacanora, pulque y otras bebidas con denominación de origen o indicación geográfica. La iniciativa parte de una premisa central: el crecimiento del sector ya superó la capacidad de autorregulación de productores e industria, y requiere una arquitectura pública capaz de dar seguimiento a la superficie sembrada, a la trazabilidad y a la calidad del producto.
Entre las medidas expuestas destaca la facultad para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural coordine las políticas de desarrollo sostenible de la cadena del agave. También se plantea la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible del Agave como organismo público descentralizado, con una junta directiva integrada por las secretarías de Agricultura, Hacienda, Economía, Medio Ambiente y Bienestar, además de representantes de productores e industriales. La propuesta intenta resolver una debilidad estructural: hoy las decisiones productivas están dispersas entre actores con incentivos distintos y, en muchos casos, contrapuestos.
Control territorial y datos para decidir
La iniciativa incluye, además, la conformación de comités regionales de producción y calidad del agave, así como un Sistema Nacional de Información de la Agroindustria del Agave. Ese registro concentraría datos de productores, industriales, comercializadores, exportadores e importadores, con el objetivo de darle al Estado una base técnica para anticipar excedentes, detectar riesgos sanitarios y evitar nuevas caídas abruptas de precio. En un mercado de ciclos largos, la ausencia de información oportuna suele traducirse en decisiones desalineadas que terminan afectando sobre todo al productor primario.
Otro punto relevante es la creación de un Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Agave, orientado a impulsar innovación y competitividad, junto con un fondo de aportaciones tripartitas entre el Gobierno Federal, industriales y organizaciones de productores. El diseño sugiere que la solución no depende solo de restringir la siembra, sino de elevar productividad, diversificación y valor agregado. La discusión, en ese sentido, dejó ver que la crisis actual no es únicamente de precios, sino de gobernanza sectorial: cuando una agroindustria crece sin reglas claras, la rentabilidad puede concentrarse en la transformación y las pérdidas recaer en el campo.
El debate llega en un momento en que el agave mantiene una fuerte presencia económica y cultural en regiones del occidente y el sur del país. Su relevancia para bebidas emblemáticas y con denominación de origen hace que cualquier cambio regulatorio tenga efectos más allá de la agricultura, al tocar cadenas de exportación, empleo local y reputación internacional. La propuesta legislativa ahora tendrá que demostrar si puede equilibrar intereses productivos, ambientales y comerciales sin frenar una actividad que sigue siendo estratégica para México.
