La reducción de casi 90 % en el número de adolescentes internados por delitos en Baja California durante los últimos 16 años representa un cambio estructural que va más allá de las cifras. Mientras en 2010 cerca de 600 menores cumplían medidas de internamiento, hoy apenas superan los 40 en todo el estado. Este descenso obliga a examinar tanto los avances logrados como las posibles consecuencias no deseadas que podrían surgir en los próximos años.
El magistrado Álvaro Castilla Gracia atribuye la baja a un mayor despliegue policial, mayor organización institucional y políticas de seguridad más estrictas. Sin embargo, la misma explicación abre interrogantes sobre si el fenómeno refleja una disminución real de la conducta delictiva o un desplazamiento hacia formas de criminalidad menos detectadas.
Efectos en el sistema de justicia y la reinserción
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente desde 2016, ha permitido que los casos se resuelvan con énfasis en tratamiento y educación en lugar de castigo. Los programas que ocupan de las 7:00 a las 19:00 horas buscan reducir la reincidencia mediante terapia psicológica, escolaridad y talleres. Cuando estos recursos se aplican a una población tan reducida, la atención individualizada puede mejorar los resultados de reinserción.
No obstante, la baja cantidad de internos también reduce la visibilidad presupuestaria de los centros. Si las autoridades interpretan que el problema ha disminuido, existe el riesgo de recortes en personal especializado o en programas de seguimiento post-egreso. Sin un monitoreo constante, los jóvenes que regresan a sus comunidades podrían enfrentar las mismas carencias familiares que originaron su conducta delictiva.
Consecuencias para las familias y la percepción social
El magistrado señala que en el 90 % de los casos existe falta de atención parental y ausencia de límites claros en el hogar. La reducción de internamientos podría interpretarse como una señal de que las familias han mejorado sus prácticas de crianza. Sin embargo, también puede significar que muchos conflictos se resuelven ahora fuera del sistema formal, mediante acuerdos informales o simple omisión de denuncias.
Si los padres continúan justificando conductas delictivas de sus hijos, la disminución de casos judicializados no resolverá la raíz del problema. Por el contrario, podría generar una falsa sensación de seguridad que retrase intervenciones preventivas en las escuelas y comunidades más vulnerables de Tijuana y Mexicali, donde se concentra el mayor número de casos.
Riesgos de subregistro y desplazamiento delictivo
Una de las incertidumbres más relevantes radica en la persistente creencia social de que los menores no pueden ser juzgados. Esta percepción, aún presente a casi una década de la reforma, puede inhibir denuncias cuando las víctimas son adultos o comercios. Si las denuncias disminuyen por desinformación, las estadísticas oficiales reflejarán una baja que no corresponde a la realidad delictiva.
Además, el endurecimiento de la presencia policial puede desplazar la actividad delictiva hacia modalidades menos visibles, como el uso de redes sociales para extorsión o el reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado. Los adolescentes que antes cometían robos simples podrían ahora involucrarse en actividades del fuero federal con mayor riesgo y menor probabilidad de detección temprana.
Implicaciones para la política pública futura
El éxito aparente de las políticas de seguridad en Baja California ofrece un argumento para replicar estrategias similares en otras entidades. Sin embargo, el modelo actual depende de que los centros mantengan capacidad suficiente para atender casos complejos cuando estos reaparezcan. Una reducción drástica del personal o de los programas de seguimiento podría generar un efecto rebote en los próximos cinco a diez años.
La distribución geográfica actual, con Tijuana y Mexicali concentrando la mayoría de los casos, también exige políticas diferenciadas. Si los recursos se concentran únicamente en los municipios con mayor incidencia histórica, las zonas intermedias podrían quedar desatendidas y convertirse en nuevos focos de reclutamiento juvenil.
En conjunto, la caída de internamientos representa un logro institucional que debe evaluarse con datos longitudinales sobre reincidencia, denuncias no formalizadas y condiciones familiares. Solo así será posible determinar si la disminución refleja una transformación real o simplemente una nueva configuración de riesgos que aún no se manifiesta plenamente en las estadísticas.
