La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el mercado laboral como uno de los principales resultados de su segundo informe de Gobierno: 60 millones de personas con empleo, una tasa de desempleo de 2.7% y un alza mensual de 86 mil 765 puestos formales al cierre de agosto. Bajo esa lectura, sostuvo que las y los trabajadores viven una “primavera laboral”, impulsada por el aumento del salario mínimo, la ampliación de derechos y la creación de empleo.
El salario, eje de la narrativa oficial
El dato más contundente expuesto por la mandataria es la recuperación del salario mínimo. De dos mil 800 pesos mensuales en 2018, pasó a nueve mil 582 pesos en 2026, un aumento real de 154%, según el Gobierno federal. En la frontera norte, donde opera una política salarial diferenciada, el mínimo llegó a 13 mil 409 pesos mensuales; el salario promedio de la economía formal, añadió, se ubicó en 20 mil 212 pesos.
El alcance político de estas cifras va más allá de la nómina. Para el Gobierno, recuperar el poder adquisitivo busca revertir décadas en las que los ajustes salariales quedaron por debajo de las necesidades de los hogares. Sheinbaum vinculó esa estrategia con una visión en la que el Estado tiene una función rectora en el desarrollo económico: el crecimiento, planteó, debe traducirse en ingresos y bienestar para las familias, no únicamente en ganancias o indicadores macroeconómicos.
Los nuevos derechos amplían la definición de empleo
La exposición presidencial también incluyó cambios legales y regulatorios que buscan incorporar a sectores antes colocados en zonas grises de protección. Las personas trabajadoras de plataformas digitales, afirmó Sheinbaum, ya cuentan con acceso al Seguro Social y al reparto de utilidades. Asimismo, el sello laboral previsto para las exportaciones agropecuarias comenzará a operar en septiembre con el objetivo de garantizar salario y seguridad social a jornaleras y jornaleros.
A ello se suma la reforma aprobada para reducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030. La medida introduce una transformación relevante porque modifica no sólo el nivel de ingreso, sino el tiempo disponible fuera del trabajo. Su efecto, sin embargo, dependerá de las reglas de implementación, de la vigilancia sobre las horas extras y de la capacidad de pequeñas y medianas empresas para reorganizar sus operaciones sin trasladar el costo a la contratación o a la informalidad.
La baja desocupación no resuelve la precariedad
El punto de mayor contraste provino del académico Marcos del Rosario, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Reconoció que los indicadores de empleo y desempleo son positivos, pero advirtió que deben leerse junto con una informalidad laboral superior a 50%. Su observación es central: una persona puede estar ocupada y, al mismo tiempo, carecer de contrato, estabilidad, cobertura médica, ahorro para el retiro o protección frente a un accidente laboral.
La tasa de desempleo mide cuántas personas buscan trabajo sin encontrarlo, pero no distingue por sí misma la calidad de la ocupación conseguida. Por eso, la creación de 86 mil 765 plazas formales en un mes es una señal favorable, aunque no basta para describir todo el mercado de trabajo. La evaluación más completa exige observar cuántas personas salen de la informalidad, cuánto duran los empleos creados, qué salarios pagan y si los nuevos derechos llegan efectivamente a quienes laboran en plataformas, el campo o negocios de menor escala.
La estabilidad externa pondrá a prueba los resultados
Sheinbaum sostuvo que la economía mexicana permanece estable pese a los aranceles estadounidenses sobre vehículos, acero, aluminio y derivados, además de la guerra en Irán y el aumento internacional del petróleo. Esos factores importan porque pueden encarecer insumos, afectar exportaciones y presionar los precios internos. Un mercado laboral sólido requiere que los avances salariales no sean absorbidos por la inflación ni por una desaceleración de la inversión.
Del Rosario también cuestionó la falta de información precisa sobre la permanencia presupuestal de los programas sociales, uno de los pilares del discurso oficial contra la pobreza. El desafío de fondo consiste en sostener transferencias y derechos laborales sin deteriorar las finanzas públicas, mientras se generan empleos productivos y formales. La “primavera laboral” que describe el Gobierno tiene bases verificables en salarios y reformas; su consolidación dependerá de que esos avances reduzcan la informalidad, resistan el entorno externo y se conviertan en seguridad económica duradera para las personas trabajadoras.
