La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 2 de julio que la revisión anual del T-MEC no genera riesgos para la economía mexicana y que el peso mantiene su solidez frente al dólar, pese al anuncio estadounidense de modificar la periodicidad de las evaluaciones. El tipo de cambio actual, según la mandataria, resulta incluso más favorable que hace un año y responde a disciplina fiscal y confianza de inversionistas. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, añadió que el tratado seguirá impulsando producción regional y atrayendo inversiones al reducir dependencia externa.
Impacto en sectores exportadores y cadenas de suministro
La revisión anual introduce mayor frecuencia de escrutinio sobre capítulos laborales y ambientales, lo que afecta directamente a la industria automotriz y electrónica instalada en el norte de México. Empresas como las maquiladoras de Chihuahua y Baja California enfrentan auditorías más frecuentes que podrían elevar costos de cumplimiento. Datos del INEGI muestran que el sector automotriz representa 28% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos; cualquier endurecimiento de reglas de origen impactaría márgenes de utilidad en un rango estimado de 3 a 7 puntos porcentuales.
El cambio de periodicidad también altera la planeación de largo plazo. Anteriormente las revisiones cada seis años permitían ciclos de inversión de una década; ahora los actores deben ajustar modelos de negocio cada doce meses, lo que incrementa la prima de riesgo exigida por bancos y fondos de capital para proyectos nuevos en México.
Tres perspectivas analíticas sobre la estabilidad cambiaria
Primera, la aparente solidez del peso refleja más la debilidad relativa del dólar por datos de empleo estadounidense que un fortalecimiento estructural mexicano. La depreciación registrada tras el anuncio fue menor a 1.5%, pero el diferencial de tasas de interés entre ambos países se ha estrechado, reduciendo el carry trade que sostuvo al peso en 2024-2025. Segunda, la disciplina fiscal destacada por Sheinbaum choca con presiones de gasto social y subsidios energéticos que podrían erosionar superávit primarios si el crecimiento se desacelera. Tercera, la visión de Ebrard sobre atracción de inversiones por nearshoring asume que Estados Unidos mantendrá preferencia por México, cuando la administración estadounidense podría priorizar proveedores asiáticos aliados en sectores estratégicos como semiconductores.
Posturas de actores clave y tensiones latentes
Desde el gobierno mexicano la narrativa enfatiza certidumbre y continuidad. Sin embargo, sindicatos independientes y organizaciones laborales estadounidenses cuestionan que la revisión anual sea suficiente para garantizar salarios regionales de 16 dólares por hora, meta planteada en negociaciones paralelas. Por el lado empresarial, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos advierte que mayor frecuencia de revisiones genera incertidumbre contractual en contratos de largo plazo. Inversionistas institucionales, por su parte, monitorean el capítulo laboral: un incumplimiento podría activar paneles de solución de controversias que paralicen exportaciones específicas durante meses.
Riesgos y escenarios futuros
El principal riesgo radica en un deterioro de las relaciones bilaterales si México no avanza en temas laborales o ambientales al ritmo exigido por Washington. Un escenario plausible es que la revisión de 2026 derive en cuotas o aranceles sectoriales sobre acero y aluminio, replicando patrones de 2018. Otro riesgo es la volatilidad cambiaria: si el peso pierde el nivel de 18.50 por dólar, las importaciones de bienes intermedios se encarecerían, afectando inflación y poder adquisitivo. A mediano plazo, la combinación de revisiones anuales y objetivos de producción regional podría consolidar a México como plataforma de exportación, pero solo si se resuelven cuellos de botella en infraestructura energética y logística. De lo contrario, parte de la inversión nearshoring podría desviarse hacia Vietnam o India.
La administración Sheinbaum deberá equilibrar la defensa de la estabilidad macroeconómica con la necesidad de reformas internas que satisfagan los nuevos estándares del T-MEC. El margen de maniobra es estrecho: cualquier percepción de retroceso en cumplimiento laboral podría desencadenar represalias comerciales que anulen los beneficios actuales del tipo de cambio favorable.
