Empresarios del sector carretero expresan creciente inquietud ante un adeudo acumulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que data de noviembre de 2025. El monto, que supera los compromisos contractuales de varios meses, afecta directamente a diez contratistas involucrados en esquemas de Asociación Público-Privada para conservación de carreteras. Entre las firmas figuran Hermes, Mota-Engil, Sacyr, ICA, Prodemex, IDINSA y GAMI.
Antecedentes de los contratos plurianuales
Durante el sexenio anterior se realizaron dos ajustes a los plazos de vencimiento de estos contratos con el objetivo de liberar liquidez destinada a caminos rurales en la Montaña de Guerrero. Esas renegociaciones, lideradas por el entonces secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, fueron aceptadas sin mayor resistencia por el mercado financiero. Sin embargo, la actual administración ha mantenido los pagos en suspenso, lo que ha dejado a las empresas sin recursos para cubrir sus obligaciones crediticias con Banorte, Banobras y Multiva.
Las compañías continúan prestando el servicio bajo los estándares de desempeño pactados, incluso durante la temporada de lluvias, pero advierten que la falta de flujo amenaza la sostenibilidad de las reservas destinadas al servicio de deuda. Directivos de la Dirección General de Conservación de Carreteras y de la Subsecretaría de Infraestructura no han respondido a las solicitudes de reunión.
Implicaciones para la meta de inversión mixta
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en marzo pasado la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. El objetivo declarado es alcanzar 5.6 billones de pesos mediante esquemas mixtos. No obstante, el incumplimiento de compromisos ya firmados genera escepticismo entre los participantes del mercado. Analistas del sector financiero señalan que la confianza de los acreedores depende de que el Estado mexicano honre primero los contratos vigentes antes de lanzar nuevas convocatorias.
El contraste con el tratamiento dado a otros proyectos APP, como la adquisición de hospitales a Prodemex y GIA, evidencia una aplicación diferenciada de las reglas presupuestarias. Esta percepción de discrecionalidad podría elevar el costo del capital para futuras licitaciones.
Oportunidades en la cadena farmacéutica
De manera paralela, el secretario de Economía Marcelo Ebrard ha confirmado avances en la integración de cadenas regionales de suministro de medicamentos e ingredientes farmacéuticos activos con Estados Unidos. México produce actualmente 82 APIs y busca ampliar esa capacidad aprovechando la relocalización de cadenas productivas. Las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense representan apenas 1 600 millones de dólares frente a importaciones totales de 240 mil millones, lo que deja un margen considerable de crecimiento.
Casos judiciales y percepción institucional
En el ámbito judicial, la Fiscalía General de la República detuvo a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. La detenida habría actuado como prestanombres en una estructura de triangulación financiera, según la investigación. Por otra parte, Irene León Escamilla reconoció en entrevista haber cometido fraude contra Grupo Herdez siguiendo instrucciones de Humberto Cavazos Chena, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de demandas laborales como mecanismo de extorsión.
Reflexión sobre liderazgo institucional
En este contexto de incertidumbre económica y tensiones institucionales, el libro “Del arte de navegar al arte de gobernar” de Carlos Requena propone analizar la gestión del riesgo a partir de la experiencia de los navegantes. El autor sostiene que los líderes efectivos no reaccionan de forma impulsiva, sino que convierten el cambio permanente en ventaja competitiva. La obra está dirigida tanto a servidores públicos como a directivos empresariales que enfrentan escenarios de alta complejidad.
El conjunto de estos desarrollos revela que el cumplimiento de obligaciones contractuales previas sigue siendo condición indispensable para atraer capital privado a gran escala. Mientras persistan los retrasos en pagos ya comprometidos, las metas de inversión mixta enfrentarán obstáculos de credibilidad difíciles de superar sin ajustes en la ejecución presupuestaria.
