La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó durante su conferencia matutina del 10 de julio de 2026 una acusación directa contra el gobierno de Estados Unidos. Según su versión, una operación encubierta que involucró al Departamento de Justicia y a miembros del propio Cártel de Sinaloa provocó el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y, como consecuencia directa, el estallido de violencia interna en el estado. La mandataria sostuvo que la evidencia circunstancial apunta a una traición facilitada desde el extranjero sin notificación previa a las autoridades mexicanas.
La versión oficial mexicana subraya que los hechos no ocurrieron de manera fortuita. El traslado de Zambada en una avioneta hasta territorio estadounidense habría requerido coordinación logística que, de haberse compartido con México, habría permitido una detención soberana y evitado el conflicto fratricida posterior. Sheinbaum enfatizó que cualquier acuerdo bilateral con un grupo criminal frente a otro genera desequilibrios internos que terminan pagando la población civil y las instituciones locales.
La traición interna como detonante inmediato
El relato presidencial identifica un punto de quiebre claro: la alianza temporal entre un sector del cártel y agencias estadounidenses generó una percepción de traición entre las facciones rivales. Esta percepción activó represalias que se extendieron por varias semanas en municipios como Culiacán, Los Mochis y Guasave. Datos preliminares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal registran más de 180 homicidios vinculados directamente al reacomodo de poder tras la captura de Zambada.
El mecanismo es sencillo pero de alto costo: cuando un actor externo selecciona a un informante dentro de una organización criminal, el resto de la estructura interpreta el evento como una ruptura del equilibrio interno. En el caso de Sinaloa, esa ruptura se tradujo en enfrentamientos entre grupos que hasta entonces mantenían una tregua tácita para el control de rutas de trasiego hacia la frontera.
La lógica de la traición explica por qué la violencia no se limitó a ajustes de cuentas entre líderes, sino que se extendió a territorios de producción y almacenamiento. Comunidades rurales que dependen del cultivo de amapola y cannabis sufrieron desplazamientos internos y cierres de caminos, afectando el flujo de bienes básicos y el acceso a servicios de salud.
Impacto en la cooperación bilateral de seguridad
La exigencia de Sheinbaum de mayor coordinación sin politización toca un punto sensible de la relación México-Estados Unidos. Históricamente, las operaciones conjuntas han dependido de canales de inteligencia que operan con grados variables de transparencia. Cuando uno de los actores decide actuar de manera unilateral, el otro pierde capacidad de respuesta preventiva y, peor aún, pierde credibilidad frente a sus propias fuerzas estatales y municipales.
Los gobernadores de los 32 estados, independientemente de su filiación partidista, quedan en una posición incómoda. Por un lado, reciben presiones de Washington para compartir información operativa; por otro, enfrentan el reclamo de la federación de que cualquier negociación con grupos criminales debe pasar exclusivamente por canales oficiales mexicanos. Esta doble exigencia dificulta la toma de decisiones locales y genera vacíos que los cárteles aprovechan para consolidar lealtades territoriales.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde la óptica del gobierno mexicano, la prioridad es recuperar el control narrativo y operativo sobre las detenciones de alto perfil. La versión de que Zambada fue entregado por un miembro del cártel con apoyo estadounidense contradice la narrativa de captura fortuita que circularon autoridades norteamericanas en los días posteriores al evento. Esta contradicción alimenta la sospecha de que se omitió información clave para evitar que México reclamara jurisdicción.
Para las agencias estadounidenses, el cálculo es distinto. La captura de Zambada representa un triunfo en la lucha contra el tráfico de fentanilo, sustancia que ha causado decenas de miles de muertes anuales al norte de la frontera. Sin embargo, el costo de esa victoria se mide ahora en la fragmentación de una organización que, aunque criminal, funcionaba como un actor relativamente predecible en el mapa del narcotráfico mexicano.
Los grupos criminales rivales interpretan el episodio como una advertencia: cualquier negociación con autoridades extranjeras puede desencadenar represalias internas. Esta percepción refuerza la tendencia hacia estructuras más cerradas y menos propensas a aceptar infiltrados, lo que a su vez complica futuras operaciones de inteligencia tanto mexicanas como estadounidenses.
Riesgos de escalada y escenarios futuros
El primer riesgo evidente es la prolongación de la violencia en Sinaloa más allá del ajuste inicial de cuentas. Cuando una organización se fragmenta, las facciones emergentes compiten por el control de rutas, laboratorios y alianzas con proveedores de precursores químicos. Esta competencia suele durar entre doce y dieciocho meses antes de que se restablezca un nuevo equilibrio, periodo durante el cual las tasas de homicidio pueden duplicarse respecto a los promedios históricos del estado.
Un segundo riesgo radica en el deterioro de la confianza institucional entre ambos países. Si México percibe que las agencias estadounidenses priorizan resultados inmediatos sobre la soberanía del socio, los mecanismos de intercambio de información se volverán más restrictivos. La consecuencia práctica es que operaciones que requerirían coordinación transfronteriza se retrasarán o simplemente no se realizarán.
En el mediano plazo, la estrategia mexicana de insistir en la coordinación sin politización podría traducirse en la creación de protocolos formales que obliguen a notificar cualquier operación que involucre territorio mexicano antes de su ejecución. Tales protocolos, sin embargo, enfrentan resistencia en Washington, donde los tiempos electorales y las métricas de incautaciones suelen pesar más que las consideraciones de soberanía del vecino.
La población de Sinaloa, por su parte, observa cómo los ciclos de violencia se repiten con distinta intensidad según las decisiones que se tomen en oficinas alejadas de la entidad. La demanda de mayor transparencia sobre quién negocia con quién y bajo qué condiciones se ha convertido en un reclamo recurrente de organizaciones civiles locales que documentan desplazamientos y desapariciones vinculados a la disputa por el control del cártel.
El desenlace más probable en los próximos meses apunta a un endurecimiento temporal de la postura mexicana en foros bilaterales, acompañado de una reducción selectiva del flujo de inteligencia compartida. Esta postura podría ceder únicamente si Estados Unidos acepta mecanismos de verificación que garanticen que cualquier operación futura cuente con el conocimiento previo de las autoridades mexicanas competentes. Mientras tanto, la violencia derivada de la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa seguirá marcando el ritmo de la vida cotidiana en la entidad.
