La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones a 35 servidores públicos de 13 dependencias y tres empresas. Las medidas incluyen inhabilitaciones de hasta 15 años y multas solidarias por 70.4 millones de pesos, derivadas de 30 faltas graves y no graves resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la propia dependencia.
Tres casos concentran los montos más altos. En Seguridad Alimentaria Mexicana, tres funcionarios de la Unidad de Administración y Finanzas fueron inhabilitados por diez años por el pago de 13 mil cajas de fruta sin evidencia de entrega. Otras dos dependencias enfrentaron sanciones por 28.5 millones de pesos por 50 mil latas de sardina no recibidas en 2019.
Patrones recurrentes en licitaciones
En Pemex, cuatro funcionarios de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica recibieron inhabilitaciones de diez años por validar pagos de servicios de aeronaves nunca prestados entre 2017 y 2018. En el IMSS, un médico fue inhabilitado 15 años por omitir información sobre riesgos quirúrgicos a un paciente. En el ISSSTE, un funcionario recibió 30 días de suspensión por autorizar estimaciones de obra sin facultades legales, lo que generó pagos indebidos de 4 millones de pesos.
Estas resoluciones revelan fallas sistemáticas en la verificación de entregas y en la formalización de contratos. Las inhabilitaciones prolongadas y las sanciones económicas solidarias buscan disuadir prácticas que afectan directamente el gasto público en sectores estratégicos como alimentación, energía y salud.
